Las finanzas o la vida
El nuevo gobierno mostró durante la campaña electoral una elevada propensión a realizar promesas, las cuales de ser realizadas demandarían un incremento en la disponibilidad de recursos en manos del Ejecutivo y su efectivo gasto en su cumplimiento. Bajo ese argumento la nueva administración forzó, aún antes de tomar posesión, una modificación en las reglas institucionales vigentes con el fin de permitir elevar el déficit legal máximo desde el 1% al 2% del PIB. Esta operación, sin embargo, rápidamente colisionó los criterios del FMI, el que en un documento fechado el 13 de julio de 2009 señalaba que Panamá debería adherirse al criterio de un déficit fiscal no mayor del 1%.
Como era de esperarse, teniendo en cuenta la vinculación de las nóveles autoridades económicas con el mundo de las finanzas, el Gobierno rápidamente se plegó a esta exigencia, acomodando, aún cuando carece de una real política económica, sus directrices financieras a las exigencias del FMI. Esta situación se evidencia en el proyecto de presupuesto fiscal para el año 2010, cuyos supuestos fueron anunciados recientemente. Es así que, de acuerdo a declaraciones de las más altas autoridades financieras del país, dicho presupuesto llevaría a un déficit del 2% del PIB, aclarando de manera inmediata que en este calculo no se incluían los ingresos fiscales adicionales que generarían las reformas tributarias, dejando claro cual sería el objetivo de las mismas.
En efecto, de lo anterior se desprende que el objetivo de la reforma tributaria, a diferencia de las promesas de campaña, no es el de financiar un gasto público contracíclico destinado a paliar los efectos de la crisis internacional sobre el país, ni el de generar un gasto social ampliado guiado hacia la equidad social. Por el contrario, ahora queda claro que el objetivo básico de las reformas tributarias se centra en la urgencia que sienten las actuales autoridades económicas de cumplir con los designios del FMI, en su función de vocero de los intereses del capital financiero internacional.
Se trata, entonces, de una política que sacrifica el necesario gasto expansivo que llevaría a contrarrestar los efectos recesivos que sobre el empleo digno surgen de situaciones tan delicadas como los son una contracción de los nuevos créditos equivalentes al 11%, así como la declinación de las exportaciones de bienes en un 42%. También se trata de una política que, en flagrante contradicción con las promesas de campaña, reduce a un segundo plano la necesaria ampliación del gasto social destinado a los fines de la equidad.
Nos encontramos, a final de cuentas, frente a una política claramente antinacional, la cual acepta de manera acrítica y complaciente las imposiciones provenientes de los poderes económicos externos, la que, por ese mismo hecho, pospone las aspiraciones de una mejora en el nivel de vida de los sectores más desamparados. Nuevamente se hace evidente la necesidad de un efectivo cambio de rumbo en el país.
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