La política criminal

Por definición las políticas de Estado son las orientaciones o directrices que rigen la actuación de los funcionarios o las entidades públicas en un asunto o campo determinado. En materia criminal, serían las doctrinas y preceptos a seguir para el combate del delito en sus diversas manifestaciones. No ha de limitarse a la represión de los actos y los actores criminales, sino que incluye prevención, rehabilitación e inserción social.
La aprobación de leyes para el combate de la criminalidad en un contexto sociológico determinado, puede resultar una gota en el océano si dicha acción no responde a una política estructurada. Palos de ciego, al decir del imaginario popular.
Es la política criminal la que ayudará a determinar el número ideal del pie de fuerza de las diferentes policías; la sofisticación de los recursos; la inclusión en los currículos escolares del tema ético; la dureza, o no, de las sanciones en determinado tipo penal; los parámetros para el manejo de la estadística; los criterios que deben regir el tratamiento de los actos de corrupción.
Emprender alguna de estas acciones sin antes tener una política criminal definida, es poner la carreta delante de los bueyes, y más temprano que tarde nos daremos cuenta que malgastamos el tiempo y la energía.
Ahora, si bien el diseño y emprendimiento de esta política le compete al gobierno, no es una tarea para un solo sector. Debiera ser un objetivo de Estado, donde nos veamos involucrados todos. No puede ser que cambie cada cinco años, cuando cada uno de los grupos políticos accede al poder. Hacer esto último equivale a estar reemplazando el cargador del fusil, aunque esté lleno, en medio de la refriega.