La seguridad ciudadana como política pública
Esperamos que la Caminata por la Paz del domingo pasado, se convierta en un inicio de un proceso que nos conduzca a un país donde la paz sea fruto de la justicia, y la seguridad pública vaya de la mano de la realización de los derechos humanos fundamentales de todos y todas. Ojalá que este esfuerzo expresión de la sociedad civil, no sea visto con indiferencia u hostilidad por parte del gobierno. El documento dado a conocer por esta cruzada, contiene elementos muy valiosos que deben enriquecerse con otros y nuevos aportes. En esta línea compartimos algunos elementos de uno reciente sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que también aportan:
Los países latinoamericanos presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población. El Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.
La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores.
La seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos, pues debe tener como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales. Asimismo deben abordar las causas de la criminalidad y la violencia.
El informe hace referencia a las obligaciones negativas y positivas de los Estados con respecto a los derechos humanos vinculados con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción, en especial los derechos de las víctimas de delitos frente a acciones violentas de actores estatales y no estatales.
Se exige políticas públicas sobre seguridad ciudadana que contemplen prioritariamente el funcionamiento de una estructura institucional eficiente que garantice a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito. Se señala la preocupación por las debilidades históricas en la creación de una institucionalidad en la región conducente a una adecuada gestión estatal en esta materia. Por ejemplo en la atención a las víctimas de la violencia y el delito; la privatización de los servicios de seguridad; la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales; y la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana. Finalmente, la perspectiva de los DDHH permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden político. (raulleisr@hotmail.com)
