La política indigenista del gobierno
Poco o nulo han sido los aportes de los gobiernos a favor de los primeros y autóctonos pobladores del Istmo, a pesar de que por orden constitucional tienen iguales derechos que los que habitan los demás territorios que conforman nuestra geografía. La lucha generacional que han librado estos pueblos, se refleja con algunas conquistas, que van desde la delimitación de sus territorios (comarcas, reservas, etc.), la preservación de sus idiomas y costumbres, hasta la inserción en los asuntos y decisiones políticas del estado.
La actual administración de gobierno -a diferencia de las que le han antecedido- ha dado muestra de voluntad política al solidarizarse con el clamor de las diferentes etnias, quienes lo han manifestado a través de sus asambleas (Congreso Regional, General y Nacional). A pesar del poco tiempo de gestión se nota el aporte, al menos en la asistencia de los servicios básicos de educación y salud. La demarcación de sus territorios (Para la creación de comarcas, reservas, corregimientos, etc.) son algunas acciones, que anteriores gobiernos no se dispusieron a realizar.
Esta acción de convivencia entre el gobierno central y las dirigencias indígenas, han abierto las puertas a los organismos internacionales e instituciones no gubernamentales, que colaboran con el desarrollo de estos pueblos. Ello queda demostrado al comparar la cantidad de proyectos que se están ejecutando, en las diferentes regiones indígenas, en comparación a los anteriores gobiernos, que sólo buscaban el beneficio político a costilla de la ayuda extranjera, sin importar las condiciones deplorables en que vive esta gente.
La política del gobierno para con las áreas indígenas se basa en una agenda social que destaca minimizar los niveles de pobreza, sin menoscabar su estilo de vida y los inherentes a ella, como lo son: La desnutrición infantil, focos epidémicos por falta de servicios básicos y el analfabetismo en la mayor parte de la población, entre otros. La capacitación a funcionarios que laboran en la gestión local-municipal, así como a los que ejercen funciones como autoridades tradicionales, son parte de un programa que apunta hacia el bienestar de la familia indígena, y el fortalecimiento de sus costumbres y cultura conservacionista de un legado ancestral.
Lo último que se está implementando de la agenda social para las áreas indígenas se inició con la entrega de un proyecto habitacional en Ailigandí, comarca Kuna Yala. Ningún gobierno anterior tubo esta iniciativa, ya sea por razones políticas, de cultura o simplemente de incapacidad y egoísmo. La dinámica de este proyecto de vivienda se va a llevar a todas las comarcas y áreas indígenas y el mismo seguirá conservando las especificaciones tradicionales de cada una de las etnias existentes.
No existen dudas que las condiciones están dadas para que se fortalezcan las relaciones entre las autoridades tradicionales (apegadas a criterios conservadores) y el gobierno central, en pro de acabar con posturas y prácticas discriminatorias de antaño que en nada benefician el desarrollo de esos pueblos y la integración -al menos- para convivir y compartir un solo territorio. Como panameños tiene los mismos derechos al disfrute de los beneficios por ejemplo, los de carácter básico- que el Estado, por ley, provee a todos los que pueblan el territorio nacional.
La actual administración de gobierno -a diferencia de las que le han antecedido- ha dado muestra de voluntad política al solidarizarse con el clamor de las diferentes etnias, quienes lo han manifestado a través de sus asambleas (Congreso Regional, General y Nacional). A pesar del poco tiempo de gestión se nota el aporte, al menos en la asistencia de los servicios básicos de educación y salud. La demarcación de sus territorios (Para la creación de comarcas, reservas, corregimientos, etc.) son algunas acciones, que anteriores gobiernos no se dispusieron a realizar.
Esta acción de convivencia entre el gobierno central y las dirigencias indígenas, han abierto las puertas a los organismos internacionales e instituciones no gubernamentales, que colaboran con el desarrollo de estos pueblos. Ello queda demostrado al comparar la cantidad de proyectos que se están ejecutando, en las diferentes regiones indígenas, en comparación a los anteriores gobiernos, que sólo buscaban el beneficio político a costilla de la ayuda extranjera, sin importar las condiciones deplorables en que vive esta gente.
La política del gobierno para con las áreas indígenas se basa en una agenda social que destaca minimizar los niveles de pobreza, sin menoscabar su estilo de vida y los inherentes a ella, como lo son: La desnutrición infantil, focos epidémicos por falta de servicios básicos y el analfabetismo en la mayor parte de la población, entre otros. La capacitación a funcionarios que laboran en la gestión local-municipal, así como a los que ejercen funciones como autoridades tradicionales, son parte de un programa que apunta hacia el bienestar de la familia indígena, y el fortalecimiento de sus costumbres y cultura conservacionista de un legado ancestral.
Lo último que se está implementando de la agenda social para las áreas indígenas se inició con la entrega de un proyecto habitacional en Ailigandí, comarca Kuna Yala. Ningún gobierno anterior tubo esta iniciativa, ya sea por razones políticas, de cultura o simplemente de incapacidad y egoísmo. La dinámica de este proyecto de vivienda se va a llevar a todas las comarcas y áreas indígenas y el mismo seguirá conservando las especificaciones tradicionales de cada una de las etnias existentes.
No existen dudas que las condiciones están dadas para que se fortalezcan las relaciones entre las autoridades tradicionales (apegadas a criterios conservadores) y el gobierno central, en pro de acabar con posturas y prácticas discriminatorias de antaño que en nada benefician el desarrollo de esos pueblos y la integración -al menos- para convivir y compartir un solo territorio. Como panameños tiene los mismos derechos al disfrute de los beneficios por ejemplo, los de carácter básico- que el Estado, por ley, provee a todos los que pueblan el territorio nacional.
