La negación del ser ciudadano
En su obra La Democracia en América de Alexis de Toqueville refiriendo la especie de despotismo que las naciones democráticas tienen que temer, escribía que "Los emperadores poseían, en verdad, un poder inmenso y sin contrapeso, que les permitía entregarse libremente a las rarezas de sus inclinaciones y emplear en satisfacerlas la fuerza entera del Estado; a menudo sucedió que abusaron de ese poder para arrebatarle a un ciudadano sus bienes o su vida: su tiranía gravitaba prodigiosamente sobre algunos; pero no se extendía sobre un gran número; se centraba en algunos grandes objetos principales y despreciaba lo restante; era violenta y restringida" (Edit. Gernika, México D.F., 1997, pág. 400-401). Esta reminiscencia histórica lleva a Toqueville a sostener que "Parece que, si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos".
Las reflexiones de nuestro personaje encuentran perfecto acomodo dentro del escenario político que vive la nación entera. Recientemente se dio a conocer una extensa lista en la que aparecen personas de reconocida honorabilidad y a las cuales se les interceptaban o interceptarían las conversaciones telefónicas. Importantes funcionarios del Ministerio Público, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; altos personeros de los Ministerios; prestigiosos juristas, etc., aparecen en la misma y no es sino hasta su divulgación en los distintos medios de comunicación social que se vienen a percatar de su existencia y que la privacidad de cada uno de ellos se ha visto o se vería violentada en su máxima expresión. Todo esto resulta ser tan indigno, impropio y venal que no nos queda otra actitud que censurar, drásticamente, lo acontecido. Se impone, desde luego, una investigación seria y transparente que brinde respuestas convincentes a la ciudadanía de lo que ha venido aconteciendo con las intervenciones de las conversaciones telefónicas, pues no hay duda alguna que se quebranta el derecho a la intimidad de cada conciudadano.
Cuando se pensaba que el tema de las escuchas telefónicas era un escándalo ya superado, éste ha vuelto a surgir a la palestra pública con la variable de que ahora se trata de altos personajes del gobierno como de la oposición, entes particulares como aquellos que están al servicio del Estado, personas independientes como funcionarios. Lo que ha sucedido es que se ha perdido todo concepto de la dignidad de nuestros semejantes y el correlativo derecho a la intimidad que connota toda individualidad. El ser persona encierra una connotación gnoseológica y epistemológica, por demás que ontológica. Ello significa que la dignidad de todo ser humano merece el mayor respeto, protección, garantía y valimiento.
El despotismo al que alude Toqueville, sus preocupaciones con relación a las democracias de América, el temor de que se acrecentara en nuestras débiles instituciones, es una realidad. El ejercicio del poder político corrompe a los hombres carentes de valores y de principios. Pero, como han advertido célebres teóricos de la Ciencia Política, ejercerlo de modo absoluto, corrompe también absolutamente a los gobernantes.
No bastan las explicaciones que se han dado proyectadas a sostener que se trata de una espuria jugarreta política o que el contenido de las misivas es falso; que tales documentos entrañan una planeada estocada a los que detentan el poder; etc. Lo que sí bastaría es que se acabe, de una vez por todas, las permanentes intromisiones que los gobiernos vienen haciendo en el ámbito de la esfera privada de los particulares, aún cuando éstos sean funcionarios públicos, no por ello significa que pierden su propia identidad e imagen.
El gran patrimonio de los particulares, siempre lo hemos postulado, es la dignidad propia, el respeto a la personalidad al ser ente creado por Dios y revestido de grandeza sobre la Tierra. Ningún mortal ni poder sobre este mundo puede pisotearlo, desconocerlo o ignorarlo. El Estado, en consecuencia, termina siendo el gran acusado y por él habrá de responder los que ejercen el poder político. No otros.
Se exige responsabilidad y transparencia, solvencia política y un acomodo a la ética por parte de los gobernantes en cada una de sus actuaciones. Si la Constitución Política es clara en su Artículo 29 que las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables, los gobernantes no tienen otra actitud que adoptar que el máximo respeto al postulado constitucional. Coincidimos con Toqueville. Tenemos fundados temores para considerar que la democracia nuestra está victimizada por el despotismo y las intervenciones a las conversaciones telefónicas son apenas una de las modalidades que adopta el aparato investigativo y represor del Estado para quien las garantías constitucionales suenan como nostálgicos cantos de sirenas. El ser panameño empieza a ser degradado sin tormento, suavemente, poco a poco.
Señaló que la clase política panameña sabe que el espionaje político se da y por eso los políticos son muy parcos en sus comentarios cuando hablan por teléfono.
Tanto conocimiento tienen los políticos sobre el tema, que José Manuel Terán, ex ministro de Salud del gobierno de Mireya Moscoso, no se confió y compró en Estados Unidos un equipo para evitar que sus conversaciones sean escuchadas.
Terán informó a El Panamá América que el costo de ese equipo fue de 600 dólares y que lo instaló en su residencia porque tenía sospechas de que era espiado desde hace tiempo.
Cuando la línea es intervenida, informó, el aparato hace que se corte de inmediato la comunicación. Se mostró preocupado porque cualquier persona, con acceso a tecnología de punta, puede hacer que un documento enviado por fax aparezca con el número de cualquier persona e involucrarla en situaciones como la que ahora está en el tapete. Con sólo ir al panel, se puede interceptar la línea telefónica, y eso es preocupante, resaltó.
Las reflexiones de nuestro personaje encuentran perfecto acomodo dentro del escenario político que vive la nación entera. Recientemente se dio a conocer una extensa lista en la que aparecen personas de reconocida honorabilidad y a las cuales se les interceptaban o interceptarían las conversaciones telefónicas. Importantes funcionarios del Ministerio Público, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; altos personeros de los Ministerios; prestigiosos juristas, etc., aparecen en la misma y no es sino hasta su divulgación en los distintos medios de comunicación social que se vienen a percatar de su existencia y que la privacidad de cada uno de ellos se ha visto o se vería violentada en su máxima expresión. Todo esto resulta ser tan indigno, impropio y venal que no nos queda otra actitud que censurar, drásticamente, lo acontecido. Se impone, desde luego, una investigación seria y transparente que brinde respuestas convincentes a la ciudadanía de lo que ha venido aconteciendo con las intervenciones de las conversaciones telefónicas, pues no hay duda alguna que se quebranta el derecho a la intimidad de cada conciudadano.
Cuando se pensaba que el tema de las escuchas telefónicas era un escándalo ya superado, éste ha vuelto a surgir a la palestra pública con la variable de que ahora se trata de altos personajes del gobierno como de la oposición, entes particulares como aquellos que están al servicio del Estado, personas independientes como funcionarios. Lo que ha sucedido es que se ha perdido todo concepto de la dignidad de nuestros semejantes y el correlativo derecho a la intimidad que connota toda individualidad. El ser persona encierra una connotación gnoseológica y epistemológica, por demás que ontológica. Ello significa que la dignidad de todo ser humano merece el mayor respeto, protección, garantía y valimiento.
El despotismo al que alude Toqueville, sus preocupaciones con relación a las democracias de América, el temor de que se acrecentara en nuestras débiles instituciones, es una realidad. El ejercicio del poder político corrompe a los hombres carentes de valores y de principios. Pero, como han advertido célebres teóricos de la Ciencia Política, ejercerlo de modo absoluto, corrompe también absolutamente a los gobernantes.
No bastan las explicaciones que se han dado proyectadas a sostener que se trata de una espuria jugarreta política o que el contenido de las misivas es falso; que tales documentos entrañan una planeada estocada a los que detentan el poder; etc. Lo que sí bastaría es que se acabe, de una vez por todas, las permanentes intromisiones que los gobiernos vienen haciendo en el ámbito de la esfera privada de los particulares, aún cuando éstos sean funcionarios públicos, no por ello significa que pierden su propia identidad e imagen.
El gran patrimonio de los particulares, siempre lo hemos postulado, es la dignidad propia, el respeto a la personalidad al ser ente creado por Dios y revestido de grandeza sobre la Tierra. Ningún mortal ni poder sobre este mundo puede pisotearlo, desconocerlo o ignorarlo. El Estado, en consecuencia, termina siendo el gran acusado y por él habrá de responder los que ejercen el poder político. No otros.
Se exige responsabilidad y transparencia, solvencia política y un acomodo a la ética por parte de los gobernantes en cada una de sus actuaciones. Si la Constitución Política es clara en su Artículo 29 que las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables, los gobernantes no tienen otra actitud que adoptar que el máximo respeto al postulado constitucional. Coincidimos con Toqueville. Tenemos fundados temores para considerar que la democracia nuestra está victimizada por el despotismo y las intervenciones a las conversaciones telefónicas son apenas una de las modalidades que adopta el aparato investigativo y represor del Estado para quien las garantías constitucionales suenan como nostálgicos cantos de sirenas. El ser panameño empieza a ser degradado sin tormento, suavemente, poco a poco.
Señaló que la clase política panameña sabe que el espionaje político se da y por eso los políticos son muy parcos en sus comentarios cuando hablan por teléfono.
Tanto conocimiento tienen los políticos sobre el tema, que José Manuel Terán, ex ministro de Salud del gobierno de Mireya Moscoso, no se confió y compró en Estados Unidos un equipo para evitar que sus conversaciones sean escuchadas.
Terán informó a El Panamá América que el costo de ese equipo fue de 600 dólares y que lo instaló en su residencia porque tenía sospechas de que era espiado desde hace tiempo.
Cuando la línea es intervenida, informó, el aparato hace que se corte de inmediato la comunicación. Se mostró preocupado porque cualquier persona, con acceso a tecnología de punta, puede hacer que un documento enviado por fax aparezca con el número de cualquier persona e involucrarla en situaciones como la que ahora está en el tapete. Con sólo ir al panel, se puede interceptar la línea telefónica, y eso es preocupante, resaltó.
