La pobreza y el gasto público
A pesar que Panamá es un país de gran potencial, presenta un cuadro de pobreza desalentador. Existen comunidades con carencias simultáneas en alfabetización, ingresos y servicios básicos, mediante lo cual se pueden identificar lugares críticos de la pobreza más aguda. El 40.5 por ciento de los panameños son pobres, y el 26.5 por ciento son pobres extremos. En otras palabras, más de la mitad está en problemas. Estas cifras reflejan una masiva pobreza rural, una creciente pobreza urbana, una oculta pobreza afropanameña y una abismal pobreza indígena. Esta situación paupérrima deriva principalmente de la falta de eficacia en la gestión del gasto público dentro del contexto de una política social adecuada. A pesar del alto gasto público en los sectores sociales, la falta de eficiencia ha impedido mejores resultados. Aún cuando el Gobierno ha tratado de compensar algunos de estos sesgos que afectan a los pobres desarrollando una serie de programas, podría mejorarse con un nivel de gasto más efectivo y mediante el mejoramiento sistemático en la forma de entrega de los recursos.
En Panamá se asigna cerca de un 6 por ciento del PIB al gasto público en educación, lo que nos ubica entre los países con un mayor gasto en este renglón de América Latina. Y a pesar de que ese nivel pareciera ser adecuado, su distribución no es equitativa. En general, el gasto público en educación es regresivo y los no pobres se benefician más en términos absolutos. Es decir, mientras que los pobres representan el 40.5 por ciento de la población (sin contar los pobres extremos), sólo reciben el 28 por ciento del gasto público total en educación. La falta de equidad en el gasto público también se evidencia a nivel geográfico, a favor de las áreas urbanas y en desmedro de las áreas rurales indígenas y no indígenas. Y el mismo fenómeno de ineficiencia en el gasto ocurre con la salud pública. Es decir, a pesar de que el nivel de los recursos públicos a la atención de salud parece ser adecuado, la falta de eficiencia ha impedido que se logren mejores resultados de salud entre los pobres.
Panamá no merece ser un país pobre. Pero mientras tengamos gobernantes que derrochen el dinero y desaprovechen los recursos de una manera inhumana, jamás tendremos un verdadero desarrollo humano sostenible. El INDH debe servir no sólo de herramienta para reafirmar el compromiso que tiene el país de reforzar sus esfuerzos para combatir la pobreza, sino que debe ser campana de alarma a la ciudadanía de que, incluso en una acción noble como es la de cerrar la brecha entre ricos y pobres, existe la ineficiencia e incluso, nos atrevemos a apostar, la corrupción, dada las cifras incongruentes que, teniendo un nivel alto de gasto público en educación y salud, tenemos resultados preocupantes.
En Panamá se asigna cerca de un 6 por ciento del PIB al gasto público en educación, lo que nos ubica entre los países con un mayor gasto en este renglón de América Latina. Y a pesar de que ese nivel pareciera ser adecuado, su distribución no es equitativa. En general, el gasto público en educación es regresivo y los no pobres se benefician más en términos absolutos. Es decir, mientras que los pobres representan el 40.5 por ciento de la población (sin contar los pobres extremos), sólo reciben el 28 por ciento del gasto público total en educación. La falta de equidad en el gasto público también se evidencia a nivel geográfico, a favor de las áreas urbanas y en desmedro de las áreas rurales indígenas y no indígenas. Y el mismo fenómeno de ineficiencia en el gasto ocurre con la salud pública. Es decir, a pesar de que el nivel de los recursos públicos a la atención de salud parece ser adecuado, la falta de eficiencia ha impedido que se logren mejores resultados de salud entre los pobres.
Panamá no merece ser un país pobre. Pero mientras tengamos gobernantes que derrochen el dinero y desaprovechen los recursos de una manera inhumana, jamás tendremos un verdadero desarrollo humano sostenible. El INDH debe servir no sólo de herramienta para reafirmar el compromiso que tiene el país de reforzar sus esfuerzos para combatir la pobreza, sino que debe ser campana de alarma a la ciudadanía de que, incluso en una acción noble como es la de cerrar la brecha entre ricos y pobres, existe la ineficiencia e incluso, nos atrevemos a apostar, la corrupción, dada las cifras incongruentes que, teniendo un nivel alto de gasto público en educación y salud, tenemos resultados preocupantes.
