La nueva Ley Bancaria
Si consideramos el estrecho calendario concedido por la Asamblea Legislativa al Organo Ejecutivo para dictar una nueva ley bancaria que reemplazará el ya obsoleto Decreto de Gabinete 238 de 1970, que es el que actualmente regula la materia, es fácil deducir que en breve conoceremos el misterioso texto, acaso cuando se publique en la Gaceta Oficial.
En torno a esta ley se ha mantenido un hermetismo supremo, que no ha sido roto a pesar de las múltiples y constantes solicitudes en el sentido de que se divulgara al menos un resumen o borrador del proyecto. Como el mismo no se ha discutido en el seno de la Asamblea Legislativa, tampoco hemos tenido la oportunidad de enterarnos de su contenido a través de los debates de la misma. Por el momento, este proyecto sólo es conocido por un puñado de banqueros que han participado en la elaboración de la ley y por los miembros del Gabinete a quienes una vez más, esta vez sobre este importante tema, se les delegó la función de legislar. Pareciera como si los responsables del mismo despreciaran la opinión y participación de los sectores involucrados o consideraran que la misma fuera una afrenta a su genio legislativo. Como si solamente ellos pudieran entender en las alturas inmarcesibles de su intelecto sobre este tema y ni la Asamblea, ni ningún ciudadano, ni la opinión pública en general tuvieran el derecho ni la capacidad de conocer del mismo.
Esta actitud no es solamente censurable sino desacertada. La regulación del negocio de la Banca no es un misterioso asunto que interesa solamente a los banqueros y a los personeros del gobierno de turno, es un asunto de todos los panameños. Evidentemente los redactores del proyecto han olvidado que cada vez que un banco es intervenido o entra en un proceso de quiebra, los que realmente sufren son los depositantes. El sistema bancario es evidentemente un tema de muchos y no de pocos. Por otro lado, en los contratos bancarios del medio abundan cláusulas leoninas mediante las cuales los prestatarios ceden sus derechos y prerrogativas bajo la ley. Es pues un sector donde están en juego los intereses de los ciudadanos en general y donde hay gran posibilidad de abuso en detrimento de la parte más débil de la relación. No podemos entender a qué intereses sirve el guardar el hermetismo que se ha guardado hasta ahora. Por el contrario, este silencio no solamente incomoda profundamente a la ciudadanía en general, sino que es además un ejemplo perfecto para quienes se oponen a las múltiples delegaciones que la actual Asamblea ha hecho al Ejecutivo, y cuestionan, exactamente, que leyes de interés general no sean debatidas, como lo ordena la Constitución, en la Asamblea Legislativa y de cara a la ciudadanía.
El sector bancario necesita modernizarse y reformarse, pues el Centro Bancario ha venido perdiendo competitividad. Las cifras hablan más que mil palabras: en la década de los ochenta el sistema bancario tenía activos por el orden de los cincuenta mil millones y hoy apenas tiene alrededor de veinticinco mil millones.
Pero la modernización del sistema bancario es una tarea que nos importa a todos; al gobierno, bancos, depositantes, prestatarios, empleados bancarios y usuarios en general. Ninguna reforma, por virtuosa que sea, llenará su cometido si se hace a espaldas de la mayoría de los sectores interesados.
En torno a esta ley se ha mantenido un hermetismo supremo, que no ha sido roto a pesar de las múltiples y constantes solicitudes en el sentido de que se divulgara al menos un resumen o borrador del proyecto. Como el mismo no se ha discutido en el seno de la Asamblea Legislativa, tampoco hemos tenido la oportunidad de enterarnos de su contenido a través de los debates de la misma. Por el momento, este proyecto sólo es conocido por un puñado de banqueros que han participado en la elaboración de la ley y por los miembros del Gabinete a quienes una vez más, esta vez sobre este importante tema, se les delegó la función de legislar. Pareciera como si los responsables del mismo despreciaran la opinión y participación de los sectores involucrados o consideraran que la misma fuera una afrenta a su genio legislativo. Como si solamente ellos pudieran entender en las alturas inmarcesibles de su intelecto sobre este tema y ni la Asamblea, ni ningún ciudadano, ni la opinión pública en general tuvieran el derecho ni la capacidad de conocer del mismo.
Esta actitud no es solamente censurable sino desacertada. La regulación del negocio de la Banca no es un misterioso asunto que interesa solamente a los banqueros y a los personeros del gobierno de turno, es un asunto de todos los panameños. Evidentemente los redactores del proyecto han olvidado que cada vez que un banco es intervenido o entra en un proceso de quiebra, los que realmente sufren son los depositantes. El sistema bancario es evidentemente un tema de muchos y no de pocos. Por otro lado, en los contratos bancarios del medio abundan cláusulas leoninas mediante las cuales los prestatarios ceden sus derechos y prerrogativas bajo la ley. Es pues un sector donde están en juego los intereses de los ciudadanos en general y donde hay gran posibilidad de abuso en detrimento de la parte más débil de la relación. No podemos entender a qué intereses sirve el guardar el hermetismo que se ha guardado hasta ahora. Por el contrario, este silencio no solamente incomoda profundamente a la ciudadanía en general, sino que es además un ejemplo perfecto para quienes se oponen a las múltiples delegaciones que la actual Asamblea ha hecho al Ejecutivo, y cuestionan, exactamente, que leyes de interés general no sean debatidas, como lo ordena la Constitución, en la Asamblea Legislativa y de cara a la ciudadanía.
El sector bancario necesita modernizarse y reformarse, pues el Centro Bancario ha venido perdiendo competitividad. Las cifras hablan más que mil palabras: en la década de los ochenta el sistema bancario tenía activos por el orden de los cincuenta mil millones y hoy apenas tiene alrededor de veinticinco mil millones.
Pero la modernización del sistema bancario es una tarea que nos importa a todos; al gobierno, bancos, depositantes, prestatarios, empleados bancarios y usuarios en general. Ninguna reforma, por virtuosa que sea, llenará su cometido si se hace a espaldas de la mayoría de los sectores interesados.
