Las cosas de Leandro
En 1994, cuando fueron despedidos miles de trabajadores del sector público por el gobierno de Pérez Balladares, nadie escuchó ni a Leandro, ni a Abel, manifestar su inconformidad por aquellos despidos cuyos decretos sólo eran justificados bajo la rúbrica de "insubsistentes". A estos trabajadores se les dejaba sin trabajo por el sólo hecho de haber sido nombrados en el gobierno democrático de Guillermo Endara. En aquella época nadie escuchó hablar de despidos por corrupción. Su único delito era ser arnulfista, molirena, demócratacristiano, independiente nombrado por Guillermo Endara y en decenas de casos, perredés cuya falta era no haber sido despedidos por corrupción en 1990.
En un vídeo de las grabaciones del Consejo de Gabinete durante el último año de la dictadura en 1989, uno de los participantes hacía referencia con mucha propiedad al trabajo que, para mantener el "apoyo" del sector público, hacía "Héctor" a través de una de esas organizaciones para infiltrar la sociedad civil que tenía el G-2. Luego vemos que bajo el paraguas de la impunidad, que muchas veces patrocina la autonomía universitaria, esta organización, como muchas otras que fueron creadas por los militares en la universidad, sobrevive y se desarrolla en democracia, transformándose en uno de los "frentes" que el PRD promueve como organismo de lucha.
Leandro es especial. Siendo funcionario público en pleno período electoral, que la ley y la simple ética impone una obligación de reserva en cuanto a opiniones y preferencias políticas, sale a hacer campaña a favor de su candidato. Además de esto, involucra a su supuesta organización gremial a favor del entonces candidato oficialista. En los cinco años del gobierno de Pérez Balladares, Leandro ni sus copartidarios se preocuparon por implementar la Ley de Carrera Administrativa promulgada por Endara Galimany. Sin embargo, en el período de transición, a pocos días de dejar el gobierno, Leandro obtiene una "conquista". La Ley es implementada en los últimos días de Pérez Balladares como instrumento de amparo para funcionarios que a última hora y de manera sospechosa, se acogieron a estas medidas.
Según Leandro, aproximadamente el setenta por ciento (70%) de los funcionarios públicos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático. Evidentemente esta herencia de la dictadura es una injusticia que debe soportar con estoicismo el setenta por ciento (70%) de los panameños que no comulgan con esta organización política y cuyo resultado se ve reflejado como una constante a través de las elecciones.
La historia reciente demuestra que aquellas organizaciones políticas estructuradas bajo el concepto de pequeños grupos élite, encargados de provocar el caos y el desasosiego político, son desarticuladas por la fuerza actual de los anhelos de libertad que mueven al hombre. Esto se ha visto con vigor en Rusia y el Este de Europa. Ya los frentes de lucha y las "vanguardias" de obreros y campesinos han sido desenmascaradas a nivel universal por el sacrificio humano de millones de víctimas.
En un vídeo de las grabaciones del Consejo de Gabinete durante el último año de la dictadura en 1989, uno de los participantes hacía referencia con mucha propiedad al trabajo que, para mantener el "apoyo" del sector público, hacía "Héctor" a través de una de esas organizaciones para infiltrar la sociedad civil que tenía el G-2. Luego vemos que bajo el paraguas de la impunidad, que muchas veces patrocina la autonomía universitaria, esta organización, como muchas otras que fueron creadas por los militares en la universidad, sobrevive y se desarrolla en democracia, transformándose en uno de los "frentes" que el PRD promueve como organismo de lucha.
Leandro es especial. Siendo funcionario público en pleno período electoral, que la ley y la simple ética impone una obligación de reserva en cuanto a opiniones y preferencias políticas, sale a hacer campaña a favor de su candidato. Además de esto, involucra a su supuesta organización gremial a favor del entonces candidato oficialista. En los cinco años del gobierno de Pérez Balladares, Leandro ni sus copartidarios se preocuparon por implementar la Ley de Carrera Administrativa promulgada por Endara Galimany. Sin embargo, en el período de transición, a pocos días de dejar el gobierno, Leandro obtiene una "conquista". La Ley es implementada en los últimos días de Pérez Balladares como instrumento de amparo para funcionarios que a última hora y de manera sospechosa, se acogieron a estas medidas.
Según Leandro, aproximadamente el setenta por ciento (70%) de los funcionarios públicos pertenecen al Partido Revolucionario Democrático. Evidentemente esta herencia de la dictadura es una injusticia que debe soportar con estoicismo el setenta por ciento (70%) de los panameños que no comulgan con esta organización política y cuyo resultado se ve reflejado como una constante a través de las elecciones.
La historia reciente demuestra que aquellas organizaciones políticas estructuradas bajo el concepto de pequeños grupos élite, encargados de provocar el caos y el desasosiego político, son desarticuladas por la fuerza actual de los anhelos de libertad que mueven al hombre. Esto se ha visto con vigor en Rusia y el Este de Europa. Ya los frentes de lucha y las "vanguardias" de obreros y campesinos han sido desenmascaradas a nivel universal por el sacrificio humano de millones de víctimas.
