La reforma penal al tapete

En los próximos días la Comisión Codificadora Penal entregará al Ejecutivo dos anteproyectos de códigos nacionales, uno penal y otro procesal penal. El primero contiene el catálogo de delitos y sanciones correspondientes; el segundo, una reglamentación del procedimiento que deberá utilizarse para comprobar la responsabilidad de las personas acusadas de violar la ley penal. Según lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia, el Ejecutivo deberá someter estos proyectos a la Asamblea Nacional, para que ésta les imprima el debate correspondiente junto con la debida consulta a los sectores organizados de la sociedad. De la aprobación de estos nuevos códigos depende la modernización de la justicia penal, cuya necesidad debe evaluarse a partir del desastroso estado en que se encuentra el sistema penitenciario, que con su sobredosis diaria de ineficiencia y corrupción lesiona la dignidad de los internos y genera una injusta severidad. La sociedad necesita instituciones de justicia penal que sean efectivas en la persecución del delito, pues, como ya dijo el Marqués de Beccaria hace más de doscientos años, de la certeza de las sanciones depende la prevención del delito. Y para que esa certeza se dé en la práctica es de vital importancia que el procedimiento sea sencillo y rápido, esto es, fácilmente comprensible para ciudadanos sin mayor educación y capaz de definir prontamente la situación jurídica de las personas que son investigadas o se encuentran en proceso. Recordemos que la justicia tardía no es justicia, porque a medida que se alarga el tiempo que transcurre entre la comisión del delito y la sentencia, mayor es el riesgo de que la verdad no prevalezca y la reparación que se busca no se produzca en la realidad. El debate de los nuevos códigos debe ser amplio y debe contar con una activa participación de la sociedad civil, particularmente los gremios de profesionales y las universidades.