La potestad judicial y la criminalidad
Debo expresarles que en nuestro país el uso excesivo de la prisión preventiva, y más ahora con el aumento de las penas, la sociedad va a ejercer una presión más amplia sobre el sistema penitenciario.
Alrededor de 10,234 personas constituye la población penal hasta la fecha de octubre de 2009. La preocupación recurrente de algunos estratos sociales y estamentos de gobierno, se ha traducido en periódicos intentos de disminuir el volumen de la población penal, entre estos los más cómodos han sido dar libertad condicional en esta época del año(Oct./Nov./Dic.). Se estima que el promedio del año está en los 11,100 internos. Lamentablemente, no se ha logrado dar una respuesta que aborde integralmente los problemas de las cárceles. Un poder judicial lento y una carencia sistemática de infraestructura penitenciaria, ha llevado a que la población de la cárcel, además de estar hacinada, sea pobre, analfabeta, violenta y reincidente.
Quizás la manifestación más interesante de esta línea a realizar, sea los alentadores esfuerzos por abordar la rehabilitación del hombre por dentro, como diría un gran humanista: “Matar al criminal y salvar al hombre”.
Según las estadísticas, en el año 2004, la relación entre ciudadanos sindicados y detenidos fue de 1 a 3 y hoy en día sigue en aumento, lo que nos permite deducir que entre más bajo es el nivel de detenidos, así mismo bajará el nivel de sindicados. Esto nos permitirá concluir que la población penal debe disminuir y por ende el hacinamiento. Si consigo menos hacinamiento, con esto puedo tener más capacidad de acción con el mismo presupuesto y conseguir altos niveles de resocialización que a su vez conlleva menos reincidencias delincuenciales, dándonos la seguridad ciudadana que se pide a gritos.
De hecho nada de esto se consigue sin metas y sin una política de Estado que integre la participación de la sociedad civil en programas sociales relacionados y en una concienciación efectiva de jueces y corregidores que ayuden a disminuir esos índices de detenidos bajando esa relación sindicado-detenido.
Para Centroamérica y Panamá (año 2000) se registraron 165 reclusos en promedio por 100,000 habitantes y 335 reclusos por 100,000 habitantes respectivamente.
Vemos pues que Panamá tiene un índice extremo y crítico de población penal que se mantiene alto con relación a otros países, siendo el país con las tasas más altas en América Latina.
Un porcentaje óptimo de internos sin condena en América debería ser de un 20% como refleja Costa Rica con un 24%. El promedio ideal de 73 presos por 100,000 habitantes para cualquier país de América, representaría un valor importante que evitaría la mayoría de los problemas básicos que se presentan actualmente en los sistemas penitenciarios y por ende en la sociedad.
Para entrar en el promedio adecuado, Panamá debería mantener aproximadamente de 2,555 a 5,000 internos en las cárceles. Para esto repito debe erradicarse la corrupción de abogados y funcionarios públicos que propician el mal ejemplo, evitar el uso excesivo de la prisión preventiva de “Detener por detener” y de “Sancionar por sancionar”(Policías, Corregidores de Policía y Jueces) y aumentar el ritmo de los procesos judiciales (Presos sin sentencia definitiva), para alejar al detenido preventivo del contagio criminal.
* Director Ejecutivo de la Confraternidad Carcelaria de Panamá.
