La verdad sobre la calumnia
EL PERIODISMO es una profesión indómita, distinta de la publicidad y la propaganda. No obstante, es perfectamente comprensible que los medios y gremios periodísticos promuevan una campaña contra una ley, o un proyecto de ley, que consideran injusta o lesiva a la libertad de expresión, y por ende a su trabajo.
Todo periodista debe mostrar interés porque se denuncien públicamente los hechos y acciones que tengan la más ligera apariencia de represión o censura contra reporteros, editores o directivos de medios. Un mínimo de ética periodística enseña a repudiar cualquier acto de intimidación o manipulación para inhibir la producción de la noticia, o para distorsionarla.
Ahora bien, más allá de la opinión propia (a la que todo periodista tiene derecho), la campaña no publicitaria en defensa de sus intereses gremiales o de sus derechos ciudadanos, y la denuncia pública, queda siempre incólume el derecho-y-deber de informar. Y pienso que no se le ha entregado al público suficiente información sobre cómo cambió el anteproyecto de Código Penal, en materia de delitos contra el honor, a raíz de la intervención de un grupo de periodistas agremiados y no agremiados, y de representantes del Consejo Nacional de Periodismo ante la Comisión Codificadora nombrada por el Ejecutivo. Lo poco que se ha publicado sobre este particular, no es del todo claro, ni preciso, y no se le ha dado el destaque apropiado.
En el contexto de este déficit informativo, es probable que haya más personas que recuerden que el anteproyecto de Código Penal, que se debate en la Asamblea, es "un atentado" contra la libertad de expresión -como se dijo al principio, aunque el documento haya cambiado-, que las que conozcan las modificaciones introducidas por la Comisión Codificadora -no por el Ejecutivo, como equivocadamente se afirmó en su momento- y que son las que verdaderamente se discutirán en primer debate. Es probable que los gremios de periodistas y los directivos de medios no se hayan percatado de que tienen un proyecto que defender, por lo menos en lo que se refiere al título sobre los delitos contra el honor. Me explico.
Los miembros de la Comisión Codificadora se reunieron en varias ocasiones con una comité representativo de los gremios periodísticos y las empresas de información más importantes del país para discutir la media docena de artículos comprendidos bajo el título de los delitos contra el honor. La aspiración máxima de los visitantes era que se eliminara el título completo, pero una mayoría de los codificadores estuvo en desacuerdo.
El diálogo, fuera de algunas excentricidades, fue muy fructífero y ambas partes modificaron su posición en varios ocasiones para tratar de acercarse a un punto medio que fueses aceptable para ambas. Lo que al final quedó puede describirse, brevemente así:
La injuria y la calumnia son dos figuras diferentes que tipifican la conducta de quien agrede el honor de una persona y conllevan penas de días multa solamente, tal y como está en el actual Código Penal. Se mantuvo también la figura agravada cuando la lesión al honor se produce a través de un medio de comunicación, pero se eliminó el delito de reproducir o publicar en un medio de comunicación las ofensas proferidas por otro, que es el tipo penal que concierne directamente a los periodistas y directores de medios (actual artículo 175).
También se ampliaron las excusas absolutorias (artículo 216 del Anteproyecto). Tal como lo sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se incluyó dentro de los hechos para los cuales no cabe responsabilidad penal, el reporte fiel, es decir, la reproducción exacta de una información falsa, o una opinión lesiva, vertida por otro, no constituye un delito. Tampoco generarán responsabilidad penal la informaciones que hayan sido rectificadas o aclaradas voluntariamente.
Pero lo más importante, que es también lo más sensitivo, es que se destipificó (es decir, se descriminalizó) la ofensa al honor cuando los supuestos ofendidos sean servidores públicos, o particulares que se hayan involucrado en asuntos de interés público. En estos casos, el afectado tendrá abierta la vía para hacer la reclamación a través de una demanda de daños y perjuicios que se tramitará en la jurisdicción civil, igual que sucede ahora.
Previsiblemente, este último punto generará mucha controversia entre los diputados; para la Comisión tampoco ha sido fácil acordar estas propuestas. Son conocidas las divergencias que existen entre los comisionados, lo que no tiene nada de irregular. Al final, se trata solo de una propuesta que podrá ser modificada en todo o en parte por los diputados desde el primer debate.
El Presidente de la República ha mostrado un excepcional respeto hacia el trabajo hecho por la Comisión al solicitarle a los miembros del Consejo de Gabinete una aprobación de los anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal, sin discusión, para que sea el Órgano Legislativo, a través de la Comisión Legislativa permanente, el que albergue el intercambio de opiniones que indudablemente se suscitará cuando se inicien las consultas ciudadanas.
Aunque ya ha habido algunas tergiversaciones, por un lado, y actitudes equívocas, por otro, me atrevo a afirmar que los comisionados han hecho su aporte con un espíritu de humildad. Esto quiere decir, que en materia de elaboración de leyes y diseño de instituciones siempre hay varias alternativas posibles. Los anteproyectos presentados tan solo contienen una de ellas, y es muy probable, que en varios casos, se puedan proponer instituciones más apropiadas que las convenidas por los comisionados. No sería extraño que los anteproyectos vayan cambiando a medida que evoluciona el debate y se afina el consenso en torno a los mismos.
En lo que no puede haber ambigüedad, es que la sociedad debe organizarse para hacer esta discusión con buena información y orientación conceptual. Y sobra decir que las ganancias que contiene el anteproyecto de Código Penal para la libertad de expresión, y que he reseñado brevemente aquí, solo se conservarán si periodistas y medios las respaldan dentro y fuera de la Asamblea.
Todo periodista debe mostrar interés porque se denuncien públicamente los hechos y acciones que tengan la más ligera apariencia de represión o censura contra reporteros, editores o directivos de medios. Un mínimo de ética periodística enseña a repudiar cualquier acto de intimidación o manipulación para inhibir la producción de la noticia, o para distorsionarla.
Ahora bien, más allá de la opinión propia (a la que todo periodista tiene derecho), la campaña no publicitaria en defensa de sus intereses gremiales o de sus derechos ciudadanos, y la denuncia pública, queda siempre incólume el derecho-y-deber de informar. Y pienso que no se le ha entregado al público suficiente información sobre cómo cambió el anteproyecto de Código Penal, en materia de delitos contra el honor, a raíz de la intervención de un grupo de periodistas agremiados y no agremiados, y de representantes del Consejo Nacional de Periodismo ante la Comisión Codificadora nombrada por el Ejecutivo. Lo poco que se ha publicado sobre este particular, no es del todo claro, ni preciso, y no se le ha dado el destaque apropiado.
En el contexto de este déficit informativo, es probable que haya más personas que recuerden que el anteproyecto de Código Penal, que se debate en la Asamblea, es "un atentado" contra la libertad de expresión -como se dijo al principio, aunque el documento haya cambiado-, que las que conozcan las modificaciones introducidas por la Comisión Codificadora -no por el Ejecutivo, como equivocadamente se afirmó en su momento- y que son las que verdaderamente se discutirán en primer debate. Es probable que los gremios de periodistas y los directivos de medios no se hayan percatado de que tienen un proyecto que defender, por lo menos en lo que se refiere al título sobre los delitos contra el honor. Me explico.
Los miembros de la Comisión Codificadora se reunieron en varias ocasiones con una comité representativo de los gremios periodísticos y las empresas de información más importantes del país para discutir la media docena de artículos comprendidos bajo el título de los delitos contra el honor. La aspiración máxima de los visitantes era que se eliminara el título completo, pero una mayoría de los codificadores estuvo en desacuerdo.
El diálogo, fuera de algunas excentricidades, fue muy fructífero y ambas partes modificaron su posición en varios ocasiones para tratar de acercarse a un punto medio que fueses aceptable para ambas. Lo que al final quedó puede describirse, brevemente así:
La injuria y la calumnia son dos figuras diferentes que tipifican la conducta de quien agrede el honor de una persona y conllevan penas de días multa solamente, tal y como está en el actual Código Penal. Se mantuvo también la figura agravada cuando la lesión al honor se produce a través de un medio de comunicación, pero se eliminó el delito de reproducir o publicar en un medio de comunicación las ofensas proferidas por otro, que es el tipo penal que concierne directamente a los periodistas y directores de medios (actual artículo 175).
También se ampliaron las excusas absolutorias (artículo 216 del Anteproyecto). Tal como lo sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se incluyó dentro de los hechos para los cuales no cabe responsabilidad penal, el reporte fiel, es decir, la reproducción exacta de una información falsa, o una opinión lesiva, vertida por otro, no constituye un delito. Tampoco generarán responsabilidad penal la informaciones que hayan sido rectificadas o aclaradas voluntariamente.
Pero lo más importante, que es también lo más sensitivo, es que se destipificó (es decir, se descriminalizó) la ofensa al honor cuando los supuestos ofendidos sean servidores públicos, o particulares que se hayan involucrado en asuntos de interés público. En estos casos, el afectado tendrá abierta la vía para hacer la reclamación a través de una demanda de daños y perjuicios que se tramitará en la jurisdicción civil, igual que sucede ahora.
Previsiblemente, este último punto generará mucha controversia entre los diputados; para la Comisión tampoco ha sido fácil acordar estas propuestas. Son conocidas las divergencias que existen entre los comisionados, lo que no tiene nada de irregular. Al final, se trata solo de una propuesta que podrá ser modificada en todo o en parte por los diputados desde el primer debate.
El Presidente de la República ha mostrado un excepcional respeto hacia el trabajo hecho por la Comisión al solicitarle a los miembros del Consejo de Gabinete una aprobación de los anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal, sin discusión, para que sea el Órgano Legislativo, a través de la Comisión Legislativa permanente, el que albergue el intercambio de opiniones que indudablemente se suscitará cuando se inicien las consultas ciudadanas.
Aunque ya ha habido algunas tergiversaciones, por un lado, y actitudes equívocas, por otro, me atrevo a afirmar que los comisionados han hecho su aporte con un espíritu de humildad. Esto quiere decir, que en materia de elaboración de leyes y diseño de instituciones siempre hay varias alternativas posibles. Los anteproyectos presentados tan solo contienen una de ellas, y es muy probable, que en varios casos, se puedan proponer instituciones más apropiadas que las convenidas por los comisionados. No sería extraño que los anteproyectos vayan cambiando a medida que evoluciona el debate y se afina el consenso en torno a los mismos.
En lo que no puede haber ambigüedad, es que la sociedad debe organizarse para hacer esta discusión con buena información y orientación conceptual. Y sobra decir que las ganancias que contiene el anteproyecto de Código Penal para la libertad de expresión, y que he reseñado brevemente aquí, solo se conservarán si periodistas y medios las respaldan dentro y fuera de la Asamblea.
