La rutina de la arbitrariedad
Hay quienes creen que aún no ha llegado la hora de prestarle una atención seria y crítica para combatirla, a la arbitrariedad rampante que hace gala la mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Lamentablemente, son muchos más los que prefieren no darse cuenta del peligro real que representa -cada vez más- la arbitrariedad para nuestras garantías fundamentales y para las instituciones democráticas que debemos edificar en nuestra confundida sociedad. Los testimonios de casos de arbitrariedad se multiplican en los medios de comunicación, pero para nadie es un secreto que son muchos más los casos que no se llegan a conocer.
La arbitrariedad se define como un "acto injusto o ilegal, especialmente si lo comete persona constituida en autoridad". Por su parte, la rutina es la "costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas". Hoy, en Panamá, la arbitrariedad se ha vuelto rutina y los casos más cotidianos, flagrantes y masivos de la misma, para no hablar de las cárceles, son los que practica la policía de tránsito con los denominados "operativos" para pedirle la licencia a los conductores de vehículos, sean particulares o comerciales.
A tal grado ha llegado el abuso que, recientemente, un medio de comunicación escrito editorializaba sobre el tema, con un enérgico llamado de atención al Director de la Policía, señalando con justificada razón, entre otras cosas, que: "Creemos que ha llegado la hora en que los ciudadanos hagan uso del derecho que tienen a resistirse ante el abuso de una práctica ilegal, violatoria de la Constitución y basada en la arbitrariedad".
So pretexto de las "licencias vencidas", "revisados no realizados", "placas no pagadas", el Director de la Policía y sus comisionados (que dicho sea de paso son los que realmente mandan en esa militarizada institución), ordenan ilegalmente que se pisoteen los derechos y las garantías fundamentales. Olvidan alegremente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir, en todo momento y antes que nadie, con los deberes que les impone la ley. Pasan por alto que ellos deben servir a la comunidad y deben proteger a todas las personas contra actos ilegales y no practicarlos, como lo vienen haciendo. Con su actuación están irrespetando la dignidad humana, que ellos por su profesión están llamados a ser los primeros en proteger.
Para nadie es un secreto en este país que los "operativos", al igual que los "retenes", en la casi totalidad de los casos, son más para reprimir (multar), para corrupción (coimear) o para intimidar, siempre guiados por una conducta donde prevalece la arbitrariedad.
Es tiempo que los ciudadanos nos demos a la tarea de recordarles permanentemente a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y de manera muy especial a los jefes de la Policía Nacional, que cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debemos los ciudadanos también, multiplicar nuestros esfuerzos para exigir que se aplique la ley, con todo rigor, a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que ningún gobierno puede pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos, si no pueden o no quieren aplicarla contra sus propios agentes y sus propios organismos.
La corrupción, aliada principal de la rutina de la arbitrariedad que se practica en este país, abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto. Y como hay cada vez más autoridades nacionales que tienen el encargo de hacer cumplir la ley, inclinadas a actuar como Pilatos modernos, no está de más subrayarles que "tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le sostiene la pata".
Una vez más queremos reafirmar que, frente al rosario de abusos cotidianos que representan los "operativos" y "retenes", los ciudadanos debemos protestar y ponerle un alto a la extralimitación de funciones y al abuso de autoridad. De no actuar con celeridad y seriedad, mañana será muy tarde para las lamentaciones frente al autoritarismo de unos y el totalitarismo de otros. Hoy, más que nunca antes, actuemos para que las limitaciones legales se muevan dentro de los límites de los derechos fundamentales y que no sigan siendo obligados los derechos fundamentales a moverse dentro de las limitaciones legales impuestas por la rutina de la arbitrariedad.
La arbitrariedad se define como un "acto injusto o ilegal, especialmente si lo comete persona constituida en autoridad". Por su parte, la rutina es la "costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas". Hoy, en Panamá, la arbitrariedad se ha vuelto rutina y los casos más cotidianos, flagrantes y masivos de la misma, para no hablar de las cárceles, son los que practica la policía de tránsito con los denominados "operativos" para pedirle la licencia a los conductores de vehículos, sean particulares o comerciales.
A tal grado ha llegado el abuso que, recientemente, un medio de comunicación escrito editorializaba sobre el tema, con un enérgico llamado de atención al Director de la Policía, señalando con justificada razón, entre otras cosas, que: "Creemos que ha llegado la hora en que los ciudadanos hagan uso del derecho que tienen a resistirse ante el abuso de una práctica ilegal, violatoria de la Constitución y basada en la arbitrariedad".
So pretexto de las "licencias vencidas", "revisados no realizados", "placas no pagadas", el Director de la Policía y sus comisionados (que dicho sea de paso son los que realmente mandan en esa militarizada institución), ordenan ilegalmente que se pisoteen los derechos y las garantías fundamentales. Olvidan alegremente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir, en todo momento y antes que nadie, con los deberes que les impone la ley. Pasan por alto que ellos deben servir a la comunidad y deben proteger a todas las personas contra actos ilegales y no practicarlos, como lo vienen haciendo. Con su actuación están irrespetando la dignidad humana, que ellos por su profesión están llamados a ser los primeros en proteger.
Para nadie es un secreto en este país que los "operativos", al igual que los "retenes", en la casi totalidad de los casos, son más para reprimir (multar), para corrupción (coimear) o para intimidar, siempre guiados por una conducta donde prevalece la arbitrariedad.
Es tiempo que los ciudadanos nos demos a la tarea de recordarles permanentemente a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y de manera muy especial a los jefes de la Policía Nacional, que cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Debemos los ciudadanos también, multiplicar nuestros esfuerzos para exigir que se aplique la ley, con todo rigor, a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de corrupción, ya que ningún gobierno puede pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos, si no pueden o no quieren aplicarla contra sus propios agentes y sus propios organismos.
La corrupción, aliada principal de la rutina de la arbitrariedad que se practica en este país, abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto. Y como hay cada vez más autoridades nacionales que tienen el encargo de hacer cumplir la ley, inclinadas a actuar como Pilatos modernos, no está de más subrayarles que "tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le sostiene la pata".
Una vez más queremos reafirmar que, frente al rosario de abusos cotidianos que representan los "operativos" y "retenes", los ciudadanos debemos protestar y ponerle un alto a la extralimitación de funciones y al abuso de autoridad. De no actuar con celeridad y seriedad, mañana será muy tarde para las lamentaciones frente al autoritarismo de unos y el totalitarismo de otros. Hoy, más que nunca antes, actuemos para que las limitaciones legales se muevan dentro de los límites de los derechos fundamentales y que no sigan siendo obligados los derechos fundamentales a moverse dentro de las limitaciones legales impuestas por la rutina de la arbitrariedad.
