La naturaleza de la crisis
Días atrás, la presidenta de la República Mireya Moscoso negó tajantemente que pueda haber una crisis institucional y concluyó que no habría cambios de gabinete. En las presentes circunstancias no tiene mucho sentido discutir si se está frente a una crisis institucional o a una crisis política. E incluso sería ocioso negar que exista una u otra, porque en el menos mal de los casos es más que evidente que existe un serio problema derivado del hecho de la corrupción estatal.
Cualquiera sea el calificativo o el nivel del problema, hay que reconocer que estamos en presencia de una crisis moral que no comenzó en estos días, sino bastante más atrás, la cual tiene como protagonista a parte de la clase política y al pesado aparato de corrupción que heredó de la dictadura tras el restablecimiento de la democracia. Los gobiernos que la sucedieron han continuado usufructuando las malsanas prácticas en vez de erradicarlas.
Por ende, en lugar de debatir si ésta es una crisis de uno u otro orden, las autoridades deberían decidir qué señal quieren enviar a la comunidad para recuperar algo de la fe y credibilidad perdida en sus instituciones y cuáles podrían ser los mecanismos de solución frente a los casos de corrupción que nos ocupan. Porque de lo contrario, el mal continuará generalizándose en todos los órdenes, en una sociedad enferma. Recordemos los casos de un Ecuador, Haití, Perú, México y Paraguay con democracias y gobiernos sitiados por la podredumbre.
Es imprescindible que el gobierno, a través de sus organismos competentes, emprendan cuanto antes una labor de prevención, investigación y saneamiento de la corrupción, sin miramientos ni concesiones, ubicándose a la cabeza de esta nueva política la propia presidenta. Y en esa labor, no busquen el problema en los medios de comunicación, que no somos sino meros aldabones del sentir ciudadano.
No será desviando los grandes ejes de la discusión, ni con dobles discursos como se sacará las instituciones del descrédito general. Es necesario que se aproveche esta ocasión para plantear con seriedad y honestidad, de una vez por todas, una profunda reforma que conjure la crisis.
Lo anterior es válido, por ejemplo, para los casos de los permisos de marino, que tanto daño hace a uno de los pilares de la economía nacional, como es el servicio de la Marina Mercante. Igual para el caso del helicóptero, que requiere de absoluta transparencia. Y no menos es para las denuncias de provisión de combustible de la flota aérea gubernamental para fletar aeronaves privadas; también para las licitaciones y compras de medicamentos. Necesitamos asimismo con urgencia de un sistema judicial que merezca la absoluta confianza ciudadana.
Cualquiera sea el calificativo o el nivel del problema, hay que reconocer que estamos en presencia de una crisis moral que no comenzó en estos días, sino bastante más atrás, la cual tiene como protagonista a parte de la clase política y al pesado aparato de corrupción que heredó de la dictadura tras el restablecimiento de la democracia. Los gobiernos que la sucedieron han continuado usufructuando las malsanas prácticas en vez de erradicarlas.
Por ende, en lugar de debatir si ésta es una crisis de uno u otro orden, las autoridades deberían decidir qué señal quieren enviar a la comunidad para recuperar algo de la fe y credibilidad perdida en sus instituciones y cuáles podrían ser los mecanismos de solución frente a los casos de corrupción que nos ocupan. Porque de lo contrario, el mal continuará generalizándose en todos los órdenes, en una sociedad enferma. Recordemos los casos de un Ecuador, Haití, Perú, México y Paraguay con democracias y gobiernos sitiados por la podredumbre.
Es imprescindible que el gobierno, a través de sus organismos competentes, emprendan cuanto antes una labor de prevención, investigación y saneamiento de la corrupción, sin miramientos ni concesiones, ubicándose a la cabeza de esta nueva política la propia presidenta. Y en esa labor, no busquen el problema en los medios de comunicación, que no somos sino meros aldabones del sentir ciudadano.
No será desviando los grandes ejes de la discusión, ni con dobles discursos como se sacará las instituciones del descrédito general. Es necesario que se aproveche esta ocasión para plantear con seriedad y honestidad, de una vez por todas, una profunda reforma que conjure la crisis.
Lo anterior es válido, por ejemplo, para los casos de los permisos de marino, que tanto daño hace a uno de los pilares de la economía nacional, como es el servicio de la Marina Mercante. Igual para el caso del helicóptero, que requiere de absoluta transparencia. Y no menos es para las denuncias de provisión de combustible de la flota aérea gubernamental para fletar aeronaves privadas; también para las licitaciones y compras de medicamentos. Necesitamos asimismo con urgencia de un sistema judicial que merezca la absoluta confianza ciudadana.
