Las desfachateces del Centenario
La desfachatez con la que han actuado en los últimos días los órganos del Estado, hacen necesario que búsquemos en cada uno de nosotros la causa de la supremacía de las autoridades poco competentes, y poco escrupulosas. En efecto, mientras el Organo Ejecutivo ensayaba el golpismo contra la Caja de Seguro Social para apropiarse de sus fondos, el Organo Judicial nos obsequiaba “el fallo del centenario” con su decisión sobre el CEMIS y, para no quedarse atrás, el Organo Legislativo aprobaba el Convenio Arias-Watts que, en flagrante violación del derecho internacional, acuerda inmunidad a los ciudadanos estadounidenses que resulten responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
El cordón umbilical de todas estas (y otras) actuaciones es la corrupción integradora, que es aquella que vincula a las personas y grupos en redes perdurables de intercambios y de intereses compartidos. Recordemos que la corrupción “constituye un modo de influencia que repugna a ciertas reglas que gobiernan la práctica democrática”. Observemos que en las actuaciones citadas de los órganos del Estado, el Pacto MAMI, o sea la participación y cohabitación de integrantes y representantes de los partidos de los arnulfistas y de los torrijistas es pública, pero también notoria.
Lo actuado en el Caso del Seguro Social, para mencionar solo uno, es el resultado de la desfachatez del Organo Ejecutivo en su dinámica de desmoralización social para ejercer el poder por el poder. Su desvergüenza y su cinismo están llevando de nuevo a implantar la ley del más fuerte y están legitimando a esos “señores del dinero”, que promueven solo la eficiencia y la productividad y no hablan de justicia ni de solidaridad.
En lo concerniente al Organo Judicial y su decisión sobre el caso de los “Afúdólares” y de los nombramientos de dos magistrados y sus suplentes gracias a dineros del proyecto CEMIS, es prudente tener presente -como referencia teórica- que Montesquieu concibió el Poder Judicial como garante del pacto entre el rey y la aristocracia; el juez como límite frente a las prerrogativas del soberano-legislador. Pero, exteriorizó también la preocupación por el riesgo de un posible ejercicio despótico del poder ímplicito en esa función.
Como en nuestra estructura jurídica no hay mecanismos para evitar el control del Ejecutivo sobre la actuación y la organización del Organo Judicial, el tráfico de influencias es cotidiano, así como el mandarinato judicial resulta incontrolable por parte de los ciudadanos. Por ello, no deja de decir verdad la señora Procuradora suplente cuando afirma que: “Resulta contradictorio con el pronunciamiento anterior de la Corte sobre este tema [caso CEMIS], que ahora se considere que los señores miembros de la Asamblea se encontraban gozando de inmunidad parlamentaria, y se ignore totalmente que para la fecha en que se inician las investigaciones la Asamblea Legislativa se encontraba dentro del período de receso...”.
En cuanto a la aprobación por parte del Organo Legislativo del Convenio Arias-Watts, cabe señalar que los acuerdos de impunidad no están permitidos por el Estatuto de Roma, que dicho convenio es ilegal e inconstitucional y es absolutamente inconsecuente con un sinnúmero de acuerdos y tratados internacionales de los que el Estado panameño es parte. Luego, lo actuado por los miembros de la Asamblea Legislativa -una vez más- está contra los principios elementales de un Estado de derecho, de la democracia, del derecho internacional y de los derechos humanos.
Tanta desfachatez de los representantes de los órganos del Estado nos debe llenar, como ciudadanos, de una gran vergüenza. Pero, ¿cree usted que a ellos les importa?
El magistrado Arjona en su salvamento de voto lamentó la decisión asumida por la mayoría de sus colegas con respecto a este escándalo.
"Francamente hubiera preferido que nuestra institución asumiera el desafío de hacer sentir su voz orientadora bien para castigar ejemplarmente a los responsables de los supuestos ilícitos o bien para exonerar con valentía y firmeza a los presuntos implicados", sostuvo el magistrado.
Destacó que con este fallo, la Corte se ha privado de la preciosa oportunidad de ocupar un lugar estelar en esta singular coyuntura de nuestro devenir republicano.
Luego de esta decisión, comentó Arjona, que infortunadamente enfrentará un clima de incomprensión y decepción, "mucho me temo que la nación no volverá a ser la misma".
Agregó que el tema atinente a la inmunidad parlamentaria pasará posiblemente a partir de hoy, por un áspero, desabrido y difícil cuestionamiento público, que tendrá que imponer beneficio de la salud institucional de la república, una reflexión generosa, madura y responsable de su alcance y razón de ser.
Este diario tuvo acceso a una carta enviada por Jacinto Cárdenas, magistrado ponente del fallo, a Adán Arjona, presidente de la Corte Suprema. Su contenido revela claramente el malestar de Cárdenas y el ambiente que reina en la máxima corporación de justicia.
Cárdenas expresa su desacuerdo con la decisión tomada por Arjona de “hacer llegar a los medios de comunicación su salvamento de voto del caso en mención...”.
Sostiene que el fallo se filtró a los medios antes de que el magistrado César Pereira Burgos y el secretario de la Corte, Carlos Cuestas, lo hubieran firmado. Indica que hasta tanto este trámite no se hubiera cumplido, el contenido del fallo podía ser modificado, pero con la “publicidad” del salvamento de voto de Arjona, esa posibilidad quedó descartada.
La carta fue enviada anteayer y en ella Cárdenas le recrimina al presidente de la Corte que aunque Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega no compartían el criterio de la mayoría, respetaron lo acordado en el pleno y no remitieron a los medios su salvamento.
En lo que pareciera un dejo de ironía, el ponente le dice a Arjona que “en solitario” le manifiesta “de manera categórica, firme y respetuosa” su total desacuerdo con la publicidad anticipada que éste le dio a su salvamento de voto.
Lo de “en solitario” y “de manera categórica, firme y respetuosa”, fueron las mismas frases utilizadas por Arjona en su decisión de no apoyar el fallo.
Arjona las utilizó en el párrafo final de su salvamento de voto y Cárdenas las incluye en el último párrafo de su carta.
El cordón umbilical de todas estas (y otras) actuaciones es la corrupción integradora, que es aquella que vincula a las personas y grupos en redes perdurables de intercambios y de intereses compartidos. Recordemos que la corrupción “constituye un modo de influencia que repugna a ciertas reglas que gobiernan la práctica democrática”. Observemos que en las actuaciones citadas de los órganos del Estado, el Pacto MAMI, o sea la participación y cohabitación de integrantes y representantes de los partidos de los arnulfistas y de los torrijistas es pública, pero también notoria.
Lo actuado en el Caso del Seguro Social, para mencionar solo uno, es el resultado de la desfachatez del Organo Ejecutivo en su dinámica de desmoralización social para ejercer el poder por el poder. Su desvergüenza y su cinismo están llevando de nuevo a implantar la ley del más fuerte y están legitimando a esos “señores del dinero”, que promueven solo la eficiencia y la productividad y no hablan de justicia ni de solidaridad.
En lo concerniente al Organo Judicial y su decisión sobre el caso de los “Afúdólares” y de los nombramientos de dos magistrados y sus suplentes gracias a dineros del proyecto CEMIS, es prudente tener presente -como referencia teórica- que Montesquieu concibió el Poder Judicial como garante del pacto entre el rey y la aristocracia; el juez como límite frente a las prerrogativas del soberano-legislador. Pero, exteriorizó también la preocupación por el riesgo de un posible ejercicio despótico del poder ímplicito en esa función.
Como en nuestra estructura jurídica no hay mecanismos para evitar el control del Ejecutivo sobre la actuación y la organización del Organo Judicial, el tráfico de influencias es cotidiano, así como el mandarinato judicial resulta incontrolable por parte de los ciudadanos. Por ello, no deja de decir verdad la señora Procuradora suplente cuando afirma que: “Resulta contradictorio con el pronunciamiento anterior de la Corte sobre este tema [caso CEMIS], que ahora se considere que los señores miembros de la Asamblea se encontraban gozando de inmunidad parlamentaria, y se ignore totalmente que para la fecha en que se inician las investigaciones la Asamblea Legislativa se encontraba dentro del período de receso...”.
En cuanto a la aprobación por parte del Organo Legislativo del Convenio Arias-Watts, cabe señalar que los acuerdos de impunidad no están permitidos por el Estatuto de Roma, que dicho convenio es ilegal e inconstitucional y es absolutamente inconsecuente con un sinnúmero de acuerdos y tratados internacionales de los que el Estado panameño es parte. Luego, lo actuado por los miembros de la Asamblea Legislativa -una vez más- está contra los principios elementales de un Estado de derecho, de la democracia, del derecho internacional y de los derechos humanos.
Tanta desfachatez de los representantes de los órganos del Estado nos debe llenar, como ciudadanos, de una gran vergüenza. Pero, ¿cree usted que a ellos les importa?
El magistrado Arjona en su salvamento de voto lamentó la decisión asumida por la mayoría de sus colegas con respecto a este escándalo.
"Francamente hubiera preferido que nuestra institución asumiera el desafío de hacer sentir su voz orientadora bien para castigar ejemplarmente a los responsables de los supuestos ilícitos o bien para exonerar con valentía y firmeza a los presuntos implicados", sostuvo el magistrado.
Destacó que con este fallo, la Corte se ha privado de la preciosa oportunidad de ocupar un lugar estelar en esta singular coyuntura de nuestro devenir republicano.
Luego de esta decisión, comentó Arjona, que infortunadamente enfrentará un clima de incomprensión y decepción, "mucho me temo que la nación no volverá a ser la misma".
Agregó que el tema atinente a la inmunidad parlamentaria pasará posiblemente a partir de hoy, por un áspero, desabrido y difícil cuestionamiento público, que tendrá que imponer beneficio de la salud institucional de la república, una reflexión generosa, madura y responsable de su alcance y razón de ser.
Este diario tuvo acceso a una carta enviada por Jacinto Cárdenas, magistrado ponente del fallo, a Adán Arjona, presidente de la Corte Suprema. Su contenido revela claramente el malestar de Cárdenas y el ambiente que reina en la máxima corporación de justicia.
Cárdenas expresa su desacuerdo con la decisión tomada por Arjona de “hacer llegar a los medios de comunicación su salvamento de voto del caso en mención...”.
Sostiene que el fallo se filtró a los medios antes de que el magistrado César Pereira Burgos y el secretario de la Corte, Carlos Cuestas, lo hubieran firmado. Indica que hasta tanto este trámite no se hubiera cumplido, el contenido del fallo podía ser modificado, pero con la “publicidad” del salvamento de voto de Arjona, esa posibilidad quedó descartada.
La carta fue enviada anteayer y en ella Cárdenas le recrimina al presidente de la Corte que aunque Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega no compartían el criterio de la mayoría, respetaron lo acordado en el pleno y no remitieron a los medios su salvamento.
En lo que pareciera un dejo de ironía, el ponente le dice a Arjona que “en solitario” le manifiesta “de manera categórica, firme y respetuosa” su total desacuerdo con la publicidad anticipada que éste le dio a su salvamento de voto.
Lo de “en solitario” y “de manera categórica, firme y respetuosa”, fueron las mismas frases utilizadas por Arjona en su decisión de no apoyar el fallo.
Arjona las utilizó en el párrafo final de su salvamento de voto y Cárdenas las incluye en el último párrafo de su carta.
