La solución al problema de la Corte

La ciudadanía ha exigido que se investigue y deslinde responsabilidades a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por fallos muy cuestionables que ha emitido dicho tribunal, algunos de los cuales tienen por característica común el que impiden que se investigue algún delito, casi siempre relacionado con narcotraficantes. Es decir, no son fallos absolutorios, mediante los cuales se pondera el mérito de una investigación realizada por el ministerio fiscal, sino vías oblicuas, como el amparo y el habeas corpus, que obstaculizan o impiden la labor de la justicia.
Al menos eso es lo que se colije de la auditoría realizada por la Alianza ciudadana Pro Justicia. Como respuesta a esta situación, en el Informe del Pacto por la Justicia se propone que se reforme el artículo de la Constitución que trata del juzgamiento de los magistrados y se establezca claramente que se les puede aplicar las sanciones de suspensión y destitución por violaciones graves y gravísimas a la ética judicial, según la reforma que a su vez se plantea introducir en el Código Judicial.
A la Asamblea Nacional le correspondería establecer cuándo se ha producido una violación de los deberes judiciales que amerita, según la ley, la pérdida de la toga. Aunque dicha reforma no es necesaria en estricto derecho, el planteamiento es interesante pero supone que el Legislativo tendrá la voluntad de proceder con dicho juzgamiento y de que los dos tercios de los votos que requiere la decisión sancionatoria serían posibles en un organismo más preocupado por negociar cuotas de poder entre miembros de distintos partidos, que por mantener una juiciosa aplicación del Estado de derecho.
Como siempre en estos casos, lo que se haga responderá a la voluntad política de las fuerzas gobernantes, y lo que deje de hacerse también será el resultado de que no exista en los escaños legislativos la voluntad política para acometer dicho objetivo. Pero que no se diga que no hay pruebas, pues basta una copia certificada de los fallos cuestionados para iniciar una investigación, a fin de determinar si se han torcido la Constitución y las leyes. En conclusión, no puede decirse que ahora que ya se conoce el resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Estado por la Justicia, estemos más cerca de la solución al problema de la Corte y del Organo Judicial en su conjunto.
PA: Personalmente ¿qué ha aprendido Ligia Castro de Doens en este año?
LCD: Que todo no se puede hacer en el mismo día. Yo todo lo quiero para ayer, he tenido que aprender a ser un poquito más paciente y más tolerante, pero primero que nada, conmigo misma.
Yo me exijo demasiado a mí misma y a veces no me doy cuenta que todas las personas no pueden ir al mismo ritmo; lo que pido a los que me rodean, es que me avisen cuando se me está yendo la mano.