La propuesta del Viceministerio de Educación Superior
Como conclusión del "Diálogo por la Educación Nacional" convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se estableció la propuesta de la creación de un Viceministerio de Educación Superior, como entidad reguladora de universidades oficiales y particulares del país, tal como se divulgó en los medios de comunicación en las pasadas semanas.
Lo curioso de la mencionada propuesta es que se dice que fue consensuada a lo interno de ese foro de discusión, pero lo cierto es que en éste no hubo participación oficial de la Universidad de Panamá, la cual representa a más del 80% de la matrícula de la educación terciaria en nuestro país.
Resulta preocupante y reprochable este tipo de prácticas e iniciativas de presentar propuestas de leyes, decretos o reglamentaciones al margen -y hasta en contra- de los actores involucrados y mucho más en los actuales momentos en que la Universidad está abocada a un proceso de discusión interna en torno al anteproyecto de ley universitaria, que comprende a los diversos estamentos universitarios.
Este Viceministerio tendría la función de aprobar los planes y programas de estudios de las diversas carreras ofrecidas por las universidades oficiales y particulares. A través de Decreto se reglamentaría esta oficina, que contaría con departamentos técnicos como el de evaluación, homologación, acreditación, planificación, promoción y seguimiento de calidad. Asimismo, implica constituir un Consejo Nacional de Educación Superior, como órgano consultivo y propositivo, presidido por el Ministro de Educación.
Debemos anotar que esta propuesta, de materializarse en Decreto o Ley, no sólo pecaría autoritaria e inconsulta, sino que atentaría directamente contra la Constitución Política que consagra claramente la autonomía de la cual debe gozar la universidad oficial, a la que le atribuye la facultad fiscalizadora de las universidades particulares de manera de "garantizar los títulos que expidan".
222Debemos anotar que esta propuesta, de materializarse en Decreto o Ley, no sólo pecaría autoritaria e inconsulta, sino que atentaría directamente contra la Constitución...
De otra parte, este proyecto coincide con un anteproyecto de ley de la Educación Superior, presentado por el Consejo de Rectores a la Asamblea Legislativa el año pasado, que se inscribe en la dinámica de privatización de la educación impulsada por las corrientes neoliberales expresadas en las políticas financieras de las instituciones de crédito internacional, de las cuales se hacen eco nuestros gobiernos.
Sólo así se explica la afirmación del Banco Mundial, de que la educación superior no es prioritaria y, en consecuencia, su presión al Gobierno Nacional para que se recorten los subsidios estatales a las universidades oficiales: recordemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que modificó el artículo 63 de la Ley universitaria y que posibilita que las partidas presupuestarias asignadas sean inferiores a las del año anterior; así como las violaciones flagrantes a la autonomía de la Universidad de Panamá perpetradas en diciembre de 1998 y octubre de 2001 por la Policía Nacional; los subsidios estatales indirectos a las universidades particulares de organismos como el IFARHU; y medidas adoptadas a lo interno de nuestra Casa de Estudios como la concesión de servicios de Internet a consorcios privados extranjeros sin pasar por los trámites de licitación pública o concurso de precios como exige la ley de contratación pública.
Los universitarios y universitarias exigimos que se respete la autonomía de la Casa de Méndez Pereira, nuestra capacidad de llegar a consensos internos en torno a una ley universitaria y el fin supremo de la institución, que no es el de entrar desesperadamente al mercado o llevar el mercado a la universidad, sino el de contribuir al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo integral del país, como reza la actual ley universitaria.
Lo curioso de la mencionada propuesta es que se dice que fue consensuada a lo interno de ese foro de discusión, pero lo cierto es que en éste no hubo participación oficial de la Universidad de Panamá, la cual representa a más del 80% de la matrícula de la educación terciaria en nuestro país.
Resulta preocupante y reprochable este tipo de prácticas e iniciativas de presentar propuestas de leyes, decretos o reglamentaciones al margen -y hasta en contra- de los actores involucrados y mucho más en los actuales momentos en que la Universidad está abocada a un proceso de discusión interna en torno al anteproyecto de ley universitaria, que comprende a los diversos estamentos universitarios.
Este Viceministerio tendría la función de aprobar los planes y programas de estudios de las diversas carreras ofrecidas por las universidades oficiales y particulares. A través de Decreto se reglamentaría esta oficina, que contaría con departamentos técnicos como el de evaluación, homologación, acreditación, planificación, promoción y seguimiento de calidad. Asimismo, implica constituir un Consejo Nacional de Educación Superior, como órgano consultivo y propositivo, presidido por el Ministro de Educación.
Debemos anotar que esta propuesta, de materializarse en Decreto o Ley, no sólo pecaría autoritaria e inconsulta, sino que atentaría directamente contra la Constitución Política que consagra claramente la autonomía de la cual debe gozar la universidad oficial, a la que le atribuye la facultad fiscalizadora de las universidades particulares de manera de "garantizar los títulos que expidan".
222Debemos anotar que esta propuesta, de materializarse en Decreto o Ley, no sólo pecaría autoritaria e inconsulta, sino que atentaría directamente contra la Constitución...
De otra parte, este proyecto coincide con un anteproyecto de ley de la Educación Superior, presentado por el Consejo de Rectores a la Asamblea Legislativa el año pasado, que se inscribe en la dinámica de privatización de la educación impulsada por las corrientes neoliberales expresadas en las políticas financieras de las instituciones de crédito internacional, de las cuales se hacen eco nuestros gobiernos.
Sólo así se explica la afirmación del Banco Mundial, de que la educación superior no es prioritaria y, en consecuencia, su presión al Gobierno Nacional para que se recorten los subsidios estatales a las universidades oficiales: recordemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que modificó el artículo 63 de la Ley universitaria y que posibilita que las partidas presupuestarias asignadas sean inferiores a las del año anterior; así como las violaciones flagrantes a la autonomía de la Universidad de Panamá perpetradas en diciembre de 1998 y octubre de 2001 por la Policía Nacional; los subsidios estatales indirectos a las universidades particulares de organismos como el IFARHU; y medidas adoptadas a lo interno de nuestra Casa de Estudios como la concesión de servicios de Internet a consorcios privados extranjeros sin pasar por los trámites de licitación pública o concurso de precios como exige la ley de contratación pública.
Los universitarios y universitarias exigimos que se respete la autonomía de la Casa de Méndez Pereira, nuestra capacidad de llegar a consensos internos en torno a una ley universitaria y el fin supremo de la institución, que no es el de entrar desesperadamente al mercado o llevar el mercado a la universidad, sino el de contribuir al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo integral del país, como reza la actual ley universitaria.
