La OEA contra la OEA
Superando sus antecedentes más nefastos, la OEA rechazó los informes de la misión electoral que envió al Perú y del comité Interamericano de Derechos Humanos que analizaron minuciosamente las irregularidades del sistema electoral y el carácter antidemocrático del régimen de Fujimori. Los informes se convirtieron en letra muerta en la reunión de Cancilleres en Canadá, al adoptarse una resolución que convalida el denunciado fraude electoral y aprueba el viaje estéril de una delegación de personalidades al Perú que muy poco podrá hacer para variar hechos consumados ante la vista y paciencia del sistema hemisférico. Fujimori celebró como un triunfo el dictamen de la OEA.
Esta es la peor crisis de credibilidad de la OEA. Porque a su añeja y tradicional inocuidad en la defensa de la democracia, esta vez agrega una contradicción inaudita al borrar con la mano izquierda lo que aprueba con la derecha. Esta es la paradoja sarcástica de la OEA contra la OEA. En los pasillos de la organización se comenta que ciertos cancilleres impidieron la adopción del consenso sobre el caso Fujimori, curándose en salud por adelantado ante posibles investigaciones de irregularidades electorales que puedan cometerse al son de mariachis y joropos.
Pero si la OEA no defiende la democracia y se niega a sí misma, aceptando el autoritarismo inconstitucional, los Estados miembros quedan en libertad de asumir posiciones soberanas. Los representantes del PRI de México, y de Chávez en Venezuela interpretan los principios de no intervención y libre determinación de manera diferente a los representantes de Panamá. Prueba de ello es que la Cancillería de Panamá emitió un comunicado oportuno, exhortando al régimen peruano a que eliminara en la segunda ronda los vicios perpetrados en la primera vuelta electoral; pero sus recomendaciones cayeron en el vacío y contra viento y marea se llevó a cabo una caricatura de comicios con el terrible ventajismo de un solo candidato- presidente que todo lo controló en su provecho político, tal como lo estipuló la misión de observadores. La aplicación del decreto que pone distancias entre Panamá y los gobiernos ilegítimos, por consiguiente, cae por su propio peso. Porque si aceptamos la promiscuidad de regímenes legítimos e ilegítimos acabaríamos acatando la indolencia de la OEA que antes se puso en práctica cuando Noriega en 1989 anuló las elecciones ganadas por un candidato presidencial precisamente arnulfista.
El gobierno actual arnulfista elegido en comicios libres tiene la palabra porque no es ajeno al problema y, por el contrario, lo experimentó muchos años en carne propia, con sangre, sudor y lágrimas. En defensa de los principios democráticos que preservan el derecho de los ciudadanos a elegir libremente sus gobernantes y a expresarse sin coacciones ni censuras,
Panamá debe instrumentar otra vez el decreto 349 de 1990, inspirado en la Doctrina Betancourt, que aplicó frente al autogolpe de Fujimori en 1992.
Esta es la peor crisis de credibilidad de la OEA. Porque a su añeja y tradicional inocuidad en la defensa de la democracia, esta vez agrega una contradicción inaudita al borrar con la mano izquierda lo que aprueba con la derecha. Esta es la paradoja sarcástica de la OEA contra la OEA. En los pasillos de la organización se comenta que ciertos cancilleres impidieron la adopción del consenso sobre el caso Fujimori, curándose en salud por adelantado ante posibles investigaciones de irregularidades electorales que puedan cometerse al son de mariachis y joropos.
Pero si la OEA no defiende la democracia y se niega a sí misma, aceptando el autoritarismo inconstitucional, los Estados miembros quedan en libertad de asumir posiciones soberanas. Los representantes del PRI de México, y de Chávez en Venezuela interpretan los principios de no intervención y libre determinación de manera diferente a los representantes de Panamá. Prueba de ello es que la Cancillería de Panamá emitió un comunicado oportuno, exhortando al régimen peruano a que eliminara en la segunda ronda los vicios perpetrados en la primera vuelta electoral; pero sus recomendaciones cayeron en el vacío y contra viento y marea se llevó a cabo una caricatura de comicios con el terrible ventajismo de un solo candidato- presidente que todo lo controló en su provecho político, tal como lo estipuló la misión de observadores. La aplicación del decreto que pone distancias entre Panamá y los gobiernos ilegítimos, por consiguiente, cae por su propio peso. Porque si aceptamos la promiscuidad de regímenes legítimos e ilegítimos acabaríamos acatando la indolencia de la OEA que antes se puso en práctica cuando Noriega en 1989 anuló las elecciones ganadas por un candidato presidencial precisamente arnulfista.
El gobierno actual arnulfista elegido en comicios libres tiene la palabra porque no es ajeno al problema y, por el contrario, lo experimentó muchos años en carne propia, con sangre, sudor y lágrimas. En defensa de los principios democráticos que preservan el derecho de los ciudadanos a elegir libremente sus gobernantes y a expresarse sin coacciones ni censuras,
Panamá debe instrumentar otra vez el decreto 349 de 1990, inspirado en la Doctrina Betancourt, que aplicó frente al autogolpe de Fujimori en 1992.
