La OEA y la solución de conflictos
La percepción domina la opinión que se tiene de la OEA: un organismo eminentemente político, donde lo básico es la relación multilateral entre sus miembros y la bilateral entre éstos, como el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, donde a través de los buenos oficios de su Secretario General José Miguel Insulza, la OEA ha servido de facilitador para encontrar las salidas pacíficas que ya se avizoran.
Sin embargo, la búsqueda de mecanismos para solucionar conflictos, además de la globalidad de algunos casos, los más publicitados por su trascendencia mediática como la crisis hondureña, logran que se desconozcan los de origen nacional. Serían las instancias a que tienen acceso los ciudadanos y grupos de cada país para plantear sus problemas y que, mediante gente independiente ajenas a cada país y a la misma organización donde actúan independientemente, se les escucha y se les pone de igual a igual con el Estado denunciado. Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente cumplió cincuenta años de existencia.
Atiende casos específicos como el de las comunidades indígenas de Bocas del Toro afectadas por la construcción de la hidroeléctrica conocida como Chan-75, desarrollada a un costo de más de 400 millones de dólares por la norteamericana AES. Para el Estado la obra, a inaugurar en el 2011, reviste una especial importancia por el aumento de la capacidad nacional en energía, y la posibilidad que logre causar una disminución en el costo pagado por electricidad.
A pesar de lo que la empresa haya podido hacer, sintiéndose afectados por el supuesto maltrato recibido y por el desinterés gubernamental, se interpuso queja contra Panamá ante la CIDH, cuya recomendación en un momento fue la de solicitar la suspensión de la obra hasta tanto no se cumplieran ciertos compromisos con las comunidades afectadas. Ello no se hizo y por ello la audiencia concedida al Estado Panameño para ser escuchado por la CIDH el próximo 2 de noviembre.
El gobierno Martinelli, a través de gestiones del Vicepresidente Varela, consideró las peticiones de los afectados, lográndose el pasado 8 de octubre un acuerdo preliminar entre el Estado, las comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba, y AES. Este hecho, es alentador porque permitirá conciliar los intereses empresariales, el interés nacional de promover fuentes de energía ambientalmente amigables y económicas y, sobretodo, respetando los derechos de comunidades que luego de 500 años del descubrimiento de América aún siguen siendo avasalladas.
En un poco más de tres meses de gobierno, estamos en proceso de resolver un caso que podría haber tenido consecuencias catastróficas para muchas personas y que ahora se proyecta como un de los puntales de nuestro desarrollo nacional, gracias a las vías para la solución pacífica de los conflictos existentes en el marco de la OEA.
Gcochez@COVAD. NET
