La "transparencia" del Tribunal Electoral
En muchas ocasiones tuve la oportunidad de advertir a diferentes personas el temor que sentí sobre el manejo de los asuntos electorales en las elecciones del pasado 2 de mayo, en las cuales la Junta Nacional de Escrutinio entregó unos días después a la ganadora de las elecciones presidenciales, el acto de proclamación correspondiente. En el acto público preparado para la ocasión, el Magistrado presidente del Tribunal Electoral se refirió al hecho de que por primera vez el partido gobernante, estando en el poder, lleva a cabo unas elecciones sin consecuencias desastrosas para la democracia panameña, como fueron las de 1984 y 1989. Recuerdo que los presentes aplaudimos al actual gobernante, presente en ese momento histórico.
Como hemos visto, las consiguientes actuaciones del primer mandatario dejan ver que si bien por la gran cantidad de votos que le sacó de ventaja la presidenta electa, Mireya Moscoso, a su más cercano competidor no le permitió ningún intento de variar el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas, tiene toda la intención de obstaculizar la transferencia ordenada del poder. Igualmente, debemos entender que tenía perfectamente conocimiento de lo que se había actuado por medio de sus fichas en el Tribunal Electoral, en las elecciones para legisladores en las cuales según algunos medios e informes de organizaciones serias, fueron las más irregulares de que se tenga noticias desde hace casi cincuenta años, abundando la compra de votos, violencia, cambio de residencia y empadronamientos ficticios, actas alteradas, jurados abandonados y cuentas irregulares, hechos éstos documentados que colman voluminosos informes según tenemos entendido de la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ha formulado una advertencia en el sentido de que no "descansará" hasta que el Tribunal Electoral rinda cuentas por todos los desmanes cometidos durante las pasadas elecciones.
Recientemente escuchamos declaraciones del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral en el sentido de la necesidad de revisar el Código Electoral en lo relacionado al estado de la doble residencia, beneficio que ocasionó muchos problemas en las pasadas elecciones de legisladores y representantes de corregimientos, situación que había sido ampliamente denunciada desde hace varios meses antes de las elecciones por políticos que se enteraron de lo que se estaba preparando y denunciaron el peligro de un fraude electoral.
El legislador arnulfista, Pablo Quintero Luna, denunció en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa correspondiente al 29 de septiembre de 1998, durante el período de incidencias la posibilidad de que en el circuito 6.3, era posible que se cometiera un enorme fraude electoral en base a la alteración de padrones electorales que reflejaban un escandaloso aumento en proporción con el verdadero crecimiento de la población. Similares denuncias se dieron en la edición del diario El Siglo, del 7 de octubre de 1998 en relación a los abusos en cambios de residencia, por miembros del gobernante PRD en sus elecciones primarias, en el mismo circuito 6.3, en donde la candidata a representante del mencionado colectivo político por el corregimiento de Los Canelos denunció la inscripción en el registro electoral de esa región de personas que no eran residentes. Los resultados de las elecciones en la provincia de Herrera, demuestran que los denunciantes mencionados tenían razón.
En muchas otras regiones del país se han escuchado antes y después de las elecciones, denuncias sobre la cantidad de personas no residentes de un circuito, que votaron en el mismo.
Lo expuesto nos demuestra que no existió la cacareada "transparencia" por parte el Tribunal Electoral y organismos como Justicia y Paz deben hacer públicos los informes que contienen las irregularidades denunciadas sobre las elecciones, para que el pueblo panameño y no dicha comisión, sea quien "no descanse" hasta que el Tribunal Electoral rinda cuenta por los delitos que se cometieron.
Hace bastante tiempo denuncié el hecho de que el Tribunal Electoral estaba conformado por personas de reconocidas tendencias políticas, a pesar de la prohibición constitucional en ese sentido y advertí que esa situación llevaría al organismo a una crisis de credibilidad. Hoy nuestra advertencia cobra actualidad y como han sugerido algunos, es indispensable una reestructuración del Tribunal Electoral que lleve a esa entidad tan determinante en la consolidación de nuestra democracia a personas de cuya imparcialidad no se pueda dudar.
Como hemos visto, las consiguientes actuaciones del primer mandatario dejan ver que si bien por la gran cantidad de votos que le sacó de ventaja la presidenta electa, Mireya Moscoso, a su más cercano competidor no le permitió ningún intento de variar el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas, tiene toda la intención de obstaculizar la transferencia ordenada del poder. Igualmente, debemos entender que tenía perfectamente conocimiento de lo que se había actuado por medio de sus fichas en el Tribunal Electoral, en las elecciones para legisladores en las cuales según algunos medios e informes de organizaciones serias, fueron las más irregulares de que se tenga noticias desde hace casi cincuenta años, abundando la compra de votos, violencia, cambio de residencia y empadronamientos ficticios, actas alteradas, jurados abandonados y cuentas irregulares, hechos éstos documentados que colman voluminosos informes según tenemos entendido de la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ha formulado una advertencia en el sentido de que no "descansará" hasta que el Tribunal Electoral rinda cuentas por todos los desmanes cometidos durante las pasadas elecciones.
Recientemente escuchamos declaraciones del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral en el sentido de la necesidad de revisar el Código Electoral en lo relacionado al estado de la doble residencia, beneficio que ocasionó muchos problemas en las pasadas elecciones de legisladores y representantes de corregimientos, situación que había sido ampliamente denunciada desde hace varios meses antes de las elecciones por políticos que se enteraron de lo que se estaba preparando y denunciaron el peligro de un fraude electoral.
El legislador arnulfista, Pablo Quintero Luna, denunció en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa correspondiente al 29 de septiembre de 1998, durante el período de incidencias la posibilidad de que en el circuito 6.3, era posible que se cometiera un enorme fraude electoral en base a la alteración de padrones electorales que reflejaban un escandaloso aumento en proporción con el verdadero crecimiento de la población. Similares denuncias se dieron en la edición del diario El Siglo, del 7 de octubre de 1998 en relación a los abusos en cambios de residencia, por miembros del gobernante PRD en sus elecciones primarias, en el mismo circuito 6.3, en donde la candidata a representante del mencionado colectivo político por el corregimiento de Los Canelos denunció la inscripción en el registro electoral de esa región de personas que no eran residentes. Los resultados de las elecciones en la provincia de Herrera, demuestran que los denunciantes mencionados tenían razón.
En muchas otras regiones del país se han escuchado antes y después de las elecciones, denuncias sobre la cantidad de personas no residentes de un circuito, que votaron en el mismo.
Lo expuesto nos demuestra que no existió la cacareada "transparencia" por parte el Tribunal Electoral y organismos como Justicia y Paz deben hacer públicos los informes que contienen las irregularidades denunciadas sobre las elecciones, para que el pueblo panameño y no dicha comisión, sea quien "no descanse" hasta que el Tribunal Electoral rinda cuenta por los delitos que se cometieron.
Hace bastante tiempo denuncié el hecho de que el Tribunal Electoral estaba conformado por personas de reconocidas tendencias políticas, a pesar de la prohibición constitucional en ese sentido y advertí que esa situación llevaría al organismo a una crisis de credibilidad. Hoy nuestra advertencia cobra actualidad y como han sugerido algunos, es indispensable una reestructuración del Tribunal Electoral que lleve a esa entidad tan determinante en la consolidación de nuestra democracia a personas de cuya imparcialidad no se pueda dudar.
