La responsabilidad penal familiar
Afirman los expertos que la etapa de la adolescencia es crucial en la formación de la personalidad del sujeto, y que el menor experimenta en esta fase, la necesidad irresistible de forjarse una identidad, la que entre otras formas expresa, oponiendo resistencia a toda forma de autoridad. En esta condición anímica inicia la construcción de su visión personal del futuro, resultando indispensable durante este proceso, la influencia familiar. Destacan también que la ausencia de la orientación familiar aparece registrada en el listado de causas de la delincuencia juvenil, en lugar de preferencia junto a la aparente flexibilidad de la legislación penal especial, el fracaso del sistema educativo, el absoluto relajamiento moral, y la injerencia perniciosa de los medios de comunicación, por señalar sólo algunas.
El fenómeno de la delincuencia juvenil demanda la atención estatal por tanto que constituye un factor incidente en el clima de inseguridad ciudadana, así como por la necesidad colectiva de ir al rescate del potencial productivo de ese relevo generacional. El elemento humano de recambio, garantiza la continuidad de la sociedad humana y de las metas y proyectos nacionales. La fortaleza de una nación se mide precisamente con base en la capacidad de las generaciones venideras de cumplir con los compromisos asumidos a largo plazo.
Todos los indicadores dan por desahuciadas a las presentes generaciones, desastre social por el que la familia y la autoridad deben ser sentadas a responder en el banquillo de los acusados por este fracaso. Aún así, estimamos que la autoridad merece un trato considerado, mientras que sobre la familia debe caer con firmeza el reproche por los actos delictivos cometidos por los menores. Salvo casos excepcionales, en la convivencia dentro del núcleo familiar, sólo es posible que el adolescente adquiera el sentido de conveniencia por el respeto a los valores de solidaridad, responsabilidad y honestidad, en la convivencia cotidiana dentro del núcleo familiar. En sentido contrario, medio de un ambiente plagado de violencia, temores y pesimismo, sólo es posible cultivar rencores, frustraciones y resentimientos, incentivos suficientes para atender sin reparos al llamado seductor del delito.
En el plano jurídico, la responsabilidad penal del menor es tema de candentes polémicas. Sin embargo, la comunidad censura el trato dispensado al menor delincuente, pues la flexibilidad de los correctivos disponibles lejos de producir un efecto ejemplarizante, incentiva a la reincidencia delictual. Pero, si la familia incumple con sus deberes de formar y orientar al menor; ¿por qué sancionar únicamente al menor por su comportamiento criminal? Con frecuencia escuchamos a los familiares que admiten con resignación que no saben cómo para disciplinar a sus hijos. La sociedad valida este justificante, y prefiere dirigir su dedo acusador hacia la autoridad pública.
El daño causado por el infractor juvenil, difícilmente encontrará justa retribución con el cautiverio. Por ello proponemos que la familia deba responder por la reparación de los perjuicios provocados, sin que cifremos las esperanzas de solución a este complicado problema social, en esta fórmula de composición. La experiencia nos demuestra que el temor al encierro no logra disuadir al menor; pero, tal vez provocaremos otras reacciones dentro de la familia, si quedan en la posición de responder ante la justicia, de manera solidaria, por los actos cometidos por sus menores bajo su responsabilidad.
El congestionamiento también se debe a que en el lugar hay también dos escuelas, el Instituto Bilingüe Las Cumbres y Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
Al igual que Fuentes, Ramírez coincide en que parte del asunto está relacionado con el paso de camiones de cemento y de materiales e incluso buses que entran y salen a menudo.
Ya los taxistas han optado por no llevar a las personas a sus casas, por lo que muchos tienen que ingeniárselas para conseguir transporte.
Ellos dicen que no es rentable llevar pasajeros a Villa Zaíta porque "los carros sufren mucho".
La modalidad de los "tapahuecos", como el de Villa Zaíta, se ha hecho popular en los últimos tiempos.
Alfredo Torres, en el distrito de Arraiján, también es un "tapahueco". Recientemente él contó a Panamá América que "con cemento, arena, agua y pala en mano", va parchando todos los huecos que encuentre a su paso.
El fenómeno de la delincuencia juvenil demanda la atención estatal por tanto que constituye un factor incidente en el clima de inseguridad ciudadana, así como por la necesidad colectiva de ir al rescate del potencial productivo de ese relevo generacional. El elemento humano de recambio, garantiza la continuidad de la sociedad humana y de las metas y proyectos nacionales. La fortaleza de una nación se mide precisamente con base en la capacidad de las generaciones venideras de cumplir con los compromisos asumidos a largo plazo.
Todos los indicadores dan por desahuciadas a las presentes generaciones, desastre social por el que la familia y la autoridad deben ser sentadas a responder en el banquillo de los acusados por este fracaso. Aún así, estimamos que la autoridad merece un trato considerado, mientras que sobre la familia debe caer con firmeza el reproche por los actos delictivos cometidos por los menores. Salvo casos excepcionales, en la convivencia dentro del núcleo familiar, sólo es posible que el adolescente adquiera el sentido de conveniencia por el respeto a los valores de solidaridad, responsabilidad y honestidad, en la convivencia cotidiana dentro del núcleo familiar. En sentido contrario, medio de un ambiente plagado de violencia, temores y pesimismo, sólo es posible cultivar rencores, frustraciones y resentimientos, incentivos suficientes para atender sin reparos al llamado seductor del delito.
En el plano jurídico, la responsabilidad penal del menor es tema de candentes polémicas. Sin embargo, la comunidad censura el trato dispensado al menor delincuente, pues la flexibilidad de los correctivos disponibles lejos de producir un efecto ejemplarizante, incentiva a la reincidencia delictual. Pero, si la familia incumple con sus deberes de formar y orientar al menor; ¿por qué sancionar únicamente al menor por su comportamiento criminal? Con frecuencia escuchamos a los familiares que admiten con resignación que no saben cómo para disciplinar a sus hijos. La sociedad valida este justificante, y prefiere dirigir su dedo acusador hacia la autoridad pública.
El daño causado por el infractor juvenil, difícilmente encontrará justa retribución con el cautiverio. Por ello proponemos que la familia deba responder por la reparación de los perjuicios provocados, sin que cifremos las esperanzas de solución a este complicado problema social, en esta fórmula de composición. La experiencia nos demuestra que el temor al encierro no logra disuadir al menor; pero, tal vez provocaremos otras reacciones dentro de la familia, si quedan en la posición de responder ante la justicia, de manera solidaria, por los actos cometidos por sus menores bajo su responsabilidad.
El congestionamiento también se debe a que en el lugar hay también dos escuelas, el Instituto Bilingüe Las Cumbres y Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
Al igual que Fuentes, Ramírez coincide en que parte del asunto está relacionado con el paso de camiones de cemento y de materiales e incluso buses que entran y salen a menudo.
Ya los taxistas han optado por no llevar a las personas a sus casas, por lo que muchos tienen que ingeniárselas para conseguir transporte.
Ellos dicen que no es rentable llevar pasajeros a Villa Zaíta porque "los carros sufren mucho".
La modalidad de los "tapahuecos", como el de Villa Zaíta, se ha hecho popular en los últimos tiempos.
Alfredo Torres, en el distrito de Arraiján, también es un "tapahueco". Recientemente él contó a Panamá América que "con cemento, arena, agua y pala en mano", va parchando todos los huecos que encuentre a su paso.
