La vivienda de alquiler
Muchas veces por querer hacer un bien causamos muchos males. Es lo que los economistas llaman los efectos perversos. Entre las necesidades básicas que definió Maslow en su famosa pirámide, está la de un hogar. Las políticas que propendan al acceso de las personas a tener una vivienda digna son de alta prioridad en cualquier nación civilizada, aquellas que hagan difícil que las personas puedan lograr su vivienda digna y segura son, por consecuencia, perversas.
La necesidad de viviendas se ha atendido de muchas maneras a lo largo del tiempo. Desde la apropiación de tierras y la construcción artesanal de la era colonial y colombiana, hasta el incentivo a la construcción de condominios y barriadas modernas, pasando por las casas de inquilinato, las invasiones de precaristas y los proyectos estatales de viviendas baratas.
Una de las medidas bien intencionadas, pero de efectos perversos, fue la Ley de Vivienda de la década del 70. A través del congelamiento de los cánones de arrendamiento se hizo desaparecer la inversión en casas de inquilinato. Estas viviendas, en su mayoría modestas, cumplían, entre otras cosas, la función de etapa intermedia para aquellos que dejaban el hogar familiar pero aún no tenían recursos para abonar a la compra de una vivienda propia. Este congelamiento también produjo el abandono por parte de los propietarios de los inmuebles cuyo costo de mantenimiento, cuenta de agua y otras obligaciones propias del arrendador, eran mayores que los ingresos que producían. El decaimiento de las propiedades abandonadas perjudicó al dueño, al inquilino y al ornato citadino. Las viviendas de alquiler no desaparecieron sino que se desplazaron a los extremos. En el sector formal sólo se alquilaban apartamentos relativamente costosos o a precios mayores que los que se pudieran ofrecer si no existiera el límite de congelación de B/. 250.00, y en el informal se dio el alquiler de cuartos y áreas segregadas de viviendas, supuestamente unifamiliares, sin ningún respeto a las normas ni a los derechos de los inquilinos.
El anuncio de la ministra de Vivienda, Balbina Herrera, en el sentido de revisar esta Ley, debe entenderse como un paso positivo para reabrir ese sector del mercado de la vivienda, y como una forma de crear nuevas oportunidades de ahorro y de inversión para personas que desean planificar una vejez más segura. Hay, sin embargo, que analizar con mucho cuidado qué hacer con las antiguas casas de inquilinato que aún están ocupadas. Recordemos que tanto en 1925 como en 1932 el tema inquilinario incendió el país. Cómo respetar el derecho a la propiedad privada mientras se le brindan opciones dignas a las personas que aún las habitan, será un tema que retará la habilidad política de la flamante ministra.
En 1977 la Administración Federal de Carreteras apeló y presentó los estudios ambientales, y solicitó la licencia para la reanudación de los trabajos; el 14 de marzo de 1978 la Corte falló favor, pero condicionó la continuación de la obra al cumplimiento de los mecanismos de control de la fiebre aftosa como lo había ordenado la Secretaría de Agricultura. Y es cuando el gremio de los ganaderos y los empresarios de la industria de cárnicos y lácteos de Estados Unidos comienzan a jugar un protagonismo en la parálisis de la obra.
En ese momento, el gobierno de EU, para evitar la propagación de la fiebre aftosa que afectaba la ganadería en el Darién colombiano hacia Centroamérica, impulsa la creación del Parque Natural de los Katíos como barrera natural. Es decir, en la creación del parque primaron más los intereses económicos del gremio de los ganaderos norteamericanos que los de las asociaciones ambientalistas.
Unas de las grandes mentiras que se han difundido en los últimos 30 años es que el Parque de los Katios fue creado para conservar y defender las riquezas biológicas de la región.
Las objeciones que las asociaciones de ambientalistas le hicieron a los estudios del Departamento del Transporte y a las inversiones de los fondos de Administración Federal de carreteras fue un sofisma muy bien orquestado por los empresarios norteamericanos para evitar pérdidas millonarias que podrían tener en el futuro con el contagio de la ganadería norteamericana de la epidemia de la fiebre aftosa.
Lo que estaba en juego no era en sí la protección y la conservación de los ecosistemas y las riquezas de flora y fauna de los bosques de Darién, sino los intereses económicos de ciertos gremios que veían afectados sus inversiones y sus dividendos con la expansión de la aftosa. Para la época se calculaba que la propagación de la enfermedad produciría en Estados Unidos pérdidas anuales superiores a los $10 mil millones, y éste era un riesgo que no querían correr los norteamericanos.
(Continurá. La segunda entrega fue publicada el 20 de septiembre).
La necesidad de viviendas se ha atendido de muchas maneras a lo largo del tiempo. Desde la apropiación de tierras y la construcción artesanal de la era colonial y colombiana, hasta el incentivo a la construcción de condominios y barriadas modernas, pasando por las casas de inquilinato, las invasiones de precaristas y los proyectos estatales de viviendas baratas.
Una de las medidas bien intencionadas, pero de efectos perversos, fue la Ley de Vivienda de la década del 70. A través del congelamiento de los cánones de arrendamiento se hizo desaparecer la inversión en casas de inquilinato. Estas viviendas, en su mayoría modestas, cumplían, entre otras cosas, la función de etapa intermedia para aquellos que dejaban el hogar familiar pero aún no tenían recursos para abonar a la compra de una vivienda propia. Este congelamiento también produjo el abandono por parte de los propietarios de los inmuebles cuyo costo de mantenimiento, cuenta de agua y otras obligaciones propias del arrendador, eran mayores que los ingresos que producían. El decaimiento de las propiedades abandonadas perjudicó al dueño, al inquilino y al ornato citadino. Las viviendas de alquiler no desaparecieron sino que se desplazaron a los extremos. En el sector formal sólo se alquilaban apartamentos relativamente costosos o a precios mayores que los que se pudieran ofrecer si no existiera el límite de congelación de B/. 250.00, y en el informal se dio el alquiler de cuartos y áreas segregadas de viviendas, supuestamente unifamiliares, sin ningún respeto a las normas ni a los derechos de los inquilinos.
El anuncio de la ministra de Vivienda, Balbina Herrera, en el sentido de revisar esta Ley, debe entenderse como un paso positivo para reabrir ese sector del mercado de la vivienda, y como una forma de crear nuevas oportunidades de ahorro y de inversión para personas que desean planificar una vejez más segura. Hay, sin embargo, que analizar con mucho cuidado qué hacer con las antiguas casas de inquilinato que aún están ocupadas. Recordemos que tanto en 1925 como en 1932 el tema inquilinario incendió el país. Cómo respetar el derecho a la propiedad privada mientras se le brindan opciones dignas a las personas que aún las habitan, será un tema que retará la habilidad política de la flamante ministra.
En 1977 la Administración Federal de Carreteras apeló y presentó los estudios ambientales, y solicitó la licencia para la reanudación de los trabajos; el 14 de marzo de 1978 la Corte falló favor, pero condicionó la continuación de la obra al cumplimiento de los mecanismos de control de la fiebre aftosa como lo había ordenado la Secretaría de Agricultura. Y es cuando el gremio de los ganaderos y los empresarios de la industria de cárnicos y lácteos de Estados Unidos comienzan a jugar un protagonismo en la parálisis de la obra.
En ese momento, el gobierno de EU, para evitar la propagación de la fiebre aftosa que afectaba la ganadería en el Darién colombiano hacia Centroamérica, impulsa la creación del Parque Natural de los Katíos como barrera natural. Es decir, en la creación del parque primaron más los intereses económicos del gremio de los ganaderos norteamericanos que los de las asociaciones ambientalistas.
Unas de las grandes mentiras que se han difundido en los últimos 30 años es que el Parque de los Katios fue creado para conservar y defender las riquezas biológicas de la región.
Las objeciones que las asociaciones de ambientalistas le hicieron a los estudios del Departamento del Transporte y a las inversiones de los fondos de Administración Federal de carreteras fue un sofisma muy bien orquestado por los empresarios norteamericanos para evitar pérdidas millonarias que podrían tener en el futuro con el contagio de la ganadería norteamericana de la epidemia de la fiebre aftosa.
Lo que estaba en juego no era en sí la protección y la conservación de los ecosistemas y las riquezas de flora y fauna de los bosques de Darién, sino los intereses económicos de ciertos gremios que veían afectados sus inversiones y sus dividendos con la expansión de la aftosa. Para la época se calculaba que la propagación de la enfermedad produciría en Estados Unidos pérdidas anuales superiores a los $10 mil millones, y éste era un riesgo que no querían correr los norteamericanos.
(Continurá. La segunda entrega fue publicada el 20 de septiembre).
