La urgencia de transformar el transporte público
Hay quien dice que los problemas que se van solos vuelven acompañados. Por demasiados años los distintos gobiernos han evadido enfrentar el tema del transporte público, y en particular el metropolitano. Hay que reconocer que sobre ello inciden varios factores. Por una parte está el poder de movilización, o de parálisis, que siempre han tenido los transportistas y la importancia que se le da a esto en la búsqueda y conservación del poder público. Por la otra está la mayoría, hasta ahora silenciosa o por lo menos no articulada, que integran los usuarios del transporte público. También entra en la ecuación el asunto del costo creciente del combustible, el estancamiento de los salarios, el tipo de flota vehicular, los supuestamente gratuitos cupos, el calor y la lluvia, el desorden y la no actualización de las rutas, como otros factores importantes.
No se reconoce a primera vista el impacto que tiene un sistema con las deficiencias del nuestro, en otros aspectos de la calidad de vida. A las muertes y discapacidades producidas por los accidentes de tránsito, habría que agregar la merma en la calidad de vida de las personas que tienen que malgastar cerca de un 25% de su día, y por ende de su vida, en transportarse de su hogar al trabajo o a la escuela, y de vuelta a su casa. Tampoco se toma en cuenta el recurso que se malgasta en la compra y operación de automóviles particulares, que no se necesitarían si tuviéramos un buen sistema de transporte público. Ni qué decir de las inversiones que nos vemos forzados a hacer en más calles y avenidas, cada vez más anchas, y en los problemas que causa la falta de estacionamientos para una flota vehicular que crece más rápido que nuestra capacidad de construir y pavimentar.
La propuesta de usar como modelos a Curitiba y a Bogotá tiene sentido. Pero hay que aprender en cabeza ajena y no cometer los errores que han disminuido, por lo menos en Bogotá, el nivel de satisfacción con el servicio. Hay que sumar a los transportistas haciéndolos socios en el proyecto y demostrándoles que a través de las rutas alimentadoras tendrán tanto o más negocio que actualmente. Hay que establecer un mecanismo de indexación en el costo del pasaje, para que éste suba y baje automáticamente conforme fluctúe el precio del combustible que se utilice. En cuanto a esto, hay que preferir el gas natural a la gasolina o al diesel, ya que no sólo es más económico, sino que históricamente ha demostrado tener menos fluctuaciones que los otros dos. Hay que construir o dar en concesión, las terminales de trasbordo y sus locales comerciales a fin de que el proyecto sea autofinanciable.
Hacer perder hasta un cuarto de la vida en un mal transporte, no sólo es una especie de asesinato a plazos, sino que impide a decenas de miles de panameños dedicar tiempo a su familia, a su superación personal, a obras comunitarias, al descanso y al esparcimiento. El efecto de las energías creativas que se liberarían al resolver este problema superarán con creces los malestares del cambio. No se puede esperar que problema se vaya solo, ya regresó y lo hizo acompañado del estrés, del bajo nivel cultural, de los sueldos que no rinden y de una enorme factura petrolera.
Los panameños nos hemos pasado los últimos 50 años de ensayo en ensayo, buscando en las corrientes liberales (de Samudio) hasta el neoliberalismo de Chapman, la fórmula mágica y las tecnologías apropiadas para nuestros servicios y la agroindustria, sin lograrlo.
Las privatizaciones no han sido otra cosa que el despojo de nuestra riqueza estratégica (aguas y posición geográfica, así como recurso humano adiestrado) al servicio de poderosos monopolios privados que extraditan a sus cuentas internacionales los recursos líquidos que le servían al Estado para flexibilizar sus presupuestos e inversiones sociales.
No debemos extrañarnos que la teoría del transitismo interoceánico que privilegia nuestra economía de servicios (en detrimento del agro y la industria nacional) concentren en las riberas del Canal (Panamá y Colón) el 76 % de la población total del país, y el 72% de todo el desempleo.
El liberalismo económico y sus nuevas concepciones están impregnados de individualismo, egoísta y mezquino. Propugnan por la ley del más fuerte y no reparan en someter el recurso humano y los conocimientos al gran capital financiero.
La lucha contra la pobreza, el desempleo y subdesarrollo exigen un nivel superior de ética, moral y humanismo. De ahí que se imponga la urgente necesidad de consensuar un gran Pacto Social, que resuelva pacíficamente la inequidad en la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, y la democracia pueda convertirse en cultura de convivencia nacional.
No se reconoce a primera vista el impacto que tiene un sistema con las deficiencias del nuestro, en otros aspectos de la calidad de vida. A las muertes y discapacidades producidas por los accidentes de tránsito, habría que agregar la merma en la calidad de vida de las personas que tienen que malgastar cerca de un 25% de su día, y por ende de su vida, en transportarse de su hogar al trabajo o a la escuela, y de vuelta a su casa. Tampoco se toma en cuenta el recurso que se malgasta en la compra y operación de automóviles particulares, que no se necesitarían si tuviéramos un buen sistema de transporte público. Ni qué decir de las inversiones que nos vemos forzados a hacer en más calles y avenidas, cada vez más anchas, y en los problemas que causa la falta de estacionamientos para una flota vehicular que crece más rápido que nuestra capacidad de construir y pavimentar.
La propuesta de usar como modelos a Curitiba y a Bogotá tiene sentido. Pero hay que aprender en cabeza ajena y no cometer los errores que han disminuido, por lo menos en Bogotá, el nivel de satisfacción con el servicio. Hay que sumar a los transportistas haciéndolos socios en el proyecto y demostrándoles que a través de las rutas alimentadoras tendrán tanto o más negocio que actualmente. Hay que establecer un mecanismo de indexación en el costo del pasaje, para que éste suba y baje automáticamente conforme fluctúe el precio del combustible que se utilice. En cuanto a esto, hay que preferir el gas natural a la gasolina o al diesel, ya que no sólo es más económico, sino que históricamente ha demostrado tener menos fluctuaciones que los otros dos. Hay que construir o dar en concesión, las terminales de trasbordo y sus locales comerciales a fin de que el proyecto sea autofinanciable.
Hacer perder hasta un cuarto de la vida en un mal transporte, no sólo es una especie de asesinato a plazos, sino que impide a decenas de miles de panameños dedicar tiempo a su familia, a su superación personal, a obras comunitarias, al descanso y al esparcimiento. El efecto de las energías creativas que se liberarían al resolver este problema superarán con creces los malestares del cambio. No se puede esperar que problema se vaya solo, ya regresó y lo hizo acompañado del estrés, del bajo nivel cultural, de los sueldos que no rinden y de una enorme factura petrolera.
Los panameños nos hemos pasado los últimos 50 años de ensayo en ensayo, buscando en las corrientes liberales (de Samudio) hasta el neoliberalismo de Chapman, la fórmula mágica y las tecnologías apropiadas para nuestros servicios y la agroindustria, sin lograrlo.
Las privatizaciones no han sido otra cosa que el despojo de nuestra riqueza estratégica (aguas y posición geográfica, así como recurso humano adiestrado) al servicio de poderosos monopolios privados que extraditan a sus cuentas internacionales los recursos líquidos que le servían al Estado para flexibilizar sus presupuestos e inversiones sociales.
No debemos extrañarnos que la teoría del transitismo interoceánico que privilegia nuestra economía de servicios (en detrimento del agro y la industria nacional) concentren en las riberas del Canal (Panamá y Colón) el 76 % de la población total del país, y el 72% de todo el desempleo.
El liberalismo económico y sus nuevas concepciones están impregnados de individualismo, egoísta y mezquino. Propugnan por la ley del más fuerte y no reparan en someter el recurso humano y los conocimientos al gran capital financiero.
La lucha contra la pobreza, el desempleo y subdesarrollo exigen un nivel superior de ética, moral y humanismo. De ahí que se imponga la urgente necesidad de consensuar un gran Pacto Social, que resuelva pacíficamente la inequidad en la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, y la democracia pueda convertirse en cultura de convivencia nacional.
