La sociedad civil y los medios de comunicación: una advertencia de la sociedad civil a los medios
Analizo la reacción de los medios ante la sentencia condenatoria con respecto a La Nación. Se expresa en dicha reacción un ensimismamiento de los medios y su tendencia a
sólo ver peligros a la libertad de expresión por parte del entorno político, pero a no ver los peligros internos debidos a un ejercicio de la libertad de expresión sin la responsabilidad correspondiente.
Lo que más llama la atención en la reacción de los medios al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica contra La Nación es la total carencia de auto-conciencia crítica.
En una carta a las lectoras y lectores de La Nación, su director afirma que la sentencia de la Corte "constituye un grave atentado contra la libertad de prensa en Costa Rica y contra los derechos de todos los ciudadanos". La acusa de haber llegado a "extremos de desmesura y de interferencia en las decisiones editoriales de un medio de comunicación", por haber ordenado la publicación de la sentencia completa. Considera que la sentencia, "se basa en un concepto totalmente restrictivo, obstruccionista y limitante sobre el ejercicio del periodismo en nuestra sociedad" y se pregunta "¿qué revelaciones, denuncias o críticas podrán hacerse a futuro sin correr un riesgo parecido o mayor?".
Un editorial común de todos los diarios de Costa Rica afirma que "las mayores amenazas en este sentido ( de limitar el ejercicio del periodismo) provienen, en nuestro país, de instancias legítimas, pero no siempre justas en su desempeño y decisiones". Entre ellas están funcionarios intolerantes, políticos que no valoran las libertades, una legislación restrictiva y sentencias judiciales desmesuradas y hasta represivas. En esta visión los medios carecen de toda culpa.
La Sociedad Interamericana de Prensa concentra su crítica en la pena que obliga a publicar la sentencia. Piensa que "viola el artículo quinto de la Declaración de Chapultepec y de hecho se convierte en una medida de censura". Además, impide "comercializar las páginas publicitarias comprendidas entre las que forzosamente deben ser destinadas a la transcripción de la sentencia". Juzga que la sentencia es un "nefasto precedente para la libertad de prensa".
Las opiniones vertidas por los directores de periódico panameños no añaden ninguna perspectiva nueva a las anteriores. Consideran el fallo como "un precedente vergonzoso".
La referencia a la Declaración de Chapultepec es reveladora. En efecto, esta Declaración ubica los peligros contra la libertad de expresión exclusivamente en las fuentes y medidas externas de índole política, y desconoce los peligros que provienen del interior de los propios medios. Por ello, de los diez compromisos que propone uno solo toca a la responsabilidad con la verdad, la precisión, la imparcialidad y la equidad. E insiste en que estos valores éticos profesionales no sean impuestos por Ley, ya que "no debe existir ninguna Ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión...".
Las reacciones de los medios a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se mantienen en esta perspectiva unilateral de la Declaración de Chapultepec. No parecen tener consciencia de los peligros de manipulación interna de la información, tal que ésta ha sido denunciada por ejemplo por diez periodistas de La Prensa, aquí en Panamá, al afirmar en carta al director que "luego de redactar polémicas noticias, al día siguiente se encuentran con la cruda realidad de que todo ha sido maliciosamente manipulado".
Más ampliamente, no parecen tener consciencia o no actúan en consecuencia, de la situación que la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica destaca en su Carta Abierta a los Medios de Comunicación, a raíz de la denuncia que les fue presentada por los dos periodistas de La Prensa recién despedidos: "Desde hace mucho tiempo los comunicadores, los periodistas y los dueños de medios de comunicación han reclamado la derogatoria de las leyes mordazas que afectan la libertad de expresión en nuestro país... Sin embargo, las denuncias de posible manipulación ejercida a lo interno de los medios de comunicación, como la supuesta deshonestidad de parte de los funcionarios que ejercen la noble función de comunicador social, es un aldabonazo y una muestra de que la libertad de expresión no sólo puede ser afectada por quienes detentan el poder del Estado, sino también por distintas prácticas que se dan a lo interno de los medios de comunicación y en la sociedad misma. Prácticas tales como la coima, la manipulación de la información, la falta de independencia dentro de los medios, el no respeto al pluralismo, el poco respeto de la honra y reputación de las personas son algunos de los grandes enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información".
Igualmente, el Defensor del Lector de El Tiempo de Bogotá, en un artículo intitulado "La Mascarilla", afirma: "A los periódicos modernos les cuesta menos defender su libertad frente a los gobiernos despóticos que frente a los publicistas. No transigen cuando un dictador o un demócrata censor pretende imponer su voluntad, pero aceptan pasivamente y con cierta resignación esa otra forma de censura que transforma un periódico en un supermercado para ricos en el que los pobres -la mayoría de la población- nada tienen que ver." Se pregunta si los lectores se tendrán que resignar "a ver cómo en su periódico las noticias pasan a un segundo lugar, como relleno de los espacios que deja libres la publicidad". Y concluye que "la lucha por la libertad de prensa dejó de darse en los escenarios retóricos en donde el periodista se enfrentaba al poder político, o militar, o religioso. Ahora la libertad de prensa tendrá que defenderse en el campo prosaico de los departamentos de publicidad de los periódicos".
Una vez consolidadas sus democracias, los países de América Latina no se enfrentan ya primordialmente al reto de garantizar la libertad de expresión frente a los regímenes políticos, aunque hay situaciones regresivas que obligan todavía a enfrentar este reto. El reto que ahora enfrentan es el de exigir responsabilidad por parte de medios que ya gozan de libertad de expresión y muchas veces se ensimisman en su influencia y poderío. La defensa de la honra y de la privacidad de los ciudadanos pasa ahora a primer plano, junto con la consagración efectiva del derecho a una información veraz y la garantía que los medios cubran sus iniciativas y actividades y les permitan expresar sus opiniones.
En su afán por evitar normas legales -a las que en el estado de derecho democrático todos tenemos que atenernos- los responsables de los medios, argumentan que el mercado los premia o los castiga. Ahora la Corte Suprema de Costa Rica voltea este argumento mercantilista e invoca el derecho de los consumidores y usuarios a "recibir información adecuada y veraz," dejando claro "que la adecuación y la veracidad son, indudablemente, límites constitucionales a la libertad de expresión". El mercado, el sacrosanto mercado, les está exigiendo que no engañen al consumidor que compra un medio para obtener información objetiva y ecuánime, no para ser objeto de cabildeo o manipulación.
La lucha por la libertad de expresión no termina nunca por completo, pero hemos entrado en una nueva etapa , la de la lucha por el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Las sociedades civiles lo reclaman. Los tribunales comienzan a exigirlo. Los políticos, perdiéndole el miedo al poder de los medios, deben promoverlo. Y los medios deben realizar que ha llegado la hora de practicarlo por iniciativa propia. No deben esperar decisiones judiciales o incluso nueva legislación para hacerlo por obligación.
sólo ver peligros a la libertad de expresión por parte del entorno político, pero a no ver los peligros internos debidos a un ejercicio de la libertad de expresión sin la responsabilidad correspondiente.
Lo que más llama la atención en la reacción de los medios al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica contra La Nación es la total carencia de auto-conciencia crítica.
En una carta a las lectoras y lectores de La Nación, su director afirma que la sentencia de la Corte "constituye un grave atentado contra la libertad de prensa en Costa Rica y contra los derechos de todos los ciudadanos". La acusa de haber llegado a "extremos de desmesura y de interferencia en las decisiones editoriales de un medio de comunicación", por haber ordenado la publicación de la sentencia completa. Considera que la sentencia, "se basa en un concepto totalmente restrictivo, obstruccionista y limitante sobre el ejercicio del periodismo en nuestra sociedad" y se pregunta "¿qué revelaciones, denuncias o críticas podrán hacerse a futuro sin correr un riesgo parecido o mayor?".
Un editorial común de todos los diarios de Costa Rica afirma que "las mayores amenazas en este sentido ( de limitar el ejercicio del periodismo) provienen, en nuestro país, de instancias legítimas, pero no siempre justas en su desempeño y decisiones". Entre ellas están funcionarios intolerantes, políticos que no valoran las libertades, una legislación restrictiva y sentencias judiciales desmesuradas y hasta represivas. En esta visión los medios carecen de toda culpa.
La Sociedad Interamericana de Prensa concentra su crítica en la pena que obliga a publicar la sentencia. Piensa que "viola el artículo quinto de la Declaración de Chapultepec y de hecho se convierte en una medida de censura". Además, impide "comercializar las páginas publicitarias comprendidas entre las que forzosamente deben ser destinadas a la transcripción de la sentencia". Juzga que la sentencia es un "nefasto precedente para la libertad de prensa".
Las opiniones vertidas por los directores de periódico panameños no añaden ninguna perspectiva nueva a las anteriores. Consideran el fallo como "un precedente vergonzoso".
La referencia a la Declaración de Chapultepec es reveladora. En efecto, esta Declaración ubica los peligros contra la libertad de expresión exclusivamente en las fuentes y medidas externas de índole política, y desconoce los peligros que provienen del interior de los propios medios. Por ello, de los diez compromisos que propone uno solo toca a la responsabilidad con la verdad, la precisión, la imparcialidad y la equidad. E insiste en que estos valores éticos profesionales no sean impuestos por Ley, ya que "no debe existir ninguna Ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión...".
Las reacciones de los medios a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se mantienen en esta perspectiva unilateral de la Declaración de Chapultepec. No parecen tener consciencia de los peligros de manipulación interna de la información, tal que ésta ha sido denunciada por ejemplo por diez periodistas de La Prensa, aquí en Panamá, al afirmar en carta al director que "luego de redactar polémicas noticias, al día siguiente se encuentran con la cruda realidad de que todo ha sido maliciosamente manipulado".
Más ampliamente, no parecen tener consciencia o no actúan en consecuencia, de la situación que la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica destaca en su Carta Abierta a los Medios de Comunicación, a raíz de la denuncia que les fue presentada por los dos periodistas de La Prensa recién despedidos: "Desde hace mucho tiempo los comunicadores, los periodistas y los dueños de medios de comunicación han reclamado la derogatoria de las leyes mordazas que afectan la libertad de expresión en nuestro país... Sin embargo, las denuncias de posible manipulación ejercida a lo interno de los medios de comunicación, como la supuesta deshonestidad de parte de los funcionarios que ejercen la noble función de comunicador social, es un aldabonazo y una muestra de que la libertad de expresión no sólo puede ser afectada por quienes detentan el poder del Estado, sino también por distintas prácticas que se dan a lo interno de los medios de comunicación y en la sociedad misma. Prácticas tales como la coima, la manipulación de la información, la falta de independencia dentro de los medios, el no respeto al pluralismo, el poco respeto de la honra y reputación de las personas son algunos de los grandes enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información".
Igualmente, el Defensor del Lector de El Tiempo de Bogotá, en un artículo intitulado "La Mascarilla", afirma: "A los periódicos modernos les cuesta menos defender su libertad frente a los gobiernos despóticos que frente a los publicistas. No transigen cuando un dictador o un demócrata censor pretende imponer su voluntad, pero aceptan pasivamente y con cierta resignación esa otra forma de censura que transforma un periódico en un supermercado para ricos en el que los pobres -la mayoría de la población- nada tienen que ver." Se pregunta si los lectores se tendrán que resignar "a ver cómo en su periódico las noticias pasan a un segundo lugar, como relleno de los espacios que deja libres la publicidad". Y concluye que "la lucha por la libertad de prensa dejó de darse en los escenarios retóricos en donde el periodista se enfrentaba al poder político, o militar, o religioso. Ahora la libertad de prensa tendrá que defenderse en el campo prosaico de los departamentos de publicidad de los periódicos".
Una vez consolidadas sus democracias, los países de América Latina no se enfrentan ya primordialmente al reto de garantizar la libertad de expresión frente a los regímenes políticos, aunque hay situaciones regresivas que obligan todavía a enfrentar este reto. El reto que ahora enfrentan es el de exigir responsabilidad por parte de medios que ya gozan de libertad de expresión y muchas veces se ensimisman en su influencia y poderío. La defensa de la honra y de la privacidad de los ciudadanos pasa ahora a primer plano, junto con la consagración efectiva del derecho a una información veraz y la garantía que los medios cubran sus iniciativas y actividades y les permitan expresar sus opiniones.
En su afán por evitar normas legales -a las que en el estado de derecho democrático todos tenemos que atenernos- los responsables de los medios, argumentan que el mercado los premia o los castiga. Ahora la Corte Suprema de Costa Rica voltea este argumento mercantilista e invoca el derecho de los consumidores y usuarios a "recibir información adecuada y veraz," dejando claro "que la adecuación y la veracidad son, indudablemente, límites constitucionales a la libertad de expresión". El mercado, el sacrosanto mercado, les está exigiendo que no engañen al consumidor que compra un medio para obtener información objetiva y ecuánime, no para ser objeto de cabildeo o manipulación.
La lucha por la libertad de expresión no termina nunca por completo, pero hemos entrado en una nueva etapa , la de la lucha por el ejercicio responsable de la libertad de expresión. Las sociedades civiles lo reclaman. Los tribunales comienzan a exigirlo. Los políticos, perdiéndole el miedo al poder de los medios, deben promoverlo. Y los medios deben realizar que ha llegado la hora de practicarlo por iniciativa propia. No deben esperar decisiones judiciales o incluso nueva legislación para hacerlo por obligación.
