La puerta de entrada al Canal
A PRINCIPIOS de este año publiqué un artículo de opinión (Panamá América, 4 de abril, 2006) llamando la atención sobre el anuncio de un proyecto para construir un mega-puerto que la Presidencia de la República y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) están promoviendo y que en las próximas semanas a pesar de la oposición de varios sectores de la actividad económica será llevado a licitación pública internacional.
Mi oposición respecto a este proyecto la he reiterado en dos artículos posteriores (Panamá América, 21 de mayo y 1 de junio, 2006), por lo cual había decidido no volver a escribir sobre este tema, pero en el camino he encontrado una nueva razón de mucho peso para añadir a mis objeciones originales. No había tomado en cuenta el potencial que esa propiedad tiene como área turística y de uso residencial, hasta que leí un recién publicado artículo del ex-administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica, Licdo. Julio Ross Anguizola, al respecto.
Esto me motivó el domingo pasado a hacer el paseo hasta Veracruz (15 minutos desde Obarrio) y pude así reafirmar la belleza de esa área costera que bordea toda la entrada oeste del Canal. Al observar dicha franja de tierra costanera, ver los grandes barcos entrando y saliendo, la vista al puente de Las Américas y la calzada de Amador con sus islas, entendí que estaba frente al potencial más valioso que tiene nuestro país en materia de desarrollo urbano y de turismo.
De inmediato todas las objeciones de tipo técnico y financiero que le había encontrado al proyecto del puerto con anterioridad pasaron a segundo plano, nada resulta ahora para mí más contundente que el daño que se le haría al país si echamos a perder con un terminal de contenedores esta privilegiada entrada al Canal de Panamá.
Luego escuché la presentación del Ing. Herman Bern, propietario del hotel Playa Bonita en Kobee, quien explicó que de hacerse el puerto en esa ubicación se perdería la oportunidad de desarrollar unas 300 hectáreas de tierras para construcción de hoteles, viviendas, restaurantes y balnearios. Si consideramos que lotes de playa en el litoral pacífico a una hora de la ciudad se venden hoy en más de cien balboas el metro, estas tierras producirían unos 300 millones de balboas, suma esta que tomaría más de treinta años lograr con los supuestos ingresos de dicha concesión portuaria. Adicional al producto de estas ventas las inversiones en obras de construcción y empleos fijos que generarían localmente las actividades turísticas y residenciales superan varias veces la de un puerto, que en su mayoría serán productos importados.
No puedo pensar que las autoridades del turismo (IPAT), que las autoridades de protección al medio ambiente (ANAM), que la fundación del museo de la Biodiversidad (Ghery), que los inversionistas del área de Amador, que la oficina de la fenecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) o que las autoridades de Vivienda y Urbanismo (MIVI) no se hayan manifestado en contra de la "ubicación" de este proyecto (ni siquiera digo que opinen sobre el proyecto en sí). En consecuencia, este proyecto ha nacido sin tener los debidos estudios ecológicos, ni de factibilidad económica, ni de mercado (por lo menos nadie que conozco ha podido verlos) y es que, según el ex administrador Ross es a todas luces violatorio a la ley de uso de suelos de las áreas revertidas y, por lo tanto, será, sin lugar a dudas, objeto de toda clase de denuncias y demandas de inseguridad jurídica (ya se han presentado algunas). Por lo tanto vuelvo a pedir al Sr. Presidente y al Sr. Vicepresidente promotores de este proyecto, que suspendan el acto público programado para fin de mes y escuchen los planteamientos que han hecho expertos de diferentes sectores que serán afectados por esta mega obra antes de dañar para siempre el potencial turístico y habitacional que nos ofrece la "puerta de entrada al Canal".
Mi oposición respecto a este proyecto la he reiterado en dos artículos posteriores (Panamá América, 21 de mayo y 1 de junio, 2006), por lo cual había decidido no volver a escribir sobre este tema, pero en el camino he encontrado una nueva razón de mucho peso para añadir a mis objeciones originales. No había tomado en cuenta el potencial que esa propiedad tiene como área turística y de uso residencial, hasta que leí un recién publicado artículo del ex-administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica, Licdo. Julio Ross Anguizola, al respecto.
Esto me motivó el domingo pasado a hacer el paseo hasta Veracruz (15 minutos desde Obarrio) y pude así reafirmar la belleza de esa área costera que bordea toda la entrada oeste del Canal. Al observar dicha franja de tierra costanera, ver los grandes barcos entrando y saliendo, la vista al puente de Las Américas y la calzada de Amador con sus islas, entendí que estaba frente al potencial más valioso que tiene nuestro país en materia de desarrollo urbano y de turismo.
De inmediato todas las objeciones de tipo técnico y financiero que le había encontrado al proyecto del puerto con anterioridad pasaron a segundo plano, nada resulta ahora para mí más contundente que el daño que se le haría al país si echamos a perder con un terminal de contenedores esta privilegiada entrada al Canal de Panamá.
Luego escuché la presentación del Ing. Herman Bern, propietario del hotel Playa Bonita en Kobee, quien explicó que de hacerse el puerto en esa ubicación se perdería la oportunidad de desarrollar unas 300 hectáreas de tierras para construcción de hoteles, viviendas, restaurantes y balnearios. Si consideramos que lotes de playa en el litoral pacífico a una hora de la ciudad se venden hoy en más de cien balboas el metro, estas tierras producirían unos 300 millones de balboas, suma esta que tomaría más de treinta años lograr con los supuestos ingresos de dicha concesión portuaria. Adicional al producto de estas ventas las inversiones en obras de construcción y empleos fijos que generarían localmente las actividades turísticas y residenciales superan varias veces la de un puerto, que en su mayoría serán productos importados.
No puedo pensar que las autoridades del turismo (IPAT), que las autoridades de protección al medio ambiente (ANAM), que la fundación del museo de la Biodiversidad (Ghery), que los inversionistas del área de Amador, que la oficina de la fenecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) o que las autoridades de Vivienda y Urbanismo (MIVI) no se hayan manifestado en contra de la "ubicación" de este proyecto (ni siquiera digo que opinen sobre el proyecto en sí). En consecuencia, este proyecto ha nacido sin tener los debidos estudios ecológicos, ni de factibilidad económica, ni de mercado (por lo menos nadie que conozco ha podido verlos) y es que, según el ex administrador Ross es a todas luces violatorio a la ley de uso de suelos de las áreas revertidas y, por lo tanto, será, sin lugar a dudas, objeto de toda clase de denuncias y demandas de inseguridad jurídica (ya se han presentado algunas). Por lo tanto vuelvo a pedir al Sr. Presidente y al Sr. Vicepresidente promotores de este proyecto, que suspendan el acto público programado para fin de mes y escuchen los planteamientos que han hecho expertos de diferentes sectores que serán afectados por esta mega obra antes de dañar para siempre el potencial turístico y habitacional que nos ofrece la "puerta de entrada al Canal".
