Las condenas de BANAICO
Esta semana, el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó las penas de prisión y la multas impuestas por el Juzgado Duodécimo del Circuito de Panamá a Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Maritza Ramos de Mattaden e Irasema Subía por sus actuaciones en relación con la insolvencia, iliquidez y posterior liquidación del Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO).
Aunque no representa restitución económica para los cientos de cuentahabientes que perdieron casi tres cuartas partes de sus ahorros, la condena sí constituye una restitución moral. Para el país, el fallo es reivindicatorio y debe servir de punto de referencia para los legisladores, los reguladores bancarios y los demás banqueros en la plaza de suerte que situaciones como la de BANAICO no se repitan.
Como se recordará, BANAICO fue el primer banco en la historia de la República que ha quebrado por insolvencia en condiciones altamente sospechosas. En 1996, su presidente, Manuel Salvador Morales solicitó a la Comisión Bancaria Nacional que interviniera la entidad como consecuencia de lo que calificó como una precipitada e imprevisible falta de liquidez. Bajo el régimen jurídico vigente entonces, la Comisión debía determinar si era viable reestructurarlo para permitirle continuar operando o remitir su liquidación a un juzgado competente. Optó por esto último.
Durante el proceso judicial y el proceso penal que posteriormente se promovieron, este último en contra de los ejecutivos hoy condenados, se pudo conocer sobre maquinaciones fraudulentas, la simulación de condiciones, y la constitución de sociedades con el único fin de defraudar y de sacar provechos ilícitos. Según el tribunal en apelación, "la insolvencia e iliquidez de BANAICO fue producto de un desgreño administrativo, caracterizado por acciones a todas luces dolosas, bajo la implementación de un sinnúmero de operaciones bancarias engañosas, prohibidas, algunas sin documentación sustentatoria y otras amparadas con documentos o información falsa, que daban la apariencia de solvencia económica y financiera del banco". Cientos de ahorristas, en su mayoría medianos empresarios y jubilados, perdieron gran parte de sus inversiones y ahorros, luego que los directivos realizarán esas transacciones ilegales. Todo lo descubierto durante este proceso es propio de una novela, en la cual algunos pierden, otros son condenados e inclusive otros ganan, ya sea porque nunca se descubrieron sus trastadas o porque simplemente se aprovecharon de las fechorías o la debilidades de otros.
Por otro lado, es bochornoso, por decir lo menos, que haya tomado tanto tiempo para alcanzar las reivindicaciones recientes. Tampoco es aceptable, bajo ningún prisma, que este proceso haya consumido más de un millón de balboas en gastos. Se sabe que la legislación bancaria ha cambiado, que hoy en día el procedimiento es distinto, pero también sabemos que la liquidación de Banco Disa, que siguió el proceso nuevo, tomó también demasiado tiempo y causó altos gastos, todo lo cual reduce la recuperación de los ahorristas.
Seguiremos insistiendo que la legislación bancaria no sea revisada cada dos décadas. Cada una de estas experiencias debe servir de inspiración para mejorar estos procesos, los cuales, aunque sean extraordinarios, necesariamente ocurrirán. Y no nos cansaremos de reprocharle a los reguladores bancarios que permitan que algunas manzanas podridas desluzcan y empobrezcan al país.
Aunque no representa restitución económica para los cientos de cuentahabientes que perdieron casi tres cuartas partes de sus ahorros, la condena sí constituye una restitución moral. Para el país, el fallo es reivindicatorio y debe servir de punto de referencia para los legisladores, los reguladores bancarios y los demás banqueros en la plaza de suerte que situaciones como la de BANAICO no se repitan.
Como se recordará, BANAICO fue el primer banco en la historia de la República que ha quebrado por insolvencia en condiciones altamente sospechosas. En 1996, su presidente, Manuel Salvador Morales solicitó a la Comisión Bancaria Nacional que interviniera la entidad como consecuencia de lo que calificó como una precipitada e imprevisible falta de liquidez. Bajo el régimen jurídico vigente entonces, la Comisión debía determinar si era viable reestructurarlo para permitirle continuar operando o remitir su liquidación a un juzgado competente. Optó por esto último.
Durante el proceso judicial y el proceso penal que posteriormente se promovieron, este último en contra de los ejecutivos hoy condenados, se pudo conocer sobre maquinaciones fraudulentas, la simulación de condiciones, y la constitución de sociedades con el único fin de defraudar y de sacar provechos ilícitos. Según el tribunal en apelación, "la insolvencia e iliquidez de BANAICO fue producto de un desgreño administrativo, caracterizado por acciones a todas luces dolosas, bajo la implementación de un sinnúmero de operaciones bancarias engañosas, prohibidas, algunas sin documentación sustentatoria y otras amparadas con documentos o información falsa, que daban la apariencia de solvencia económica y financiera del banco". Cientos de ahorristas, en su mayoría medianos empresarios y jubilados, perdieron gran parte de sus inversiones y ahorros, luego que los directivos realizarán esas transacciones ilegales. Todo lo descubierto durante este proceso es propio de una novela, en la cual algunos pierden, otros son condenados e inclusive otros ganan, ya sea porque nunca se descubrieron sus trastadas o porque simplemente se aprovecharon de las fechorías o la debilidades de otros.
Por otro lado, es bochornoso, por decir lo menos, que haya tomado tanto tiempo para alcanzar las reivindicaciones recientes. Tampoco es aceptable, bajo ningún prisma, que este proceso haya consumido más de un millón de balboas en gastos. Se sabe que la legislación bancaria ha cambiado, que hoy en día el procedimiento es distinto, pero también sabemos que la liquidación de Banco Disa, que siguió el proceso nuevo, tomó también demasiado tiempo y causó altos gastos, todo lo cual reduce la recuperación de los ahorristas.
Seguiremos insistiendo que la legislación bancaria no sea revisada cada dos décadas. Cada una de estas experiencias debe servir de inspiración para mejorar estos procesos, los cuales, aunque sean extraordinarios, necesariamente ocurrirán. Y no nos cansaremos de reprocharle a los reguladores bancarios que permitan que algunas manzanas podridas desluzcan y empobrezcan al país.
