La PTJ y el compromiso democrático
La reestructuración de la PTJ debe ser el resultado de un debate público, racional y sincero en el que se evalúen serenamente las opciones viables. La intervención que, en el seno de la Comisión Legislativa de Gobierno y Asuntos Constitucionales, hizo hace poco Ricardo Arias Calderón, merece una consideración detenida. El líder histórico de la Democracia Cristiana panameña, hoy Partido Popular, tuvo la muy delicada tarea de asumir responsabilidades como vicepresidente de la República y Ministro de Gobierno en el período más difícil de nuestra historia patria, pues tras la invasión norteamericana de 1989 el aparato de seguridad del Estado panameño quedó gravemente disminuido.
El proyecto 294 del 2007, mediante el cual se desmantela la PTJ y se crean dos organismos separados, la DIJ y la OIJ, el primero adscrito a la Policía Nacional y el segundo al Ministerio Público, podría no ser la mejor solución. Las objeciones de Arias Calderón ponen de relieve que las reformas institucionales de este tipo deben ser cónsonas con el marco normativo que establece la Constitución. No se trata de decidir si la Policía Nacional puede o no puede realizar la función de investigación criminal. El problema está en que la actual Constitución no lo permite. También Arias Calderón adujo, entre otras razones, que no es conveniente para la democracia que el Ejecutivo tenga fácil acceso a influenciar las investigaciones criminales.
Nuestra historia abunda en razones para concluir que es muy riesgoso para todos los ciudadanos que el Órgano Ejecutivo se inmiscuya en asuntos que le competen a la justicia. No hay que olvidar que las leyes no se hacen para que las pongan en práctica los gobernantes buenos, sino para que no queden expuestos los derechos y las libertades ciudadanas, por muy malos que puedan ser los gobernantes que tengamos en el futuro próximo. El presidente Torrijos bien podría renovar ante la ciudadanía su compromiso con el fortalecimiento del régimen democrático, si presta atención a quien es, desde hace algunos años, su más valioso aliado estratégico en la construcción del Panamá democrático que todos queremos.
El proyecto 294 del 2007, mediante el cual se desmantela la PTJ y se crean dos organismos separados, la DIJ y la OIJ, el primero adscrito a la Policía Nacional y el segundo al Ministerio Público, podría no ser la mejor solución. Las objeciones de Arias Calderón ponen de relieve que las reformas institucionales de este tipo deben ser cónsonas con el marco normativo que establece la Constitución. No se trata de decidir si la Policía Nacional puede o no puede realizar la función de investigación criminal. El problema está en que la actual Constitución no lo permite. También Arias Calderón adujo, entre otras razones, que no es conveniente para la democracia que el Ejecutivo tenga fácil acceso a influenciar las investigaciones criminales.
Nuestra historia abunda en razones para concluir que es muy riesgoso para todos los ciudadanos que el Órgano Ejecutivo se inmiscuya en asuntos que le competen a la justicia. No hay que olvidar que las leyes no se hacen para que las pongan en práctica los gobernantes buenos, sino para que no queden expuestos los derechos y las libertades ciudadanas, por muy malos que puedan ser los gobernantes que tengamos en el futuro próximo. El presidente Torrijos bien podría renovar ante la ciudadanía su compromiso con el fortalecimiento del régimen democrático, si presta atención a quien es, desde hace algunos años, su más valioso aliado estratégico en la construcción del Panamá democrático que todos queremos.
