La permisonitis
La permisonitis es una enfermedad de la burocracia, que se manifiesta a través de un abultamiento de requisitos para permitir que un particular pueda hacer lo que la Constitución le garantiza que puede hacer sin permiso de nadie. Este mal, que aqueja a la mayor parte de los Estados y municipios del mundo, no sólo es altamente contagioso, sino que el remedio tradicional, de agregar controles a los que otorgan los permisos para garantizar que no los otorguen "indebidamente", normalmente tiene como efecto secundario la "parálisis por control", nueva enfermedad que agrava la condición de insatisfacción ciudadana.
El derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo son garantías consagradas en la Constitución Política. Las Constituciones se crearon para proteger al ciudadano de los abusos de los gobernantes. Estos derechos en su mayoría son lo suficientemente amplios y claramente explicados como para que no se requiera mayor elaboración para su aplicación y respeto. Por alguna razón perversa, los gobiernos que padecemos en Latinoamérica tienen una concepción trastocada de los roles. Los gobiernos democráticos no fueron instituidos para dar graciosas concesiones a los ciudadanos, sino para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente y sin obstáculos las garantías que les reconocen la Constitución y las leyes. En este marco de ideas, es realmente sorprendente que los latinoamericanos nos declaremos perplejos ante nuestro subdesarrollo frente a los constantes progresos del mundo desarrollado. Los neoizquierdistas extienden su dedo acusador y señalan las reformas estructurales del Consenso de Washington como fracasadas. Lo que no dicen es que lo que no se ha reformado todavía es la perversa y paralizante burocracia. El mejor ejemplo para explicar nuestro subdesarrollo está en la investigación de Hernando de Soto y su intento de abrir un taller en Lima y el mismo negocio en Miami. Mientras en Perú el trámite, sin coimas, demoró unos nueve meses, en Miami, sin coimas tampoco, demoró una tres horas. Por supuesto que seguiremos a la zaga si los norteamericanos nos llevan en cualquier emprendimiento por lo menos nueve meses de ventaja. ¿Y esto gracias a quién? A los pequeños virreyes que piensan que sus sellos están por encima de la Constitución.
El derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo son garantías consagradas en la Constitución Política. Las Constituciones se crearon para proteger al ciudadano de los abusos de los gobernantes. Estos derechos en su mayoría son lo suficientemente amplios y claramente explicados como para que no se requiera mayor elaboración para su aplicación y respeto. Por alguna razón perversa, los gobiernos que padecemos en Latinoamérica tienen una concepción trastocada de los roles. Los gobiernos democráticos no fueron instituidos para dar graciosas concesiones a los ciudadanos, sino para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente y sin obstáculos las garantías que les reconocen la Constitución y las leyes. En este marco de ideas, es realmente sorprendente que los latinoamericanos nos declaremos perplejos ante nuestro subdesarrollo frente a los constantes progresos del mundo desarrollado. Los neoizquierdistas extienden su dedo acusador y señalan las reformas estructurales del Consenso de Washington como fracasadas. Lo que no dicen es que lo que no se ha reformado todavía es la perversa y paralizante burocracia. El mejor ejemplo para explicar nuestro subdesarrollo está en la investigación de Hernando de Soto y su intento de abrir un taller en Lima y el mismo negocio en Miami. Mientras en Perú el trámite, sin coimas, demoró unos nueve meses, en Miami, sin coimas tampoco, demoró una tres horas. Por supuesto que seguiremos a la zaga si los norteamericanos nos llevan en cualquier emprendimiento por lo menos nueve meses de ventaja. ¿Y esto gracias a quién? A los pequeños virreyes que piensan que sus sellos están por encima de la Constitución.
