La transición: ¿un problema de interpretación o de disposición?
Parece ser, que como país, aún no podemos ponernos pantalones largos y demostrarles al mundo de que somos un Estado en todo el sentido de la palabra, que respeta a sus ciudadanos y por ende a su sistema democrático de escogencia de sus gobernantes para que rijan los destinos de la nación, dentro del periodo para el cual han sido electos.
Y ¿por qué lo decimos? Simplemente porque al parecer, los actuales gobernantes no han sido capaces de interpretar, como lo hacen la práctica totalidad de los países civilizados, lo que se denomina período de transición y que en consecuencia conlleva el ejercicio de la actividad del Estado. Dentro de dicho periodo, a menos como dice el título, saben lo que significa, pero no tienen la mínima disposición de ceñirse a lo que jurídicamente, se entiende por período de transición o para ser más claro, el período de un gobierno en funciones.
Como he mencionado anteriormente, la mayoría de países que son considerados civilizados dentro de los cuales están los europeos ,y principalmente España, tienen un concepto claro y sencillo, para todos entendible, de lo que conlleva el período de transición de un gobierno a otro, principalmente cuando ese otro representa a la oposición que ha ganado las elecciones. No se andan con miramientos, ni recelos, simplemente hacen cumplir la ley, en algunos casos, y, la costumbre en otros, pero realizan su función dentro del marco preestablecido, para estos períodos, que no es otro que ejercer un gobierno en funciones, pero en funciones de transición.
Ahora bien, hay que encontrar la interpretación correcta a la definición de gobierno en funciones, ya que eso es lo que actualmente es el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, a lo cual, antes de entrar en este punto, debemos aclarar, que si bien un gobierno es electo hasta el 31 de agosto, no necesariamente eso los coloca en la posición de hacer cuanto le venga en gana, en los meses posteriores a las elecciones, porque caeríamos, si es que no hemos caído ya, en un desgobierno en donde el que sale hace, pone y dispone de todos los recursos estatales, sin importar, ni tomar en cuenta, las condiciones de gobernabilidad en las cuales pueda dejar el país, para el gobierno entrante.
Pero retomando el tema, tenemos el ejemplo práctico y a mano, del sistema jurídico constitucional español, cuando en el articulo 101 de su Constitución, establece lo relacionado al cese del gobierno "El gobierno cesante -dice este precepto- continuara en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno" La interpretación de una norma de esta naturaleza en España y también en el resto de los Estados occidentales, es bien sencilla: Los gobiernos en funciones tienen su poder estrictamente limitado.
Y es que tan solo pueden hacer dos cosas: la primera (y normal), gestionar los asuntos corrientes que acontecen ordinariamente en la vida de un país o, más sencillamente, mantener la actividad administrativa del Ejecutivo. La segunda (y absolutamente extraordinaria), adoptar decisiones que, aunque de naturaleza política su extrema gravedad y urgencia, no permiten esperar a la llegada del nuevo gobierno electo.
Los gobiernos en funciones solo pueden hacer eso y nada más. No pueden por descontado, adoptar decisiones políticas carentes de toda urgencia que puedan comprometer el corriente funcionamiento del nuevo gobierno que se instaure, ya que actuar de otra forma no sólo es una amenaza para la democracia en sí, cuya esencia misma reside en el juego limpio de los políticos, sino que nos convierte absolutamente en el hazmerreír de los observadores, políticos y jurídicos, internacionales, que están pendiente, de nuestra recién instaurada democracia y del desenvolvimiento que como nación debemos tener, con miras a mantener y resguardar lo que tanto sacrificio ha causado a la población panameña, que no es otra cosa, que vivir en un país, en donde se respire un clima de paz y de concordia entre todos y cada uno de los panameños.
Aunque al gobierno saliente no le guste, su período de mandato ha terminado. Sólo le queda la función ejecutiva de gobernar, con miras a entregar el poder a quien ha ganado legítimamente las elecciones. Lo que no se hizo en cinco años, mal podemos decir que lo haremos en los últimos cien días, eso seria una falta de respeto al país, como Estado soberano y a los panameños como pueblo que optó por un cambio democrático, de su sistema de gobierno.
Juntos podemos hacer patria, pero una patria en donde respetemos la voluntad de las mayorías y en donde el desapego a las instituciones no sea un trago amargo, sino la satisfacción de la labor cumplida al hacer entrega del mando de la nave del Estado.
Y ¿por qué lo decimos? Simplemente porque al parecer, los actuales gobernantes no han sido capaces de interpretar, como lo hacen la práctica totalidad de los países civilizados, lo que se denomina período de transición y que en consecuencia conlleva el ejercicio de la actividad del Estado. Dentro de dicho periodo, a menos como dice el título, saben lo que significa, pero no tienen la mínima disposición de ceñirse a lo que jurídicamente, se entiende por período de transición o para ser más claro, el período de un gobierno en funciones.
Como he mencionado anteriormente, la mayoría de países que son considerados civilizados dentro de los cuales están los europeos ,y principalmente España, tienen un concepto claro y sencillo, para todos entendible, de lo que conlleva el período de transición de un gobierno a otro, principalmente cuando ese otro representa a la oposición que ha ganado las elecciones. No se andan con miramientos, ni recelos, simplemente hacen cumplir la ley, en algunos casos, y, la costumbre en otros, pero realizan su función dentro del marco preestablecido, para estos períodos, que no es otro que ejercer un gobierno en funciones, pero en funciones de transición.
Ahora bien, hay que encontrar la interpretación correcta a la definición de gobierno en funciones, ya que eso es lo que actualmente es el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, a lo cual, antes de entrar en este punto, debemos aclarar, que si bien un gobierno es electo hasta el 31 de agosto, no necesariamente eso los coloca en la posición de hacer cuanto le venga en gana, en los meses posteriores a las elecciones, porque caeríamos, si es que no hemos caído ya, en un desgobierno en donde el que sale hace, pone y dispone de todos los recursos estatales, sin importar, ni tomar en cuenta, las condiciones de gobernabilidad en las cuales pueda dejar el país, para el gobierno entrante.
Pero retomando el tema, tenemos el ejemplo práctico y a mano, del sistema jurídico constitucional español, cuando en el articulo 101 de su Constitución, establece lo relacionado al cese del gobierno "El gobierno cesante -dice este precepto- continuara en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno" La interpretación de una norma de esta naturaleza en España y también en el resto de los Estados occidentales, es bien sencilla: Los gobiernos en funciones tienen su poder estrictamente limitado.
Y es que tan solo pueden hacer dos cosas: la primera (y normal), gestionar los asuntos corrientes que acontecen ordinariamente en la vida de un país o, más sencillamente, mantener la actividad administrativa del Ejecutivo. La segunda (y absolutamente extraordinaria), adoptar decisiones que, aunque de naturaleza política su extrema gravedad y urgencia, no permiten esperar a la llegada del nuevo gobierno electo.
Los gobiernos en funciones solo pueden hacer eso y nada más. No pueden por descontado, adoptar decisiones políticas carentes de toda urgencia que puedan comprometer el corriente funcionamiento del nuevo gobierno que se instaure, ya que actuar de otra forma no sólo es una amenaza para la democracia en sí, cuya esencia misma reside en el juego limpio de los políticos, sino que nos convierte absolutamente en el hazmerreír de los observadores, políticos y jurídicos, internacionales, que están pendiente, de nuestra recién instaurada democracia y del desenvolvimiento que como nación debemos tener, con miras a mantener y resguardar lo que tanto sacrificio ha causado a la población panameña, que no es otra cosa, que vivir en un país, en donde se respire un clima de paz y de concordia entre todos y cada uno de los panameños.
Aunque al gobierno saliente no le guste, su período de mandato ha terminado. Sólo le queda la función ejecutiva de gobernar, con miras a entregar el poder a quien ha ganado legítimamente las elecciones. Lo que no se hizo en cinco años, mal podemos decir que lo haremos en los últimos cien días, eso seria una falta de respeto al país, como Estado soberano y a los panameños como pueblo que optó por un cambio democrático, de su sistema de gobierno.
Juntos podemos hacer patria, pero una patria en donde respetemos la voluntad de las mayorías y en donde el desapego a las instituciones no sea un trago amargo, sino la satisfacción de la labor cumplida al hacer entrega del mando de la nave del Estado.
