Las advertencias de Moody´s
La excelente noticia que para el país significó que la calificadora internacional de riesgo Moody´s mantuviera en su reporte del mes pasado una evaluación buena para Panamá hizo que todos nos olvidáramos sus reservas y advertencias. Dos de ellas merecen extremada consideración. Una es el escuálido crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que el año pasado fue inferior al 1%, y la otra es la precaria situación financiera de la Caja de Seguro Social donde hay muchos que usan y abusan de sus beneficios y pocos los que aportan.
Un país seguramente podría tener un satisfactorio reporte de riesgo, aún estando en la miseria, después que honre escrupulosamente su deuda, reduzca a cerca de cero el déficit de su presupuesto y tenga niveles aceptables de endeudamiento y gasto. No es ese exactamente nuestro caso. En mucha medida estamos peor. Nos movemos al filo de la miseria, con una pobreza que ronda el 35%; aunque hacemos malabares para abonar a los préstamos, el peso de la deuda es asfixiante, al tiempo que el gobierno gasta demasiado y su déficit confeso llegó a 3% el año pasado en relación con el PIB. Por eso, en parte, no fuimos evaluados mejor.
Pero lo importante es tener presente que el dictamen de las calificadoras no es una evaluación de nuestra prosperidad, calidad o nivel de vida, sino apenas un mero indicativo de cómo manejamos en términos globales nuestros números y las perspectivas desde el punto de vista de los inversionistas y acreedores extranjeros. De allí que podamos ser un desastre de nación con una calificación aceptable que nos permita endeudarnos más, esto es, empeorar las cosas.
El PIB puede mejorar este año, en la medida que la confianza de los inversionistas aumente. Pero hay factores adversos que gravitan en sentido contrario, como es la campaña política, la deficiente ejecución del presupuesto de inversiones del gobierno y la reforma tributaria. Pero eso pasará una vez que se supere el factor electoral de este y el próximo año, y cuando asuma un nuevo gobierno que defina nuevas reglas. No antes.
La otra advertencia de Moody´s es el estado crítico de las finanzas del Seguro Social. Jované no tiene la culpa. Es un problema de arrastre. El último gobierno que tomó un par de medidas para alejarla del abismo fue el de Endara, cuando subió la edad de jubilación y elevó la defraudación a la categoría de delito. Pero las dos administraciones ulteriores no sólo no movieron un dedo para mejorar la situación sino que revirtieron las medidas.
Lo malo del actual director del Seguro es su resistencia al cambio y su carencia de alternativas. La situación deficitaria ha empeorado, se embarcó en costosas inversiones hospitalarias que no puede mantener y propició el despilfarro de los escasos recursos. Quiere más dinero, ampliando los gravámenes, sugiriendo que el Estado cubra el déficit y le traspase unas acciones en empresas privatizadas, más unas tierras de la ARI. Pero eso, sin una reforma integral, es echar la plata en saco roto.
Los argumentos de lógica y la experiencia del juez, no están explicitado en la actividad decisionista.
Como se puede observar, se trata de un acto de reverencia a la inquisitoriedad judicial.
Ahora bien, si bien es cierto que desde el punto de vista del derecho procesal de ley, la motivación no trasciende al fondo debatido, sí genera un problema de indefensión cuando se trata de un contra ataque, dirigido hacia una resolución con motivación deficitoria.
Lo anterior nos lleva a sostener, tal como ocurre en España, que el principio de la motivación tiene rango constitucional.
La jurisprudencia española, sobre todo de su más alto tribunal constitucional de justicia, ha reiterado que una sentencia con falta de motivación genera un cuadro de indefensión, lo que viola el debido proceso.
En consecuencia, es tenida como una garantía propia de un derecho procesal democrático.
Un país seguramente podría tener un satisfactorio reporte de riesgo, aún estando en la miseria, después que honre escrupulosamente su deuda, reduzca a cerca de cero el déficit de su presupuesto y tenga niveles aceptables de endeudamiento y gasto. No es ese exactamente nuestro caso. En mucha medida estamos peor. Nos movemos al filo de la miseria, con una pobreza que ronda el 35%; aunque hacemos malabares para abonar a los préstamos, el peso de la deuda es asfixiante, al tiempo que el gobierno gasta demasiado y su déficit confeso llegó a 3% el año pasado en relación con el PIB. Por eso, en parte, no fuimos evaluados mejor.
Pero lo importante es tener presente que el dictamen de las calificadoras no es una evaluación de nuestra prosperidad, calidad o nivel de vida, sino apenas un mero indicativo de cómo manejamos en términos globales nuestros números y las perspectivas desde el punto de vista de los inversionistas y acreedores extranjeros. De allí que podamos ser un desastre de nación con una calificación aceptable que nos permita endeudarnos más, esto es, empeorar las cosas.
El PIB puede mejorar este año, en la medida que la confianza de los inversionistas aumente. Pero hay factores adversos que gravitan en sentido contrario, como es la campaña política, la deficiente ejecución del presupuesto de inversiones del gobierno y la reforma tributaria. Pero eso pasará una vez que se supere el factor electoral de este y el próximo año, y cuando asuma un nuevo gobierno que defina nuevas reglas. No antes.
La otra advertencia de Moody´s es el estado crítico de las finanzas del Seguro Social. Jované no tiene la culpa. Es un problema de arrastre. El último gobierno que tomó un par de medidas para alejarla del abismo fue el de Endara, cuando subió la edad de jubilación y elevó la defraudación a la categoría de delito. Pero las dos administraciones ulteriores no sólo no movieron un dedo para mejorar la situación sino que revirtieron las medidas.
Lo malo del actual director del Seguro es su resistencia al cambio y su carencia de alternativas. La situación deficitaria ha empeorado, se embarcó en costosas inversiones hospitalarias que no puede mantener y propició el despilfarro de los escasos recursos. Quiere más dinero, ampliando los gravámenes, sugiriendo que el Estado cubra el déficit y le traspase unas acciones en empresas privatizadas, más unas tierras de la ARI. Pero eso, sin una reforma integral, es echar la plata en saco roto.
Los argumentos de lógica y la experiencia del juez, no están explicitado en la actividad decisionista.
Como se puede observar, se trata de un acto de reverencia a la inquisitoriedad judicial.
Ahora bien, si bien es cierto que desde el punto de vista del derecho procesal de ley, la motivación no trasciende al fondo debatido, sí genera un problema de indefensión cuando se trata de un contra ataque, dirigido hacia una resolución con motivación deficitoria.
Lo anterior nos lleva a sostener, tal como ocurre en España, que el principio de la motivación tiene rango constitucional.
La jurisprudencia española, sobre todo de su más alto tribunal constitucional de justicia, ha reiterado que una sentencia con falta de motivación genera un cuadro de indefensión, lo que viola el debido proceso.
En consecuencia, es tenida como una garantía propia de un derecho procesal democrático.
