Las cuentas contra el Tesoro
El gobierno suele ser bastante rápido y feroz a la hora de cobrar, pero muy lento al pagar, aunque en los últimos meses ha hecho un esfuerzo por bajar la añeja deuda con sus proveedores. La Cámara de Comercio ha dicho que 61% de ella sigue pendiente de pago, mientras que el 30% está en trámite de cobro y sólo 9% se ha cobrado. La Contraloría General, cuidando celosamente -como debe- un presupuesto de caja, dilata cuanto pago puede, aunque con demasiada frecuencia se le pasa la mano.
Nunca deja de ser curioso el doble estándar de buen cobrador y mal pagador. Porque si cualquier ciudadano se atrasa en el pago de sus impuestos, el recargo de 10% sobre el adeudo es criminal, más 15% adicional si se trata de omisión del ITBMS, más el interés corriente en el mercado (12%), más 15% de multa. Cuando usted suma todo aquello, verá que los cargos exceden el 50% lo adeudado. Eso si corre con suerte.
En efecto, si a los sobrecostos anteriores se agregan los cargos por cobro coactivo, por efecto de uno de los juicios ejecutivos que suelen seguir un número infinito de entidades, con la Dirección de Ingresos a la cabeza, los pagos pueden incrementarse otro 30%. De allí en adelante el patíbulo, la quiebra.
Al contrario ocurre si un acreedor cualquiera presenta una cuenta contra el Tesoro o contra una entidad pública. Los pasos para su aprobación y refrendo son tan numerosos y dilatados que, de ordinario, exceden el año, antes de que se den por aprobados o estén listos para su pago, el que a su vez puede tardar - por lo menos - un año más.
Obviamente, en ese camino inverso, el acreedor del gobierno, no puede esperar cobrar intereses y mucho menos recargo. Su única alternativa lícita es esperar, lo que de ordinario resulta frustrante, no sólo por el tiempo que demora, sino porque en el ínterin puede enterarse de que se pagan cuentas menos antiguas de terceros y que se ofrecen servicios para acelerar cobros a cambio de comisiones hasta (coimas) de 30%. Otra opción lícita es descontar la cuenta en un banco, con lo cual rescata si acaso el 60% de su importe y a veces bastante menos.
La posibilidad de demandar por cobro al gobierno es factible, tanto como para Einstein lo es doblar el tiempo en el espacio, una mera opción matemática que sólo complace a los académicos pero que, en la práctica es irrealizable. El Estado, definitivamente, es un malapaga de los peores, pero no se puede vivir sin él, porque es el que más gasta, compra y consume.
Por eso, a inicios de este gobierno, recomendamos una fórmula sencilla de buen desempeño gubernamental, al menor esfuerzo, el cual consistía en dejar a la empresa privada trabajar y producir riqueza en paz, y acelerar el pago de sus cuentas. Lo primero habría dinamizado la economía y creado empleos y, lo segundo, habría incrementado el flujo de circulante en el mercado con efectos tonificantes inmediatos. No lo hizo y allí vemos el desastre: una empresa privada retraída y aletargada y un consumo débil. De los consumidores, por cierto, depende el 70% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando.
Nunca deja de ser curioso el doble estándar de buen cobrador y mal pagador. Porque si cualquier ciudadano se atrasa en el pago de sus impuestos, el recargo de 10% sobre el adeudo es criminal, más 15% adicional si se trata de omisión del ITBMS, más el interés corriente en el mercado (12%), más 15% de multa. Cuando usted suma todo aquello, verá que los cargos exceden el 50% lo adeudado. Eso si corre con suerte.
En efecto, si a los sobrecostos anteriores se agregan los cargos por cobro coactivo, por efecto de uno de los juicios ejecutivos que suelen seguir un número infinito de entidades, con la Dirección de Ingresos a la cabeza, los pagos pueden incrementarse otro 30%. De allí en adelante el patíbulo, la quiebra.
Al contrario ocurre si un acreedor cualquiera presenta una cuenta contra el Tesoro o contra una entidad pública. Los pasos para su aprobación y refrendo son tan numerosos y dilatados que, de ordinario, exceden el año, antes de que se den por aprobados o estén listos para su pago, el que a su vez puede tardar - por lo menos - un año más.
Obviamente, en ese camino inverso, el acreedor del gobierno, no puede esperar cobrar intereses y mucho menos recargo. Su única alternativa lícita es esperar, lo que de ordinario resulta frustrante, no sólo por el tiempo que demora, sino porque en el ínterin puede enterarse de que se pagan cuentas menos antiguas de terceros y que se ofrecen servicios para acelerar cobros a cambio de comisiones hasta (coimas) de 30%. Otra opción lícita es descontar la cuenta en un banco, con lo cual rescata si acaso el 60% de su importe y a veces bastante menos.
La posibilidad de demandar por cobro al gobierno es factible, tanto como para Einstein lo es doblar el tiempo en el espacio, una mera opción matemática que sólo complace a los académicos pero que, en la práctica es irrealizable. El Estado, definitivamente, es un malapaga de los peores, pero no se puede vivir sin él, porque es el que más gasta, compra y consume.
Por eso, a inicios de este gobierno, recomendamos una fórmula sencilla de buen desempeño gubernamental, al menor esfuerzo, el cual consistía en dejar a la empresa privada trabajar y producir riqueza en paz, y acelerar el pago de sus cuentas. Lo primero habría dinamizado la economía y creado empleos y, lo segundo, habría incrementado el flujo de circulante en el mercado con efectos tonificantes inmediatos. No lo hizo y allí vemos el desastre: una empresa privada retraída y aletargada y un consumo débil. De los consumidores, por cierto, depende el 70% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando.
