¿La voz de los sin voz? IV
De acuerdo a la reportera Cogley, el legislador Héctor Aparicio, en torno a la ahora ley, manifestó que "Este proyecto de ley sobre los menores es uno más de los que se han traído por los cabellos para obedecer a deseos personalista..." (sic). Según ella, dicho legislador "....manifestó su temor de que al convertirse este proyecto en ley, el mismo quede en acefalía por no tener una sustentación económica" (sic).
En su parte final, el reportaje expresa que el legislador Mario Forero se declaró favorable a la penalización juvenil, pero expresó que " ante todo es necesario que los menores reciban una buena educación en sus hogares" (sic). Además, "..los padres deben darle responsabilidades a sus hijos porque no se olvidar que el ocio es el padre de los vicios" (sic).
En publicación de El Panamá América, de 11 de agosto de 1999, atribuida a Carlos Anel Cordero (Nacional, pág. 3A), se pondera la aprobación en segundo debate de la penalización de menores. Más que un análisis, lo escrito consiste en un resumen del contenido de la actual ley. Al final, y según el periodista, una funcionaria judicial explicó que "....básicamente lo que se persigue con esta norma es que los menores respondan ante la ley por sus actos ilegales. Sin embargo, aclaró que el objetivo de este proyecto es resocializar a los menores de edad, ...de forma tal que puedan reintegrarse a la sociedad una vez concluyan su condena" (sic). ¿Cómo se compaginan penalización y resocializacón?¡
En el diario La Prensa, primera plana, del 14 de agosto de 1999, Manuel Alvarez Cedeño da cuenta de la aprobación en tercer y último debate del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, "...que tiene la finalidad de educar y no reprimir al menor infractor" (sic). ¿Y la penalización no constituye un acto de represión? Según el periodista, la legisladora Maruja Moreno expresó que el entonces proyecto "...establecerá las instituciones especializadas en la materia, para educar al adolescente infractor" (sic). ¿Educación en una cárcel? ¡Muéstrese el éxito de un empeño de esa naturaleza! Según lo que se le atribuye, el legislador Abel Murgas afirmó que "...con el proyecto se le está haciendo justicia con la sociedad panameña..." (sic). ¿Y quien le hace justicia a los adolescentes infractores por los abusos y hechos penales cometidos en su perjuicio? ¿Quién es capaz de aceptar que, en el caso de que el adolescente infractor termine el cumplimiento de su pena en un establecimiento penitenciario, "...se mantendrán las condiciones propias a los fines de resocialización" (sic)? Conociendo nuestros centros, ¡peca de iluso el que lo cree posible! ¿De dónde obtendremos los fondos para hacer efectiva la creación de Juzgados Penales para Adolescentes, de cárceles especiales para adolescentes, para hacer efectiva la escolarización, capacitación profesional y recreación dentro de esas cárceles? Sabemos que la atención de los adolescentes abusados saldrá de la esfera judicial, pero ¿cómo mantener simultáneo a la penalización juvenil, un sistema para los infractores policivos y penales de menos de 14 años de edad? ¡Seamos realistas!
Así, una Ley que, según la periodista Cogley, fue aprobada por legisladores suplentes en su mayoría, que no provocó el menor interés de éstos, que fue gestada a lo interno de una comisión codificadora y sin o con poca consulta externa, que es una "reacción" (no utiliza la palabra respuesta) a la infracción juvenil, que se anticipa como ley muerta por sus elevados costos en instituciones y en recursos humanos, que por su tecnicismo y profundidad no debió discutirse, y menos aprobarse, en sesiones extraordinarias y que, en su etapa de proyecto, se consideró como uno más de los que "...han traído por los cabellos para obedecer a deseos personalistas..." (sic). En nuestra opinión, la "crónica de una muerte anunciada", evocando al laureado Gabriel García Márquez.
En El Panamá América del 5 de septiembre de 1999, Contraportada, aparece un artículo que se dice elaborado por Enrique Watts Ríos e intitulado "Proyecto para acabar con la mora judicial"(sic). En él se atribuye al actual Ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, la intención de, respecto a la penalización juvenil, ".... determinar si se mantiene o debe ser modificada para que sea más efectiva" (sic). ¡Exhortamos a las autoridades competentes para que dispongan una moratoria suficiente en su implementación, hasta tanto se produzca la determinación a la que alude el Señor Ministro!
En su parte final, el reportaje expresa que el legislador Mario Forero se declaró favorable a la penalización juvenil, pero expresó que " ante todo es necesario que los menores reciban una buena educación en sus hogares" (sic). Además, "..los padres deben darle responsabilidades a sus hijos porque no se olvidar que el ocio es el padre de los vicios" (sic).
En publicación de El Panamá América, de 11 de agosto de 1999, atribuida a Carlos Anel Cordero (Nacional, pág. 3A), se pondera la aprobación en segundo debate de la penalización de menores. Más que un análisis, lo escrito consiste en un resumen del contenido de la actual ley. Al final, y según el periodista, una funcionaria judicial explicó que "....básicamente lo que se persigue con esta norma es que los menores respondan ante la ley por sus actos ilegales. Sin embargo, aclaró que el objetivo de este proyecto es resocializar a los menores de edad, ...de forma tal que puedan reintegrarse a la sociedad una vez concluyan su condena" (sic). ¿Cómo se compaginan penalización y resocializacón?¡
En el diario La Prensa, primera plana, del 14 de agosto de 1999, Manuel Alvarez Cedeño da cuenta de la aprobación en tercer y último debate del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, "...que tiene la finalidad de educar y no reprimir al menor infractor" (sic). ¿Y la penalización no constituye un acto de represión? Según el periodista, la legisladora Maruja Moreno expresó que el entonces proyecto "...establecerá las instituciones especializadas en la materia, para educar al adolescente infractor" (sic). ¿Educación en una cárcel? ¡Muéstrese el éxito de un empeño de esa naturaleza! Según lo que se le atribuye, el legislador Abel Murgas afirmó que "...con el proyecto se le está haciendo justicia con la sociedad panameña..." (sic). ¿Y quien le hace justicia a los adolescentes infractores por los abusos y hechos penales cometidos en su perjuicio? ¿Quién es capaz de aceptar que, en el caso de que el adolescente infractor termine el cumplimiento de su pena en un establecimiento penitenciario, "...se mantendrán las condiciones propias a los fines de resocialización" (sic)? Conociendo nuestros centros, ¡peca de iluso el que lo cree posible! ¿De dónde obtendremos los fondos para hacer efectiva la creación de Juzgados Penales para Adolescentes, de cárceles especiales para adolescentes, para hacer efectiva la escolarización, capacitación profesional y recreación dentro de esas cárceles? Sabemos que la atención de los adolescentes abusados saldrá de la esfera judicial, pero ¿cómo mantener simultáneo a la penalización juvenil, un sistema para los infractores policivos y penales de menos de 14 años de edad? ¡Seamos realistas!
Así, una Ley que, según la periodista Cogley, fue aprobada por legisladores suplentes en su mayoría, que no provocó el menor interés de éstos, que fue gestada a lo interno de una comisión codificadora y sin o con poca consulta externa, que es una "reacción" (no utiliza la palabra respuesta) a la infracción juvenil, que se anticipa como ley muerta por sus elevados costos en instituciones y en recursos humanos, que por su tecnicismo y profundidad no debió discutirse, y menos aprobarse, en sesiones extraordinarias y que, en su etapa de proyecto, se consideró como uno más de los que "...han traído por los cabellos para obedecer a deseos personalistas..." (sic). En nuestra opinión, la "crónica de una muerte anunciada", evocando al laureado Gabriel García Márquez.
En El Panamá América del 5 de septiembre de 1999, Contraportada, aparece un artículo que se dice elaborado por Enrique Watts Ríos e intitulado "Proyecto para acabar con la mora judicial"(sic). En él se atribuye al actual Ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, la intención de, respecto a la penalización juvenil, ".... determinar si se mantiene o debe ser modificada para que sea más efectiva" (sic). ¡Exhortamos a las autoridades competentes para que dispongan una moratoria suficiente en su implementación, hasta tanto se produzca la determinación a la que alude el Señor Ministro!
