La política económica en su laberinto
El anuncio de la caída significativa del Indicador Mensual de Actividad Económica en el mes de mayo aparece, sin dudas, como un rayo inesperado en el cielo sereno del conocido grupo de economistas neoliberales, enquistados desde siempre en el Ministerio de Economía y Finanzas y las sempiternas empresas consultoras oficiosas. Estos, pese a las advertencias en torno a la inminencia de la crisis, hicieron lo imposible para argumentar que la economía panameña se encontraba blindada frente a la crisis y que esta, además, mostraba un sano nivel de desacoplamiento con respecto a la economía norteamericana. La crisis, sin embargo, ha terminado tocando las puertas al país, en condiciones tales que sus efectos resultan lo suficientemente amenazantes como para que la CEPAL pronostique que estos pueden llevar a la pérdida de 80 mil puestos de trabajo. En este marco lo que resulta más dramático es que las noveles autoridades económicas no han sido capaces de concebir un plan, aunque sea medianamente articulado, para enfrentar la coyuntura en beneficio de la población. Esto puede deberse a varias causas.
La primera de estas está dada por la propia concepción del presidente en ejercicio, quien equivocadamente, siguiendo la línea de los economistas neoliberales, pensó, de acuerdo a declaraciones ofrecidas al periódico Capital, que la crisis internacional terminaría hacia diciembre del presente año, seguida de una recuperación vigorosa que podría servir de plataforma a la recuperación panameña. Así mismo, el presidente de la república, en un artículo publicado hace algún tiempo en el diario La Prensa, argumentó que la salida a la crisis estaba en la expansión de las exportaciones. Desgraciadamente la salida de las exportaciones aparece bloqueada por la situación depresiva de los mercados internacionales, mientras que el momento de inicio de la recuperación internacional no solo aparece incierto, sino que ahora se entiende que la misma será, tal como lo ha reconocido el propio Bernanke, apenas gradual.
Una segunda razón se debe a las dificultades de implementar lo que hemos llamado el keynesianismo adulterado, las que se han elevado recientemente. Es así que pese a la aprobación de un marco legal que permite un gasto público que genere un déficit de hasta el 3 por ciento del PIB, el actual gobierno parece haberse congelado frente a las recomendaciones de julio de este año del FMI, quien considera que el país no debe pasar de un déficit del uno por ciento del PIB, de manera que la respuesta a la reducción de las recaudaciones debe ser la contracción del gasto público.
La tercera razón es que, por razones estructurales, resulta difícil pensar que un gobierno dominado por el sector comercial tome algunas medidas que, aunque sencillas, son esenciales para enfrentar la crisis. Es así, por ejemplo, que sería factible elevar el empleo protegiendo al productor nacional de bienes básicos, si a la par se reducen los aranceles de las materias primas utilizadas, se rompe con la especulación de los oligopolios del comercio y se decreta un aumento general de salarios, que permita restablecer la capacidad adquisitiva de los trabajadores, generando un inmediato incremento de la demanda efectiva por bienes básicos.
Otra vez el conflicto de interés parece jugar en contra de los intereses nacionales. Esto lleva a reiterar la necesidad de desarrollar un proyecto alternativo desde una perspectiva nacional, popular, democrática y sostenible.
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