La seguridad jurídica de los consumidores
Sin ser abogado, cualquier ciudadano común sabe que toda relación contractual justa, debe ser de mutuo beneficio. De lo contrario, se convierte en un documento en donde una parte abusa de la otra, amparándose en leguleyadas y tecnicismos tramposos. Sabemos también que toda relación contractual que ha sido negociada en términos dolosos o injustos, puede ser revisada y reformada o, mejor aún, repudiada y descartada por inconveniente y por estar viciada de mala fe desde el origen. Nadie está obligado a firmar algo que no le conviene y nadie, en su sano juicio, lo hace tampoco.
En Panamá, la reciente historia de las privatizaciones del IRHE y del INTEL, negociadas, impuestas y aprobadas al amparo de la noche y "aceitadas con mucho billete", son un vivo ejemplo de contratos lesivos a la Nación, que deben ser revisados a favor del público. Esos contratos de privatización de la luz y fuerza y de la telefonía representan actos pseudolegales, en los cuales se consagró el vulgar despojo de que fuimos víctimas todos los ciudadanos de este país, al venderse propiedad pública de interés estratégico nacional, sin habernos consultado siquiera (por vía de un referéndum), tal como correspondía. Si algo así hubiese sucedido en Estados Unidos, los autores morales y materiales de esta tamaña barbaridad, por su rapacidad o por su estupidez, estarían detrás de las rejas desde hace rato.
Dicho esto, nos sorprende ver la letanía reciente de tartufos y de fariseos que ahora se rasgan las vestiduras, exigiendo el "respeto a la seguridad jurídica" en torno a los nefastos contratos de privatización de los servicios públicos. Defensores oficiosos de cosas incorrectas. Para estos sujetos, dichos acuerdos desmedidos están escritos en piedra y las empresas en mención son intocables. Según ellos, los consumidores panameños debemos sufrir estoicamente y resignarnos. Nada más alejado de la verdad. Nada tan (convenientemente) falso como eso. Por si no lo saben (o no quieren saber), hace poco uno de estos mismos monopolios eléctricos abusivos fue sacado de República Dominicana. En la Argentina, el gobierno está retomando el control de varias empresas privatizadas estafadoras y en Colombia, está sucediendo los mismo. En Uruguay, acaban de rechazar la privatización mediante un referéndum nacional y lo mismo sucedió en Costa Rica.
La burbuja viciada de las privatizaciones, está reventando por doquier. Excepto aquí, en donde tienen algunos protectores serviciales, muy diligentes y con mucho poder, lo que les ha garantizado hacer lo que les da la gana y burlarse groseramente de la ciudadanía, hasta hoy.
Me sorprende, además, que muchos de los socorridos defensores de dichas privatizaciones espurias, se arropen en la supuesta defensa del mercado, de la libre competencia, de la iniciativa privada, etc., etc. Una verdadera amalgama de mentiras y medias verdades, preparada para confundir al público. La verdadera iniciativa privada sólo puede desarrollarse correctamente en un marco en el que prime el respeto a las reglas de libre mercado, una de las cuales es la competencia justa entre diversos agentes proveedores de bienes y servicios, y no en componendas oligopólicas con el gobierno ni en imposiciones monopolísticas abusivas. La verdadera libre empresa es algo totalmente ajeno a esa monstruosa distorsión que representan los fueros exclusivistas, embozados en contratos leoninos y perjudiciales para toda la Nación, incluyendo entre sus víctimas a los mismos empresarios (v.gr. industriales, comerciantes, etc.) que se ven impotentes ante la pérdida de su competitividad debido a que, entre otras cosas, tienen que cargar con altísimos costos en los servicios básicos y que tienen que pagar de todos modos, para poder mantenerse operando. Qué no decir del ciudadano común, ese que es tratado como un pelele sin derechos, por parte de estas compañías y consorcios extranjeros explotadores.
Todos los panameños, desde empresarios hasta obreros y ciudadanos de a pie, somos víctimas de un proceder comercial y tarifario totalmente despótico, que se ampara en contratos lesivos, totalmente demenciales (con cláusulas en donde se les garantiza una ganancia monopólica y todos los panameños tenemos que subsidiarla). Contratos tramposos de esta clase, desde hace mucho rato debieron haber sido denunciados, suspendidos, revisados y reformulados en términos más justos, porque nada ni nadie (entiéndase bien) está por encima del interés y los derechos del público.
Por otro lado, nos sorprende el hecho de que, a estas alturas, nadie haya interpuesto aún una denuncia por dejación y negligencia sospechosa en el cumplimiento de sus funciones públicas (falta administrativa grave, con ribetes de delito) en contra de los jerarcas de los organismos fantoches que supuestamente deberían salvaguardar el interés público y velar por una verdadera libre competencia. Como sus propios nombres institucionales indican, su función es regular los servicios "públicos" (no velar por los intereses de las empresas privatizadas) y deberían ocuparse de defender los asuntos del consumidor (ese maltrecho "último eslabón" del entramado económico), no de quien le oprime. Pareciera que a estos organismos se les hubiese olvidado que trabajan para la Nación y que la Nación somos todos los ciudadanos, electores, clientes derechohabientes, consumidores de los servicios públicos.
En 1999, el Programa Electoral (Nuestro Compromiso por el Cambio) de la actual mandataria, se comprometía a revisar los contratos lesivos a la Nación, en función del interés público. A punto de terminar su mandato, es evidente que esta fue una promesa más (de muchísimas otras) que se llevó el viento directo a la basura. No sólo no revisó nada, sino que su gobierno ha sido excesivamente condescendiente y sospechosamente permisivo con los abusos que se cometen en contra de la los derechos de la ciudadanía, en materia de servicios públicos y de indefensión de los derechos de los consumidores. Por eso, debemos aprender de esta dolorosa y amarga experiencia y ser más cautos y más exigentes, activamente exigentes, ahora en mayo del 2004.
Los consumidores, organizados o no, somos parte de la Sociedad Civil y somos una fuerza electoral real y determinante, que merece atención y respeto, no desdén ni burlas ni tomaduras de pelo. Por eso, la factura de venganza del público consumidor, por el abandono negligente de que ha sido víctima en estos cinco años por parte del presente gobierno, ya tiene un claro destinatario (el maltrecho candidato ungido por el dedazo presidencial). Igualmente importante es el hecho de que no debemos ser ingenuos a la hora de votar.
No debemos encumbrar a ningún candidato que no asuma, desde ya, un compromiso público de enfrentarse a estas empresas abusivas, para renegociar (a las buenas) los contratos de provisión de los servicios básicos o enfrentar (a las malas) la reestatización de los mismos, poniéndole fin, de una buena vez, a un capítulo lesivo y bochornoso en la vida nacional.
En Panamá, la reciente historia de las privatizaciones del IRHE y del INTEL, negociadas, impuestas y aprobadas al amparo de la noche y "aceitadas con mucho billete", son un vivo ejemplo de contratos lesivos a la Nación, que deben ser revisados a favor del público. Esos contratos de privatización de la luz y fuerza y de la telefonía representan actos pseudolegales, en los cuales se consagró el vulgar despojo de que fuimos víctimas todos los ciudadanos de este país, al venderse propiedad pública de interés estratégico nacional, sin habernos consultado siquiera (por vía de un referéndum), tal como correspondía. Si algo así hubiese sucedido en Estados Unidos, los autores morales y materiales de esta tamaña barbaridad, por su rapacidad o por su estupidez, estarían detrás de las rejas desde hace rato.
Dicho esto, nos sorprende ver la letanía reciente de tartufos y de fariseos que ahora se rasgan las vestiduras, exigiendo el "respeto a la seguridad jurídica" en torno a los nefastos contratos de privatización de los servicios públicos. Defensores oficiosos de cosas incorrectas. Para estos sujetos, dichos acuerdos desmedidos están escritos en piedra y las empresas en mención son intocables. Según ellos, los consumidores panameños debemos sufrir estoicamente y resignarnos. Nada más alejado de la verdad. Nada tan (convenientemente) falso como eso. Por si no lo saben (o no quieren saber), hace poco uno de estos mismos monopolios eléctricos abusivos fue sacado de República Dominicana. En la Argentina, el gobierno está retomando el control de varias empresas privatizadas estafadoras y en Colombia, está sucediendo los mismo. En Uruguay, acaban de rechazar la privatización mediante un referéndum nacional y lo mismo sucedió en Costa Rica.
La burbuja viciada de las privatizaciones, está reventando por doquier. Excepto aquí, en donde tienen algunos protectores serviciales, muy diligentes y con mucho poder, lo que les ha garantizado hacer lo que les da la gana y burlarse groseramente de la ciudadanía, hasta hoy.
Me sorprende, además, que muchos de los socorridos defensores de dichas privatizaciones espurias, se arropen en la supuesta defensa del mercado, de la libre competencia, de la iniciativa privada, etc., etc. Una verdadera amalgama de mentiras y medias verdades, preparada para confundir al público. La verdadera iniciativa privada sólo puede desarrollarse correctamente en un marco en el que prime el respeto a las reglas de libre mercado, una de las cuales es la competencia justa entre diversos agentes proveedores de bienes y servicios, y no en componendas oligopólicas con el gobierno ni en imposiciones monopolísticas abusivas. La verdadera libre empresa es algo totalmente ajeno a esa monstruosa distorsión que representan los fueros exclusivistas, embozados en contratos leoninos y perjudiciales para toda la Nación, incluyendo entre sus víctimas a los mismos empresarios (v.gr. industriales, comerciantes, etc.) que se ven impotentes ante la pérdida de su competitividad debido a que, entre otras cosas, tienen que cargar con altísimos costos en los servicios básicos y que tienen que pagar de todos modos, para poder mantenerse operando. Qué no decir del ciudadano común, ese que es tratado como un pelele sin derechos, por parte de estas compañías y consorcios extranjeros explotadores.
Todos los panameños, desde empresarios hasta obreros y ciudadanos de a pie, somos víctimas de un proceder comercial y tarifario totalmente despótico, que se ampara en contratos lesivos, totalmente demenciales (con cláusulas en donde se les garantiza una ganancia monopólica y todos los panameños tenemos que subsidiarla). Contratos tramposos de esta clase, desde hace mucho rato debieron haber sido denunciados, suspendidos, revisados y reformulados en términos más justos, porque nada ni nadie (entiéndase bien) está por encima del interés y los derechos del público.
Por otro lado, nos sorprende el hecho de que, a estas alturas, nadie haya interpuesto aún una denuncia por dejación y negligencia sospechosa en el cumplimiento de sus funciones públicas (falta administrativa grave, con ribetes de delito) en contra de los jerarcas de los organismos fantoches que supuestamente deberían salvaguardar el interés público y velar por una verdadera libre competencia. Como sus propios nombres institucionales indican, su función es regular los servicios "públicos" (no velar por los intereses de las empresas privatizadas) y deberían ocuparse de defender los asuntos del consumidor (ese maltrecho "último eslabón" del entramado económico), no de quien le oprime. Pareciera que a estos organismos se les hubiese olvidado que trabajan para la Nación y que la Nación somos todos los ciudadanos, electores, clientes derechohabientes, consumidores de los servicios públicos.
En 1999, el Programa Electoral (Nuestro Compromiso por el Cambio) de la actual mandataria, se comprometía a revisar los contratos lesivos a la Nación, en función del interés público. A punto de terminar su mandato, es evidente que esta fue una promesa más (de muchísimas otras) que se llevó el viento directo a la basura. No sólo no revisó nada, sino que su gobierno ha sido excesivamente condescendiente y sospechosamente permisivo con los abusos que se cometen en contra de la los derechos de la ciudadanía, en materia de servicios públicos y de indefensión de los derechos de los consumidores. Por eso, debemos aprender de esta dolorosa y amarga experiencia y ser más cautos y más exigentes, activamente exigentes, ahora en mayo del 2004.
Los consumidores, organizados o no, somos parte de la Sociedad Civil y somos una fuerza electoral real y determinante, que merece atención y respeto, no desdén ni burlas ni tomaduras de pelo. Por eso, la factura de venganza del público consumidor, por el abandono negligente de que ha sido víctima en estos cinco años por parte del presente gobierno, ya tiene un claro destinatario (el maltrecho candidato ungido por el dedazo presidencial). Igualmente importante es el hecho de que no debemos ser ingenuos a la hora de votar.
No debemos encumbrar a ningún candidato que no asuma, desde ya, un compromiso público de enfrentarse a estas empresas abusivas, para renegociar (a las buenas) los contratos de provisión de los servicios básicos o enfrentar (a las malas) la reestatización de los mismos, poniéndole fin, de una buena vez, a un capítulo lesivo y bochornoso en la vida nacional.
