La nación venezolana se militariza
La Policía Militar arroja bombas lacrimógenas y perdigones a pacíficos manifiestantes mientras, detrás de alambres de púas, tanquetas del ejército vigilan a miles de personas que agitan sus banderas y hacen sonar sus cacerolas; barcos de la petrolera PDVSA y de la marina mercante son ocupados por tropas de choque que vejan y detienen a sus tripulaciones; los campamentos petroleros son asaltados por las fuerzas armadas mientras el comandante del ejército afirma que no aceptará los fallos del Tribunal Supremo que vayan en contra del gobierno; hasta el Presidente del Congreso, como muchos ministros y altos funcionarios, son militares retirados, amigos del presidente que participaron en la sangrienta intentona golpista que fracasó el 4 de febrero de 1992. ¿Está cayendo Venezuela bajo una dictadura militar, dirigida por un caudillo de izquierda impotente para gobernar el país por otros medios?
La respuesta es afirmativa, pero sólo en parte. Es cierto que, de los muchos apoyos que tenía, a Chávez sólo le queda ahora un escuálido porcentaje de la población y la lealtad de unas fuerzas armadas que se encargó de purgar y poner a su servicio durante los cuatro años que ya lleva en el poder. Pero es cierto también, y hay que decirlo para no caer en exageraciones, que no hay líderes opositores presos, que los medios de comunicación todavía transmiten sin restricciones y que el gobierno hasta ahora se ha negado a utilizar el estado de excepción para controlar las gigantescas protestas. Chávez no es en la práctica un dictador, lo que confunde a muchos en el extranjero, pero no lo es por razones muy distintas a las que la benevolencia de muchos imagina.
El problema del gobierno, en los hechos, es que no es reconocido como legítimo por un porcentaje abrumador de los ciudadanos, probablemente muy cercano al 75% de la población: no se trata de una simple oposición, como la que hay en todos los países democráticos del mundo, ni lo importante en esta afirmación es el número, la cantidad de quienes no lo aceptan, que según diferentes encuestas puede variar un poco alrededor de esa cifra. Lo que cuenta es la decisión de millones de personas que no se quieren dejar avasallar, que enfrentan cada medida del gobierno, que repudian las mentiras oficiales y los intentos que se hacen por imponer en el país una revolución similar a la cubana.
Los venezolanos se han opuesto, en los últimos dos años, al control estatal de las escuelas privadas y al uso de la educación como herramienta ideológica del régimen. Han recusado la burda maniobra con la que se trató de controlar a los sindicatos obreros -hoy parte fundamental de la lucha- y los decretos con fuerza de ley con los que se pretendían imponer las expropiaciones de tierras y legitimar las invasiones a terrenos y fincas. Se han alzado contra los insultos a la Iglesia, contra el intento de apoderarse de los medios de comunicación y contra la corrupción descarada que hoy impera.
Chávez ha tratado una y mil veces de imponer su dictadura, lo sigue haciedo ahora, pero no ha podido superar la resistencia de un número creciente de ciudadanos, cada vez más conscientes, cada vez más decididos. Por eso no puede decretar medidas de emergencia, porque sabe que nadie las acataría y tendría que apelar al uso descarnado de la violencia con unos militares que, aunque sumisos, podrían dejar de serle fieles más allá de cierto punto. Por eso se niega obstinadamente a aceptar cualquier forma de consulta electoral que es lo que ahora reclama la mayoría. Por eso utiliza el recurso de sus bandas de alborotadores, a veces armados, que actúan como fuerzas de choque cada vez que se las convoca... y se les paga.
Por todas estas razones Chávez no puede triunfar y el paro cívico, aunque impone fuertes costos a la población y al país, continúa y hasta cobra más fuerzas por momentos. De nada le valdrá al impotente caudillo militarizar cada vez más al país: con eso sólo irá desenmascarándose ante la opinión pública internacional y debilitando a un ejército que, muy probablemente, tenga que pagar pronto por los actos de barbarie de los que es responsable.
* Corresponsal de la agencia AIPE
(c) www.aipenet.com
Artículo 24: Las sociedades administradoras de los Aeropuertos y Aeródromos garantizarán el espacio físico necesario para que la Autoridad Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migración y Naturalización, Cuarentena Agropecuaria, la Policía Nacional y demás estamentos que deban mantener presencia en los Aeropuertos o Aeródromos puedan ejercer adecuadamente sus funciones.
Artículo 27: Para garantizar los recursos que permitan el desarrollo del sector aeronáutico, créase el "Fondo Especial para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica Nacional", el cual se conformará con un aporte anual, entregado por la sociedad administradora del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuya cifra determinará el Consejo de Gabinete con fundamento en un estudio económico-financiero. La misma se revisará cada cinco años. Este fondo también lo conformará el aporte de las otras sociedades administradoras que se establezcan por Decreto del Organo Ejecutivo, en el futuro y se destinará exclusivamente a gastos de inversión en Aeropuertos y Aeródromos, en seguridad operacional y en sistemas de ayuda y protección a la navegación aérea, y su funcionamiento será regulado por el Organo Ejecutivo y fiscalizado por la Contraloría General de la República. Los dividendos que generen las sociedades se ingresarán al Tesoro Nacional.
Artículo 28: Con el objeto de propiciar la inmediata modernización y expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen se fija en ciento veinte (120) días calendario el término para que el Organo Ejecutivo expida el Pacto Social de constitución y los estatutos de la sociedad que administrará el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se designen las autoridades correspondientes y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley.
Artículo 29: Las sociedades administradoras de Aeropuertos y Aeródromos, a partir de su constitución y en un término no mayor de seis (6) meses deberán elaborar un Plan Maestro de Desarrollo que contemple las tareas de mediano y largo plazo del respectivo aeropuerto o aeródromo y obtener su certificación por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil. Dichos Planes Maestros serán elaborados de conformidad con el Manual de la OACI sobre planificación de aeropuertos y presentados para su aprobación a la Autoridad Aeronáutica Civil.
Artículo 30: Queda derogada cualquiera disposición legal que le sea contraria. Artículo 31: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Comuníquese y Publíquese.
Dado en la ciudad de Panamá, a los días del mes de de dos mil tres (2003).
Presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa hoy de de 2003 por el suscrito Lic. Arnulfo Escalona Avila, Ministro de Gobierno y Justicia, en virtud de autorización otorgada por el Consejo de Gabinete en su sesión celebrada el día 8 de enero de 2003 y de conformidad con el numeral 2 del artículo 159 de la Constitución Política de la República.
Arnuflo Escalona Avila
Ministro de Gobierno y Justicia
La respuesta es afirmativa, pero sólo en parte. Es cierto que, de los muchos apoyos que tenía, a Chávez sólo le queda ahora un escuálido porcentaje de la población y la lealtad de unas fuerzas armadas que se encargó de purgar y poner a su servicio durante los cuatro años que ya lleva en el poder. Pero es cierto también, y hay que decirlo para no caer en exageraciones, que no hay líderes opositores presos, que los medios de comunicación todavía transmiten sin restricciones y que el gobierno hasta ahora se ha negado a utilizar el estado de excepción para controlar las gigantescas protestas. Chávez no es en la práctica un dictador, lo que confunde a muchos en el extranjero, pero no lo es por razones muy distintas a las que la benevolencia de muchos imagina.
El problema del gobierno, en los hechos, es que no es reconocido como legítimo por un porcentaje abrumador de los ciudadanos, probablemente muy cercano al 75% de la población: no se trata de una simple oposición, como la que hay en todos los países democráticos del mundo, ni lo importante en esta afirmación es el número, la cantidad de quienes no lo aceptan, que según diferentes encuestas puede variar un poco alrededor de esa cifra. Lo que cuenta es la decisión de millones de personas que no se quieren dejar avasallar, que enfrentan cada medida del gobierno, que repudian las mentiras oficiales y los intentos que se hacen por imponer en el país una revolución similar a la cubana.
Los venezolanos se han opuesto, en los últimos dos años, al control estatal de las escuelas privadas y al uso de la educación como herramienta ideológica del régimen. Han recusado la burda maniobra con la que se trató de controlar a los sindicatos obreros -hoy parte fundamental de la lucha- y los decretos con fuerza de ley con los que se pretendían imponer las expropiaciones de tierras y legitimar las invasiones a terrenos y fincas. Se han alzado contra los insultos a la Iglesia, contra el intento de apoderarse de los medios de comunicación y contra la corrupción descarada que hoy impera.
Chávez ha tratado una y mil veces de imponer su dictadura, lo sigue haciedo ahora, pero no ha podido superar la resistencia de un número creciente de ciudadanos, cada vez más conscientes, cada vez más decididos. Por eso no puede decretar medidas de emergencia, porque sabe que nadie las acataría y tendría que apelar al uso descarnado de la violencia con unos militares que, aunque sumisos, podrían dejar de serle fieles más allá de cierto punto. Por eso se niega obstinadamente a aceptar cualquier forma de consulta electoral que es lo que ahora reclama la mayoría. Por eso utiliza el recurso de sus bandas de alborotadores, a veces armados, que actúan como fuerzas de choque cada vez que se las convoca... y se les paga.
Por todas estas razones Chávez no puede triunfar y el paro cívico, aunque impone fuertes costos a la población y al país, continúa y hasta cobra más fuerzas por momentos. De nada le valdrá al impotente caudillo militarizar cada vez más al país: con eso sólo irá desenmascarándose ante la opinión pública internacional y debilitando a un ejército que, muy probablemente, tenga que pagar pronto por los actos de barbarie de los que es responsable.
* Corresponsal de la agencia AIPE
(c) www.aipenet.com
Artículo 24: Las sociedades administradoras de los Aeropuertos y Aeródromos garantizarán el espacio físico necesario para que la Autoridad Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migración y Naturalización, Cuarentena Agropecuaria, la Policía Nacional y demás estamentos que deban mantener presencia en los Aeropuertos o Aeródromos puedan ejercer adecuadamente sus funciones.
Artículo 27: Para garantizar los recursos que permitan el desarrollo del sector aeronáutico, créase el "Fondo Especial para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica Nacional", el cual se conformará con un aporte anual, entregado por la sociedad administradora del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuya cifra determinará el Consejo de Gabinete con fundamento en un estudio económico-financiero. La misma se revisará cada cinco años. Este fondo también lo conformará el aporte de las otras sociedades administradoras que se establezcan por Decreto del Organo Ejecutivo, en el futuro y se destinará exclusivamente a gastos de inversión en Aeropuertos y Aeródromos, en seguridad operacional y en sistemas de ayuda y protección a la navegación aérea, y su funcionamiento será regulado por el Organo Ejecutivo y fiscalizado por la Contraloría General de la República. Los dividendos que generen las sociedades se ingresarán al Tesoro Nacional.
Artículo 28: Con el objeto de propiciar la inmediata modernización y expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen se fija en ciento veinte (120) días calendario el término para que el Organo Ejecutivo expida el Pacto Social de constitución y los estatutos de la sociedad que administrará el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se designen las autoridades correspondientes y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley.
Artículo 29: Las sociedades administradoras de Aeropuertos y Aeródromos, a partir de su constitución y en un término no mayor de seis (6) meses deberán elaborar un Plan Maestro de Desarrollo que contemple las tareas de mediano y largo plazo del respectivo aeropuerto o aeródromo y obtener su certificación por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil. Dichos Planes Maestros serán elaborados de conformidad con el Manual de la OACI sobre planificación de aeropuertos y presentados para su aprobación a la Autoridad Aeronáutica Civil.
Artículo 30: Queda derogada cualquiera disposición legal que le sea contraria. Artículo 31: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Comuníquese y Publíquese.
Dado en la ciudad de Panamá, a los días del mes de de dos mil tres (2003).
Presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa hoy de de 2003 por el suscrito Lic. Arnulfo Escalona Avila, Ministro de Gobierno y Justicia, en virtud de autorización otorgada por el Consejo de Gabinete en su sesión celebrada el día 8 de enero de 2003 y de conformidad con el numeral 2 del artículo 159 de la Constitución Política de la República.
Arnuflo Escalona Avila
Ministro de Gobierno y Justicia
