Las Asociaciones Público – Privadas y la deuda pública oculta

La aplicación del infame Conceso de Washington, propuesto originalmente por John Williamson en 1989, en base de la política neoliberal, llevó a la aplicación de restricciones específicas sobre el nivel legalmente admitido para el déficit fiscal, así como sobre la relación endeudamiento público – PIB admisible.

Pese a esto, aun cuando resulte contradictorio, el sistema, incluso con el patrocinio de las llamadas Instituciones Financieras Internacionales, pronto encontró un mecanismo para seguir rentabilizando el capital, aun cuando en la práctica se violaran estas normas: las Alianzas Público – Privadas (APPs).

En teoría, las APP's implican la inversión privada de capital para generar una infraestructura o servicio público, a cambio de que el Gobierno, durante un largo período, le otorgue un pago en retribución.

En este sentido, desde el punto de vista de la contabilidad gubernamental, esta inversión no se clasifica como inversión pública, de manera que la misma, por ser privada, tampoco se incluye en el déficit fiscal.

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Todo esto, sin embargo, no es más que una forma de "contabilidad creativa", destinada a ocultar lo que en realidad es una creciente deuda pública.

Esto queda claro si se toma en cuenta que los contratos de las APP's significan que, tal como ocurre con la deuda pública, el Estado se obliga a pagar al inversionista privado un flujo de ingresos durante el período de vigencia del mismo.

Esto en la práctica significa que se están creando pasivos directos o contingentes, que deberán ser cancelados en el futuro.

Entendiendo esto, Paúl Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, afirma que: "escuchamos mucho sobre las deudas ocultas en que han incurrido los gobiernos en forma de pasivos de pensiones; no escuchamos mucho sobre las deudas ocultas que ahora se acumulan a largo plazo con empresas privadas contratadas para operar prisiones, escuelas y otros".

Si se tiene en cuenta lo expresado en un artículo anterior sobre el tema, la deuda oculta tipo APP's puede ser superior a la que se daría en caso de la realización de un proyecto público.

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En el caso de los intereses financieros de los privados, que harán parte del costo del proyecto, María José Romero y Mathieu Vervynckt, en un artículo titulado "El peligroso espejismo de las asociaciones público – privadas al descubierto", presentan evidencia en el sentido de que para el caso del Reino Unido "el tipo de interés efectivo de todas las operaciones financieras privadas… es el doble que el del conjunto de préstamos gubernamentales".

Dado que los pagos del sector público a los privados que hacen parte de las APPs, también incluyen las ganancias de estos últimos, vale la pena señalar que de acuerdo con estos dos autores "la organización sin fines de lucro Counter Balance reveló que las 215 APP's que respaldó el Banco Europeo de Inversiones entre 1990 y 2015 produjeron, por lo general, unas ganancias anuales del 12 por ciento".

A esto habría que sumar los altos costos vinculados con los llamados costos de transacción.

De lo anterior nuevamente se desprende que las APP's lejos de representar la panacea que nos ofrece el actual gobierno, es un mecanismo que contradice al bien común.

Economista