La UAF y su acción contra el lavado de dinero
En la última década, promovidas por la liberalización y el incremento del mercado de capitales, crecieron en los centros internacionales financieros grandes sumas de inversiones, así como negocios y operaciones comerciales sin regulación alguna. El criterio rector de una economía abastecida por estos grandes flujos fue la reticencia a la imposición de controles y normativas, asociados sin distinción a las viejas prácticas reglamentarias que querían dejarse atrás.
Como consecuencia de esta laxitud, florecieron los negocios vinculados con el blanqueo de capitales de dudoso origen. Transacciones financieras de diversos tenor y negocios inmobiliarios, comerciales, agropecuarios y turísticos se encuentran actualmente bajo sospecha de la justicia y están siendo investigados. Se estima que las operaciones de lavado de dinero involucran en el mundo más de 4 mil millones de dólares al año.
En rigor, Panamá no ha escapado a este fenómeno transnacional que arraiga no sólo en los "paraísos fiscales", sino también en plazas como Londres, Suiza, Miami y Nueva York. Dado este contexto internacional, la misión de la UAF debe consistir en investigar y denunciar el movimiento de dinero proveniente del narcotráfico, la prostitución de menores, la pornografía infantil y fraudes contra el Estado, entre otros delitos. La UAF debe tener acceso a toda información sobre actividades económicas realizadas por organismos públicos y privados, y debe estar facultada para intercambiar información sensitiva con sus homólogos.
La UAF debe abocarse al análisis de toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación económica o jurídica o de innecesaria complejidad, ya sea realizada en forma aislada o reiterada. Todos los integrantes de la UAF deben ser seleccionados por concurso, correspondiendo un representante por cada uno de los siguientes organismos públicos: Ministerio de Economía y Finanzas, Procuraduría General de la República, la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Nacional. A ellos se sumarían otros cinco profesionales expertos en la materia, elegidos también por concurso abierto. Actualmente, la UAF está constituida por personas que no han sido seleccionadas por concurso ni tampoco se les conoce su procedencia, además de tener parentesco con altos funcionarios del gobierno.
Más allá de la importancia de la UAF como instrumento contra el lavado de dinero, es preciso señalar que no es sólo con la letra de las leyes como se combaten los delitos. De hecho, ya existían normas y reglamentos de la Comisión Bancaria que prescribían acciones para tal propósito. El problema fundamental reside en la aplicación rigurosa y efectiva de la ley. Para ello hace falta firmeza política como para resistir probables presiones de intereses afectados, más autonomía judicial y recursos técnico-jurídicos suficientes y honestos. De lo contrario resultaría imposible cumplir con su filosofía de vigilar que Panamá no sea centro del lavado de dinero.
Como consecuencia de esta laxitud, florecieron los negocios vinculados con el blanqueo de capitales de dudoso origen. Transacciones financieras de diversos tenor y negocios inmobiliarios, comerciales, agropecuarios y turísticos se encuentran actualmente bajo sospecha de la justicia y están siendo investigados. Se estima que las operaciones de lavado de dinero involucran en el mundo más de 4 mil millones de dólares al año.
En rigor, Panamá no ha escapado a este fenómeno transnacional que arraiga no sólo en los "paraísos fiscales", sino también en plazas como Londres, Suiza, Miami y Nueva York. Dado este contexto internacional, la misión de la UAF debe consistir en investigar y denunciar el movimiento de dinero proveniente del narcotráfico, la prostitución de menores, la pornografía infantil y fraudes contra el Estado, entre otros delitos. La UAF debe tener acceso a toda información sobre actividades económicas realizadas por organismos públicos y privados, y debe estar facultada para intercambiar información sensitiva con sus homólogos.
La UAF debe abocarse al análisis de toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación económica o jurídica o de innecesaria complejidad, ya sea realizada en forma aislada o reiterada. Todos los integrantes de la UAF deben ser seleccionados por concurso, correspondiendo un representante por cada uno de los siguientes organismos públicos: Ministerio de Economía y Finanzas, Procuraduría General de la República, la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Nacional. A ellos se sumarían otros cinco profesionales expertos en la materia, elegidos también por concurso abierto. Actualmente, la UAF está constituida por personas que no han sido seleccionadas por concurso ni tampoco se les conoce su procedencia, además de tener parentesco con altos funcionarios del gobierno.
Más allá de la importancia de la UAF como instrumento contra el lavado de dinero, es preciso señalar que no es sólo con la letra de las leyes como se combaten los delitos. De hecho, ya existían normas y reglamentos de la Comisión Bancaria que prescribían acciones para tal propósito. El problema fundamental reside en la aplicación rigurosa y efectiva de la ley. Para ello hace falta firmeza política como para resistir probables presiones de intereses afectados, más autonomía judicial y recursos técnico-jurídicos suficientes y honestos. De lo contrario resultaría imposible cumplir con su filosofía de vigilar que Panamá no sea centro del lavado de dinero.
