La OEA y el Perú
Los problemas del gobierno peruano recién empiezan. Después de escuchar el informe de la misión de observadores presidida por el ex canciller Eduardo Stein, la OEA acordó deliberar y adoptar decisiones sobre las irregularidades de la segunda vuelta presidencial, en la reunión de cancilleres que celebrará mañana en Windsor, Canadá. No se rechazó la decisión sobre los vicios electorales denunciados y no corregidos sino que el Comité Permanente acordó trasladarlo a la agenda del diálogo de cancilleres en Canadá, elevándose el rango diplomático por la gravedad del tema. Al proponer una reunión ad hoc, Estados Unidos reafirmó el interés que abriga de que se le apliquen sanciones ejemplares al régimen que desafió clamorosamente las recomendaciones de la comunidad internacional de postergar de la segunda vuelta para subsanar las irregularidades de la primera ronda electoral.
Hay que admitir realistamente que muchas personas desconfían de la OEA en la preservación de la democracia hemisférica. El pasado inmediato le otorga razón a los escépticos. En Panamá no hemos olvidado que una misión de la OEA avaló el continuismo de la dictadura militar, después de la crisis de las elecciones de 1989. Y en el Perú se tiene presente que la OEA le perdonó la vida política a Fujimori en 1992 cuando dio un autogolpe, disolviendo el Congreso y el Poder Judicial. Aquellos vientos trajeron estos lodos. Pero en esta ocasión la OEA no puede limitarse a declaraciones tibias, refugiándose en una falsa defensa de los principios de no intervención y libre determinación, cuando esos derechos fueron conculcados. Porque si no le hace caso al informe de la misión que envió al Perú, que establece que el proceso electoral estuvo lejos de ser "libre y justo" y que el régimen fujimorista adolece de " una severa crisis de credibilidad", la institución se negaría a sí misma y también enfrentaría otra severa crisis de credibilidad, teniendo por delante la situación de Venezuela. Cualquiera que sea la reacción de los cancilleres en Canadá, los estados miembros tienen manos libres para adoptar posturas soberanas. Panamá debe hacer honor al decreto no. 364 de 1990 que le obliga a suspender relaciones con regímenes ilegítimos. La Cancillería panameña tiene la opción de llamar a nuestro embajador en el Perú como paso provisional, mientras considera decisiones más enérgicas en defensa del sistema democrático y de sus propias batallas por elecciones limpias, ante la eventualidad de que la OEA defeccione otra vez. Entretanto veremos qué hace Estados Unidos frente a la resolución legislativa que ordena la suspensión de la cooperación al Perú, si es que la OEA volviera a hacer otro triste papel.
Hay que admitir realistamente que muchas personas desconfían de la OEA en la preservación de la democracia hemisférica. El pasado inmediato le otorga razón a los escépticos. En Panamá no hemos olvidado que una misión de la OEA avaló el continuismo de la dictadura militar, después de la crisis de las elecciones de 1989. Y en el Perú se tiene presente que la OEA le perdonó la vida política a Fujimori en 1992 cuando dio un autogolpe, disolviendo el Congreso y el Poder Judicial. Aquellos vientos trajeron estos lodos. Pero en esta ocasión la OEA no puede limitarse a declaraciones tibias, refugiándose en una falsa defensa de los principios de no intervención y libre determinación, cuando esos derechos fueron conculcados. Porque si no le hace caso al informe de la misión que envió al Perú, que establece que el proceso electoral estuvo lejos de ser "libre y justo" y que el régimen fujimorista adolece de " una severa crisis de credibilidad", la institución se negaría a sí misma y también enfrentaría otra severa crisis de credibilidad, teniendo por delante la situación de Venezuela. Cualquiera que sea la reacción de los cancilleres en Canadá, los estados miembros tienen manos libres para adoptar posturas soberanas. Panamá debe hacer honor al decreto no. 364 de 1990 que le obliga a suspender relaciones con regímenes ilegítimos. La Cancillería panameña tiene la opción de llamar a nuestro embajador en el Perú como paso provisional, mientras considera decisiones más enérgicas en defensa del sistema democrático y de sus propias batallas por elecciones limpias, ante la eventualidad de que la OEA defeccione otra vez. Entretanto veremos qué hace Estados Unidos frente a la resolución legislativa que ordena la suspensión de la cooperación al Perú, si es que la OEA volviera a hacer otro triste papel.
