La transformación del Fondo continúa
Esta semana parece haber quedado sepultada la segunda propuesta del gobierno de Mireya Moscoso, de usar el Fondo Fiduciario para recomprar deuda pública con las intervenciones de Alberto Vallarino por la "bancada popular", junto al Partido Solidaridad; y de Martín Torrijos, por el Partido Revolucionario Democrático, cuyos representantes constituyen la mayoría en la Asamblea. Recordemos que la primera propuesta del gobierno fue gastar el Fondo en inversión social.
Así las cosas, el gobierno debe nutrirse de lo propuesto por sus opositores, continuar recabando ideas y hacer un replanteamiento que resulte consistente con sus anhelos y aceptable para el resto del país, lo cual no necesariamente implica limitarse a lo propuesto por Vallarino y Torrijos, sino más bien aspirar a mejorarlas con nuevos aportes.
Alberto Vallarino sugiere dividir el Fondo Fiduciario en cuatro subfondos rotativos: uno para la descentralización, otro para la generación de empleos, el tercero para viviendas de interés popular, y el último para invertir en educación y salud. Esta propuesta que arroja puntos de coincidencia con el gobierno en sus fines sociales, variando en la vía, tiene a nuestro juicio el inconveniente de comprometer la administración del Fondo en manos de la alta burocracia estatal, lo que compromete su autonomía, desde el momento que propone que los organismos de decisión estén integrados a semejanza de directivas inoperantes como las de la Caja de Seguro Social o de la Autoridad de la Región Interoceánica.
Por su parte, Torrijos propone mejorar el rendimiento del Fondo, ampliando los tipos de inversión que puede realizar para incluir depósitos bancarios a más largo plazo y adquirir valores locales y extranjeros con grado de inversión y títulos hipotecarios, entre otros. Sin embargo, también sugiere la creación de una Junta Directiva con participación de la sociedad civil y con la asesoría de empresas de inversión de reconocido prestigio, lo cual coincide con Vallarino y por lo tanto adolece del mismo problema ya planteado.
En cuanto a nosotros, aspiramos a que el Fondo sea manejado al margen de los intereses de políticos y sus allegados, con visión de mediano y largo plazo, y no sólo de los cinco años del presente gobierno. Aspiramos a una conservación activa de ese cuantioso patrimonio nacional, de modo que al mismo tiempo que crezca a tasas más altas, genere más riqueza, crecimiento y empleos para los no tienen.
Recuérdese que el Estado, además de las acciones de la telefónica y las empresas de electricidad, también cuenta con los activos revertidos que no se han vendido, los cuales pueden alcanzar un valor adicional que excede los B/.2 mil millones. Ello podría incrementar el total del Fondo a más de B/.4 mil millones.
Por ende, al rejuego de ideas de Juliao, Vallarino y Torrijos debe sumarse todo el que posea conocimientos técnicos en materia de inversión de grandes patrimonios, y escuchar a especialistas extranjeros, para así poder alcanzar un ilustrado consenso, que atienda las necesidades del país.
Así las cosas, el gobierno debe nutrirse de lo propuesto por sus opositores, continuar recabando ideas y hacer un replanteamiento que resulte consistente con sus anhelos y aceptable para el resto del país, lo cual no necesariamente implica limitarse a lo propuesto por Vallarino y Torrijos, sino más bien aspirar a mejorarlas con nuevos aportes.
Alberto Vallarino sugiere dividir el Fondo Fiduciario en cuatro subfondos rotativos: uno para la descentralización, otro para la generación de empleos, el tercero para viviendas de interés popular, y el último para invertir en educación y salud. Esta propuesta que arroja puntos de coincidencia con el gobierno en sus fines sociales, variando en la vía, tiene a nuestro juicio el inconveniente de comprometer la administración del Fondo en manos de la alta burocracia estatal, lo que compromete su autonomía, desde el momento que propone que los organismos de decisión estén integrados a semejanza de directivas inoperantes como las de la Caja de Seguro Social o de la Autoridad de la Región Interoceánica.
Por su parte, Torrijos propone mejorar el rendimiento del Fondo, ampliando los tipos de inversión que puede realizar para incluir depósitos bancarios a más largo plazo y adquirir valores locales y extranjeros con grado de inversión y títulos hipotecarios, entre otros. Sin embargo, también sugiere la creación de una Junta Directiva con participación de la sociedad civil y con la asesoría de empresas de inversión de reconocido prestigio, lo cual coincide con Vallarino y por lo tanto adolece del mismo problema ya planteado.
En cuanto a nosotros, aspiramos a que el Fondo sea manejado al margen de los intereses de políticos y sus allegados, con visión de mediano y largo plazo, y no sólo de los cinco años del presente gobierno. Aspiramos a una conservación activa de ese cuantioso patrimonio nacional, de modo que al mismo tiempo que crezca a tasas más altas, genere más riqueza, crecimiento y empleos para los no tienen.
Recuérdese que el Estado, además de las acciones de la telefónica y las empresas de electricidad, también cuenta con los activos revertidos que no se han vendido, los cuales pueden alcanzar un valor adicional que excede los B/.2 mil millones. Ello podría incrementar el total del Fondo a más de B/.4 mil millones.
Por ende, al rejuego de ideas de Juliao, Vallarino y Torrijos debe sumarse todo el que posea conocimientos técnicos en materia de inversión de grandes patrimonios, y escuchar a especialistas extranjeros, para así poder alcanzar un ilustrado consenso, que atienda las necesidades del país.
