La transición
Por la voluntad ampliamente mayoritaria del pueblo panameño, el próximo 3 de mayo se iniciará la transición hacia el nuevo gobierno que presidirá Ricardo Martinelli. Así lo aseguran todas las encuestas que miden la intención de los votantes. El proceso de transición que, en buena hora será de 57 días, gracias a las últimas reformas constitucionales, será crucial para que la nueva administración pueda comenzar a dar respuesta a los problemas que ha aumentado y agravado el nefasto reinado de “la patria nueva”. Pero ello dependerá, principalmente, del comportamiento del gobierno saliente.
Ignorando, irresponsablemente, que en el mes de octubre de 2008 ya había estallado la debacle del sistema financiero de los Estados Unidos, y que todos los principales expertos alertaban sobre la urgencia de tomar medidas para aminorar sus efectos que se extenderían a todo el mundo, incluido y, desde luego, Panamá, Torrijos, decidió aprobar un Presupuesto desorbitado para el 2009, por motivaciones eminentemente politiqueras, para ayudar a su partido, el PRD.
Tan pronto apuntaron las repercusiones de la crisis mundial, todos los gobiernos sensatos adoptaron “políticas de austeridad” y aplicaron recortes al gasto público para ajustarlo a la previsible disminución de los ingresos fiscales. Y algunos de ellos, con mayor sensatez, convocaron a todos los actores económicos y sociales a dialogar para, en conjunto, diseñar medidas paliativas. Torrijos hizo, precisamente, lo contrario.
Un ejemplo patente es la quintuplicación de la propaganda gubernamental, durante el proceso electoral, a pesar de la existencia de claras disposiciones legales (Artículo 194 del Código Electoral) que expresamente lo prohíben. Y, también, los traslados arbitrarios de partidas presupuestarias como en el caso del INADEH y la aprobación de “créditos adicionales”, a favor de instituciones que podrían “ayudar a mejorar” las posibilidades electorales del PRD y sus candidatos.
Poco han importado los llamados de atención para que el gobierno de turno actúe con prudencia y pensando en el país. Con la evidente intención de maniatar a su sucesor, su consigna es “gastar todo lo que puedan” en lo que le resta de su mandato y, además, imponerle al nuevo gobierno la obligación de atender una serie de aumentos salariales, concedidos con efectos fiscales a partir de julio y para los meses subsiguientes.
Con el desorden presupuestario patrocinado por el gobierno de “la llamada patria nueva”, con tantos créditos extraordinarios y traslados de partidas; con su contumaz insistencia en seguir manteniendo expectativas de ingresos que no son reales y el escandaloso aumento de la Deuda Pública, a 70 días de ser sustituido en el poder, las Finanzas Públicas transitan por el caos.
En el tiempo que le queda, Torrijos debiera entender que ninguna de sus desesperadas acciones y componendas de última hora evitará la derrota del PRD y que su gestión quede inscrita en nuestra historia política como paradigma de irresponsabilidad; pero, si todavía le queda un ápice de sensatez, debiera propiciar que el nuevo gobierno pueda enfrentar los problemas que su fracasada gestión nos deja como nefasta herencia.
