La nueva ley de la Universidad nace vieja
EL ANUNCIO DE una nueva Ley Orgánica para la Universidad Panamá debería ser motivo de satisfacción, reconocimiento y esperanza para todos los ciudadanos, especialmente para los miles de estudiantes, administrativos y docentes que actualmente desarrollan sus distintas actividades en la primera casa de estudios superiores.
De igual modo, deberían sentirse orgullosos los miles de egresados que se formaron en sus aulas y laboratorios durante más de medio siglo de existencia de la institución. Debería ser motivo de alegría y de esperanza para todos; pero no es así.
El proyecto de ley que ha presentado a la Asamblea Nacional la actual administración es un motivo de preocupación y de temores sobre la institución y su futuro como centro principal de la educación superior en el país.
Quizá ha sido una mala coincidencia que la presentación apresurada del proyecto de ley ocurra durante los días más intranquilos y violentos que ha vivido todo el país desde la invasión y los violentos meses que la precedieron. Es inconcebible que la actual administración superior de la Universidad insista en seguir adelante con la discusión y debate de una ley cuyo contenido y alcance debe ocupar el interés de todos los panameños, en un clima de tranquilidad y con el tiempo necesario para resolver todas las dudas y corregir todas sus fallas.
Es cierto que los señores diputados pueden atender el tema en sus diferentes debates; pero ellos mismos merecen una mayor información y y enfoques sobre el tema. Pero han de ser ellos quienes declinen atender sus responsabilidades. Son las autoridades universitarias quienes deberían retirar de la mesa el anteproyecto, para que se discutía de cara a toda la nación, de modo que se cumpla, no solamente con un mínimo gesto de cortesía hacia la comunidad nacional, la cual se debe incorporar, si no al debate, al menos a una amplia e intensa campaña de información que despierte el interés por la universidad que todos los panameños pagamos con nuestros impuestos.
La Universidad necesita recuperar la imagen perdida de casa de estudios superiores del pueblo panameño. No es secreto que la institución vive, o quizá sobrevive, como algo lejano y desconocido de la comunidad nacional. Esto todos lo aceptamos. La nueva Ley es una oportunidad para hablar de ella, de darla a conocer, de hacerla amar, por sus aportaciones a la vida nacional y el importante papel que debe jugar en el mundo moderno que se desarrolla en el siglo veintiuno. Pero esto no se logra entre el ruido de las manifestaciones multitudinarias, las bombas lacrimógenas y disparos; ni se alcanza con lanzamientos de piedras ni con gritos de insultos y de amenazas en un lenguaje de luchas de clases.
Además, y esto es lo más triste y preocupante, el proyecto de Ley que con tanto apresuramiento ha sido llevado a la Asamblea Nacional, adolece de fallas importantes, por omisión y por incongruencias fáciles de demostrar, y que no han podido presentarse a la opinión pública ni a la opinión especializada, por la incomprensible prisa con la que se ha llevado el documento a la Asamblea.
Molesta y ofende a las personas serias del país, que todo el proceso de preparación previo a la redacción del anteproyecto se haya efectuado sin respetar las normas apropiadas y con una metodología denunciada como tendenciosa.
Por otra parte, las autoridades hablan de un supuesto consenso, que no es tal, obtenido en un referéndum de dudosa representatividad, vicios todos que han denunciado tres de las cinco asociaciones de docentes que se activan en la universidad, como son La Auténtica Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (AAPUDEP), la más antigua de todas; el Movimiento Nueva Universidad (MNU), y el Movimiento de Renovación Universitaria (MRU), que representan el 60% de las organizaciones de docentes. Estos gremios docentes, agrupados en el Frente Académico por la Defensa de la Universidad de Panamá, ha hecho públicos numerosos comunicados sobre el problema, que, como hemos dicho, se han perdido en el bullicio de los disturbios que ha vivido el país durante las últimas semanas.
La ley para la Universidad no resiste un análisis serio de su contenido, en el que faltan aspectos de orden académico y administrativo que, como explican los gremios de docentes que piden una apertura y ampliación en el tiempo al diálogo necesario, hacen imposible construir las bases de la mejor universidad posible.
De igual modo, deberían sentirse orgullosos los miles de egresados que se formaron en sus aulas y laboratorios durante más de medio siglo de existencia de la institución. Debería ser motivo de alegría y de esperanza para todos; pero no es así.
El proyecto de ley que ha presentado a la Asamblea Nacional la actual administración es un motivo de preocupación y de temores sobre la institución y su futuro como centro principal de la educación superior en el país.
Quizá ha sido una mala coincidencia que la presentación apresurada del proyecto de ley ocurra durante los días más intranquilos y violentos que ha vivido todo el país desde la invasión y los violentos meses que la precedieron. Es inconcebible que la actual administración superior de la Universidad insista en seguir adelante con la discusión y debate de una ley cuyo contenido y alcance debe ocupar el interés de todos los panameños, en un clima de tranquilidad y con el tiempo necesario para resolver todas las dudas y corregir todas sus fallas.
Es cierto que los señores diputados pueden atender el tema en sus diferentes debates; pero ellos mismos merecen una mayor información y y enfoques sobre el tema. Pero han de ser ellos quienes declinen atender sus responsabilidades. Son las autoridades universitarias quienes deberían retirar de la mesa el anteproyecto, para que se discutía de cara a toda la nación, de modo que se cumpla, no solamente con un mínimo gesto de cortesía hacia la comunidad nacional, la cual se debe incorporar, si no al debate, al menos a una amplia e intensa campaña de información que despierte el interés por la universidad que todos los panameños pagamos con nuestros impuestos.
La Universidad necesita recuperar la imagen perdida de casa de estudios superiores del pueblo panameño. No es secreto que la institución vive, o quizá sobrevive, como algo lejano y desconocido de la comunidad nacional. Esto todos lo aceptamos. La nueva Ley es una oportunidad para hablar de ella, de darla a conocer, de hacerla amar, por sus aportaciones a la vida nacional y el importante papel que debe jugar en el mundo moderno que se desarrolla en el siglo veintiuno. Pero esto no se logra entre el ruido de las manifestaciones multitudinarias, las bombas lacrimógenas y disparos; ni se alcanza con lanzamientos de piedras ni con gritos de insultos y de amenazas en un lenguaje de luchas de clases.
Además, y esto es lo más triste y preocupante, el proyecto de Ley que con tanto apresuramiento ha sido llevado a la Asamblea Nacional, adolece de fallas importantes, por omisión y por incongruencias fáciles de demostrar, y que no han podido presentarse a la opinión pública ni a la opinión especializada, por la incomprensible prisa con la que se ha llevado el documento a la Asamblea.
Molesta y ofende a las personas serias del país, que todo el proceso de preparación previo a la redacción del anteproyecto se haya efectuado sin respetar las normas apropiadas y con una metodología denunciada como tendenciosa.
Por otra parte, las autoridades hablan de un supuesto consenso, que no es tal, obtenido en un referéndum de dudosa representatividad, vicios todos que han denunciado tres de las cinco asociaciones de docentes que se activan en la universidad, como son La Auténtica Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (AAPUDEP), la más antigua de todas; el Movimiento Nueva Universidad (MNU), y el Movimiento de Renovación Universitaria (MRU), que representan el 60% de las organizaciones de docentes. Estos gremios docentes, agrupados en el Frente Académico por la Defensa de la Universidad de Panamá, ha hecho públicos numerosos comunicados sobre el problema, que, como hemos dicho, se han perdido en el bullicio de los disturbios que ha vivido el país durante las últimas semanas.
La ley para la Universidad no resiste un análisis serio de su contenido, en el que faltan aspectos de orden académico y administrativo que, como explican los gremios de docentes que piden una apertura y ampliación en el tiempo al diálogo necesario, hacen imposible construir las bases de la mejor universidad posible.
