Las bananeras y los municipios
Uno de los problemas más delicados que enfrenta el contrato entre
el Estado y la Chiriquí Land Company que se debate en la Asamblea
Legislativa es el relativo a la pretensión del Gobierno Central de
exonerar las futuras explotaciones bananeras del impuesto municipal.
El nuevo contrato garantiza al menos en teoría un moderado aumento
de las contribuciones municipales de B/. 200 mil a B/. 312 mil. Pero los
distritos de Barú y Changuinola en particular se quejan que, en la
práctica, el Estado se encarga de recabar el importe de los impuestos
y nunca los canaliza hacia los municipios respectivos en la cuantía
debida ni con la regularidad deseada.
El legislador perredista, Carlos Smith, ha manifestado preocupación
ante la posibilidad que, en la práctica, los municipios que resultan
ser anfitriones de la rica explotación bananera, no reciban las justas
compensaciones que les corresponden.
La queja no es nueva. Periódicamente escuchamos protestas similares
de otros municipios y comunidades en cuya circunscripción tienen
lugar importantes explotaciones económicas. Así ocurre de
cuando en cuando en Colón respecto a la Zona Libre y los negocios
portuarios, todos multimillonarios. E igual sucede en los distritos donde
tienen efecto las explotaciones mineras, en Veraguas en particular.
No es justo que sea el Gobierno Central el que perciba los mayores dividendos
que canaliza hacia el resto del país, mientras que las pequeñas
comunidades que alojan en su seno la respectiva actividad económica,
padecen todo tipo de privaciones. La centralización en ese sentido
es absurda: miseria para los propios y bonanza para los ajenos.
Cosa distinta ocurre en sistemas descentralizados como los que existen
en Estados Unidos, Alemania y Japón, entre otros. Así, la
presencia de grandes pozos petrolíferos en el estado de Texas hace
de éste uno de los más ricos de la Unión Americana,
lo que permite a los gobiernos locales dotarse de una magnífica infraestructura,
universidades y servicios públicos. Igual ocurre con los más
ricos "lands" alemanes que, luego de proveer sus propias necesidades,
destinan excedentes a los más pobres.
El tener municipios como Barú y Changuinola sumidos en una perenne
escasez de recursos, mientras el Estado expolia sus fuentes económicas,
carece de todo sentido y estimula situaciones absurdas, como la de distritos
que se ven forzados a vender la arena de sus ríos y playas o a explotar
la venta de licores para tener magros recursos con que subsistir.
En fin, el nuevo contrato bananero debe asegurar a los municipios respectivos
un beneficio generoso y directo de la multimillonaria actividad, al margen
de cualesquiera otras consideraciones.
el Estado y la Chiriquí Land Company que se debate en la Asamblea
Legislativa es el relativo a la pretensión del Gobierno Central de
exonerar las futuras explotaciones bananeras del impuesto municipal.
El nuevo contrato garantiza al menos en teoría un moderado aumento
de las contribuciones municipales de B/. 200 mil a B/. 312 mil. Pero los
distritos de Barú y Changuinola en particular se quejan que, en la
práctica, el Estado se encarga de recabar el importe de los impuestos
y nunca los canaliza hacia los municipios respectivos en la cuantía
debida ni con la regularidad deseada.
El legislador perredista, Carlos Smith, ha manifestado preocupación
ante la posibilidad que, en la práctica, los municipios que resultan
ser anfitriones de la rica explotación bananera, no reciban las justas
compensaciones que les corresponden.
La queja no es nueva. Periódicamente escuchamos protestas similares
de otros municipios y comunidades en cuya circunscripción tienen
lugar importantes explotaciones económicas. Así ocurre de
cuando en cuando en Colón respecto a la Zona Libre y los negocios
portuarios, todos multimillonarios. E igual sucede en los distritos donde
tienen efecto las explotaciones mineras, en Veraguas en particular.
No es justo que sea el Gobierno Central el que perciba los mayores dividendos
que canaliza hacia el resto del país, mientras que las pequeñas
comunidades que alojan en su seno la respectiva actividad económica,
padecen todo tipo de privaciones. La centralización en ese sentido
es absurda: miseria para los propios y bonanza para los ajenos.
Cosa distinta ocurre en sistemas descentralizados como los que existen
en Estados Unidos, Alemania y Japón, entre otros. Así, la
presencia de grandes pozos petrolíferos en el estado de Texas hace
de éste uno de los más ricos de la Unión Americana,
lo que permite a los gobiernos locales dotarse de una magnífica infraestructura,
universidades y servicios públicos. Igual ocurre con los más
ricos "lands" alemanes que, luego de proveer sus propias necesidades,
destinan excedentes a los más pobres.
El tener municipios como Barú y Changuinola sumidos en una perenne
escasez de recursos, mientras el Estado expolia sus fuentes económicas,
carece de todo sentido y estimula situaciones absurdas, como la de distritos
que se ven forzados a vender la arena de sus ríos y playas o a explotar
la venta de licores para tener magros recursos con que subsistir.
En fin, el nuevo contrato bananero debe asegurar a los municipios respectivos
un beneficio generoso y directo de la multimillonaria actividad, al margen
de cualesquiera otras consideraciones.
