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La responsabilidad del tercer juego de esclusas


Por trabajar en los estudios del tercer juego de esclusas que culminaron en 1993, conozco el impacto económico, financiero, social, ecológico y político de ese proyecto. La magnitud y las repercusiones a corto y largo plazo son tales que no puedo dejar de opinar sólo porque eso pareciera incomodar a algunos. Me refiero a asuntos como:
a)Una posible disminución en los dineros que el Tesoro Nacional debe recibir de los ingresos del Canal para destinarlos al pago de deuda. Una posible disminución en la capacidad del gobierno de obtener préstamos para proyectos, como nueva infraestructura y el mantenimiento de la existente. En esto, el impacto financiero debe ser evaluado en el contexto de la situación económica presente y sus limitaciones, y de la capacidad real del país de mantener su flexibilidad financiera futura.
b)Existe la posibilidad de que la construcción del tercer juego de esclusas causará daños mayores en ciertas áreas del bosque y la biodiversidad en las cercanías del Canal. Debe darse la justificación y la prueba científica de que se ha medido la consecuencia y que se pueden tomar medidas para salvaguardar el medio ambiente.
c)El impacto social que resultaría de la relocalización de personas que residen y obtienen sus medios de subsistencia dentro del área y la reducción de la cantidad de tierra arable para dedicarla a los propósito del Canal.
d)El problema de desempleo que se producirá con la terminación de la obra y su impacto general en la economía,
e)Los trabajos de excavación impactarán el medio ambiente y el ecosistema. La disposición del material de excavación en el lado Pacífico afectaría la actividad pesquera por lo turbio del agua y la pérdida de la energía solar.
f)Las piletas que se han contemplado tendrán un impacto adverso por el aumento de la salinidad del agua. No son ecológicamente viables.
e)La posibilidad real de que los costos de construcción excedan los cálculos, como es frecuente en proyectos de esa magnitud, afectando los cálculos de rentabilidad del proyecto.
f)La posibilidad de que las tarifas de peajes que se estimen necesarias para recuperar la inversión hagan perder ahora o en el futuro la capacidad competitiva del Canal y, por lo tanto, alterando la viabilidad financiera.
g)La posibilidad de que los estimados de tránsito futuro no se materialicen, tomando en cuenta la demostrada imposibilidad de hacer proyecciones de largo plazo en un negocio que está sujeto a tantos factores incontrolables como: los cambios en los patrones de comercio y de transporte; agotamiento de yacimientos de recursos naturales que pasan por el Canal, como es posible que ocurra con el fosfato; la pérdida de capacidad competitiva de productos que pasan por la vía, siendo reemplazados por rubros de otras fuentes que no requieren del canal o porque su uso ha sido substituido por otro material, como ha sido el caso del carbón; la apertura de nuevas rutas de navegación como resultado del cambio climático; guerras; medidas restrictivas al comercio que de seguro impondrá EU a China cuando se haga más desequilibrada la balanza comercial, como lo han hecho con Japón.
Tomando en cuenta lo anterior en la Constitución de 1972 se incluyó un artículo, reformado en 1983, que requiere que los estudios, recomendaciones y contratos sean llevados a un referendo antes del inicio de los trabajos. Lo que se busca es que el gobierno defina las políticas y trate de construir consensos nacionales. Estos consensos incluirían temas políticamente sensitivos, como la deuda pública; influencia foránea; derechos y responsabilidades foráneos; contratación de técnicos extranjeros; impacto en la soberanía panameña.
Nadie tiene el derecho de asumir para sí la responsabilidad de este proyecto por más que reclame tener derechos privativos.

101 años de Panamá América

 
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