La senda de Arnoldo Alemán
Nos alegramos de habernos equivocado. Estimábamos que el presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, saldría libre o con una condena benigna. No fue así, lo condenaron por lavado de dinero y delitos relacionados con la sustracción de más de 100 millones de dólares de dineros públicos del erario de su país. Y es que semanas antes, un fiscal a cargo del encausamiento, había apuntado la presencia de un error técnico en la substanciación del expediente, que consistía en que el cargo por lavado se refería exclusivamente a fondos provenientes del narcotráfico y, en cambio, los de Alemán correspondían a dineros sustraídos de los fondos públicos. De cualquier modo, se trata de una ironía legalística con olor a burla que nos llenó de escepticismo.
Su condena a 20 años, así sea que fuera apelable la sentencia, es una señal positiva que envía un claro mensaje que deben haber recibido los políticos panameños. La misma deviene, por lo demás, oportuna, por coincidir con la accidentada y polémica investigación que adelanta la Contraloría General de la República contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y algunos de sus colaboradores. En particular, se plantea la posibilidad de que se esté frente a un caso de enriquecimiento ilícito con uso y abuso del poder y los haberes públicos.
Inocente o culpable, Pérez Balladares y los suyos, el hecho es que la investigación que aquí se adelanta y su criticada ventilación ante los medios de comunicación, coincidiendo todo con lo ocurrido al ex presidente Alemán en Nicaragua, está trayendo vientos esperanzadores en cuanto al anhelo ciudadano de poner fin a la impunidad y un freno a la corrupción en el manejo de la cosa pública.
Otro viento favorable es la reciente firma por Panamá de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que obliga a las naciones suscriptoras a adoptar medidas para investigar y perseguir, entre otras cosas, el lavado de dinero, no importa su origen; y para fiscalizar con transparencia la conducta de los servidores públicos.
Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, se haya también montado sobre la ola, empeñado en depurar al máximo tribunal de su país, preñado - según dice - de gente corrupta y malos elementos procedentes de gobiernos previos. Citó a uno de ellos a su despacho, y lo hizo firmar su renuncia. A otro, lo hizo someter a juicio por el Congreso y fue destituido. Va ahora por el resto.
Con esos aires refrescantes e impulso renovador y de cambio propios del reemplazo de las autoridades de gobierno el año próximo, nos corresponde a los ciudadanos aprovechar el momento para exigir una depuración a todos los niveles del aparato estatal así como una total transparencia, rendición de cuentas y efectiva fiscalización de la conducta de los funcionarios de gobierno.
Su condena a 20 años, así sea que fuera apelable la sentencia, es una señal positiva que envía un claro mensaje que deben haber recibido los políticos panameños. La misma deviene, por lo demás, oportuna, por coincidir con la accidentada y polémica investigación que adelanta la Contraloría General de la República contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y algunos de sus colaboradores. En particular, se plantea la posibilidad de que se esté frente a un caso de enriquecimiento ilícito con uso y abuso del poder y los haberes públicos.
Inocente o culpable, Pérez Balladares y los suyos, el hecho es que la investigación que aquí se adelanta y su criticada ventilación ante los medios de comunicación, coincidiendo todo con lo ocurrido al ex presidente Alemán en Nicaragua, está trayendo vientos esperanzadores en cuanto al anhelo ciudadano de poner fin a la impunidad y un freno a la corrupción en el manejo de la cosa pública.
Otro viento favorable es la reciente firma por Panamá de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que obliga a las naciones suscriptoras a adoptar medidas para investigar y perseguir, entre otras cosas, el lavado de dinero, no importa su origen; y para fiscalizar con transparencia la conducta de los servidores públicos.
Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, se haya también montado sobre la ola, empeñado en depurar al máximo tribunal de su país, preñado - según dice - de gente corrupta y malos elementos procedentes de gobiernos previos. Citó a uno de ellos a su despacho, y lo hizo firmar su renuncia. A otro, lo hizo someter a juicio por el Congreso y fue destituido. Va ahora por el resto.
Con esos aires refrescantes e impulso renovador y de cambio propios del reemplazo de las autoridades de gobierno el año próximo, nos corresponde a los ciudadanos aprovechar el momento para exigir una depuración a todos los niveles del aparato estatal así como una total transparencia, rendición de cuentas y efectiva fiscalización de la conducta de los funcionarios de gobierno.
