La protección interamericana de los Derechos Humanos
En mi artículo del pasado 12 de junio había adelantado que en uno posterior me ocuparía de la propuesta presentada por Costa Rica, y considerada durante la reciente Asamblea General de la OEA, para asignarles mayores recursos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa iniciativa, aunque apoyada en principio por todos los Estados miembros de la organización, no pudo materializarse en San José, pero sigue sobre el tapete y deberá ser concretada con alternativas prácticas y a corto plazo por el Consejo Permanente. Una de ellas, podría ser la presentada por Panamá, que explicaré más adelante.
La protección de los Derechos Humanos es, en primer lugar, una responsabilidad de cada Estado, mediante un adecuado régimen de garantías jurídicas y la existencia y funcionamiento de un sistema judicial que asegure su plena vigencia. En segundo lugar, como instancia supranacional, esa protección le corresponde a los mecanismos regionales y universales, previstos en los instrumentos jurídicos correspondientes.
La protección de los Derechos Humanos, en el ámbito regional americano le corresponde a la Comisión y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tienen su sede, respectivamente, en las ciudades de Washington y San José y que derivan la competencia para ejercer su función tutelar de la Convención Americana de los Derechos Humanos o "Pacto de San José", del Protocolo de San Salvador, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Panamá a firmado y ratificado todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre Derechos Humanos.
La convención ha sido ratificada por 24 países y la jurisdicción de la Corte aceptada por 21. Por consiguiente, todavía el sistema no es universal, en el ámbito continental.
El sistema de protección de los Derechos Humanos no es perfecto en ninguno de los estados americanos, ni siquiera en las democracias más evolucionadas del continente. Por tanto, a muchos estados les quedan asignaturas pendientes. Y entre ellas, las siguientes: a) la universalización del sistema interamericano, mediante la suscripción y ratificación del Pacto de San José y la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 2) la adecuación de las legislaciones nacionales y la observancia de los compromisos adquiridos como partes de la convención y 3) el reforzamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La propuesta de Costa Rica tiene dos elementos principales: asignarle más recursos a ambas instancias y permitir el acceso directo de los agraviados a la jurisdicción de la Corte. Y para ello propuso que se incremente gradualmente, hasta el 10%, en el plazo de 5 años, la asignación del Fondo Regular de la OEA destinada a la CIDH y a la Corte, que actualmente es del 5.8%, equivalente a 4.4 millones de dólares.
La OEA, como es conocido, arrastra insalvables estrecheces financieras que no podrán ser superadas mientras no se revise la actual escala de cuotas de sus miembros y se aumenten los recursos disponibles. De allí, la dificultad, destacada por varios países, para concretar la propuesta costarricense, pues para poder asignarle inmediatamente mayores recursos a la Comisión y la Corte hubiera sido necesario restarlos de otras asignaciones presupuestarias.
La propuesta panameña, presentada en su intervención ante la Asamblea General por el vicecanciller Harmodio Arias, fue que se considere separar del Fondo Regular el presupuesto de la Comisión y de la Corte. Por esa vía, podría lograrse sumar a la asignación actual, cuyo manejo se le daría a esas instancias, otras contribuciones voluntarias, por ejemplo, de países observadores o de fuentes privadas.
La propuesta panameña ha tenido reacciones favorables de varios países y estará a la consideración del Consejo Permanente cuando éste se ocupe del mandato que, para seguir tratando el tema, le confirió la Asamblea General.
El reforzamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es una aspiración compartida como fue ratificado en San José. Falta ahora concretarla y el camino propuesto por Panamá podría ser una de las vías más efectivas.
La protección de los Derechos Humanos es, en primer lugar, una responsabilidad de cada Estado, mediante un adecuado régimen de garantías jurídicas y la existencia y funcionamiento de un sistema judicial que asegure su plena vigencia. En segundo lugar, como instancia supranacional, esa protección le corresponde a los mecanismos regionales y universales, previstos en los instrumentos jurídicos correspondientes.
La protección de los Derechos Humanos, en el ámbito regional americano le corresponde a la Comisión y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tienen su sede, respectivamente, en las ciudades de Washington y San José y que derivan la competencia para ejercer su función tutelar de la Convención Americana de los Derechos Humanos o "Pacto de San José", del Protocolo de San Salvador, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Panamá a firmado y ratificado todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre Derechos Humanos.
La convención ha sido ratificada por 24 países y la jurisdicción de la Corte aceptada por 21. Por consiguiente, todavía el sistema no es universal, en el ámbito continental.
El sistema de protección de los Derechos Humanos no es perfecto en ninguno de los estados americanos, ni siquiera en las democracias más evolucionadas del continente. Por tanto, a muchos estados les quedan asignaturas pendientes. Y entre ellas, las siguientes: a) la universalización del sistema interamericano, mediante la suscripción y ratificación del Pacto de San José y la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 2) la adecuación de las legislaciones nacionales y la observancia de los compromisos adquiridos como partes de la convención y 3) el reforzamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La propuesta de Costa Rica tiene dos elementos principales: asignarle más recursos a ambas instancias y permitir el acceso directo de los agraviados a la jurisdicción de la Corte. Y para ello propuso que se incremente gradualmente, hasta el 10%, en el plazo de 5 años, la asignación del Fondo Regular de la OEA destinada a la CIDH y a la Corte, que actualmente es del 5.8%, equivalente a 4.4 millones de dólares.
La OEA, como es conocido, arrastra insalvables estrecheces financieras que no podrán ser superadas mientras no se revise la actual escala de cuotas de sus miembros y se aumenten los recursos disponibles. De allí, la dificultad, destacada por varios países, para concretar la propuesta costarricense, pues para poder asignarle inmediatamente mayores recursos a la Comisión y la Corte hubiera sido necesario restarlos de otras asignaciones presupuestarias.
La propuesta panameña, presentada en su intervención ante la Asamblea General por el vicecanciller Harmodio Arias, fue que se considere separar del Fondo Regular el presupuesto de la Comisión y de la Corte. Por esa vía, podría lograrse sumar a la asignación actual, cuyo manejo se le daría a esas instancias, otras contribuciones voluntarias, por ejemplo, de países observadores o de fuentes privadas.
La propuesta panameña ha tenido reacciones favorables de varios países y estará a la consideración del Consejo Permanente cuando éste se ocupe del mandato que, para seguir tratando el tema, le confirió la Asamblea General.
El reforzamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es una aspiración compartida como fue ratificado en San José. Falta ahora concretarla y el camino propuesto por Panamá podría ser una de las vías más efectivas.
