La Policía, los adolescentes y el delito
Los adolescentes, como siempre y como en el título de este editorial, están en medio de las cosas. Están en medio de la Policía, que debe mantener el orden y cuidar de la vida y bienes de las personas en todo el territorio, y las actividades del crimen organizado, que los utiliza como peones en la guerra entre pandillas que azota al país.
El Código de la Familia, que entró en vigencia en 1995, creó la Policía de Menores, como un organismo que debía intervenir para proteger a las personas menores de edad, pues hay un inmenso número de incidentes delictivos en que niños, niñas y adolescentes llevan la triste parte de víctimas del delito. El Código no consagró un régimen penal para los casos en que los menores de edad tuviesen el rol agresor y quebrantaran la ley penal. El defecto fue resuelto años después con la Ley 40 de 1999, que creó una Unidad Especial de Adolescentes en la Policía Nacional, precisamente para perseguir a los adolescentes que se vinculan a actividades delictivas.
Hoy, la Policía de Menores se llama Policía de Niñez y Adolescencia y juega un papel valioso en la protección de toda persona menor de edad cuya integridad está amenazada, o ha sido vulnerada.
Aunque haya voces de particulares que no entiendan el papel de la Policía en la persecución del delito y quieran resolver todas las cosas en el ámbito policial, ha mostrado hasta ahora un inquebrantable compromiso de actuar dentro de los confines que le marcan la Constitución y las leyes. Esto significa que no pueden solucionarlo todo, porque su responsabilidad tiene límites y donde ella termina comienza la de otros entes: las fiscalías y los tribunales de justicia. La Constitución le obliga a poner a órdenes del Ministerio Público a toda persona que haya sido retenida, aprehendida o capturada, dentro de las 24 horas siguientes.
Es una insensatez plantear que el problema de la llamada delincuencia juvenil debe resolverlo la Policía. Mejor que la Policía ni lo intente, porque podría dar al traste con su papel en una sociedad democrática.