Las generaciones futuras
Son frecuentes los discursos políticos que se refieren al bienestar de la población y la importancia de proyectar esa condición en el tiempo para incluir a las generaciones futuras.
En los hijos y los hijos de los hijos descansará el futuro de Panamá. Una generación supone unos 30 años de vida continua, por lo que ese lapso transcurrió entre 1969 y el año pasado. No es necesario ahondar sobre la importancia que revisten los conocimientos, la información, la ciencia y la tecnología, la educación, la preservación ambiental y la sostenibilidad de las acciones, para alcanzar metas que cumplan aquel objetivo. Pero esto no es siempre posible por la falta de reconocimiento de la relación que existe entre esos aspectos fundamentales, y los intereses de gobiernos de turno celosos de imprimir sellos particulares a sus actividades independientemente de los méritos de ejecutorias previas. La falta de reconocimiento de la relación entre esos aspectos, y las ejecutorias susceptibles a ser reajustadas y adaptadas, para procurar continuidad y garantizar su mayor efectividad en el camino hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población presente y futura, interfieren con esta importante realidad.
Es cierto, y sobre esto existe un sinnúmero de experiencias, que la falta de continuidad y sostenibilidad de las acciones ha representado despilfarros crueles en las economías emergentes ; ha privado severamente a las mayorías de recibir atención a sus apremiantes necesidades socioeconómicas, a pesar de que son de obligatorio cumplimiento constitucional. En el caso particular de Panamá, un mismo gremio político gobernó al país por espacio de 26 de los últimos 30 años, con interrupción en el período 1990-94. Sin lugar a dudas esa continuidad político-administrativa, totalitaria durante 21 de los 26 años, ha marcado un período trascendente en nuestra historia.
Sin pretender ser exhaustivo sobre su trascendencia, es oportuno resaltar que, en lo económico, al principio de aquel período (1969), la deuda externa y pública juntas eran de un monto insignificante. Al final del mismo (agosto de 1999), la sola deuda externa había incrementado a B/ 5 mil millones y su amortización anual representaba el 20% del presupuesto nacional ; las condiciones de inopia afectaba al 40% de la población total, el desempleo 13% de la fuerza laboral y una elevada proporción de esa fuerza -integrada por niños- desempeñándose en la economía informal; muchas actividades económicas fueron colapsadas. Las privatizaciones, lejos de reducir los costos de servicios, han encarecido la luz eléctrica y el uso de los teléfonos. Son justificadas las dudas sobre el mejoramiento de la eficiencia y la productividad de las empresas respectivas y los reales beneficios económicos que representan para el país. Debido a las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico, muchas actividades han tenido que recurrir a la instalación de plantas propias, y a restringir el uso del teléfono o desistir del servicio. Todo ello sin menoscabo de los cambios de comportamientos sociales y culturales, que en definitiva han tenido y siguen teniendo sus efectos sobre el desarrollo nacional. Se estima que con un crecimiento económico sostenido del 6% anual será posible superar los rigores de la inopia entre unos 10 y 15 años. Por varios años durante aquel periódo (26 años), Panamá registraba o superaba ese nivel de crecimiento. No obstante, aquellos deterioros socioeconómicos revelan históricas debilidades en la programación y ejecución de las actividades de desarrollo. Estaban orientadas por políticas populistas primero y neoliberales durante sus últimos 5 años de gobierno. Eran de visión cortoplacista -en casos beneficiando actividades en perjuicio de los intereses públicos- lejos de reflejar experiencias estadísticas verificables y el concepto de sostenibilidad. Excepciones fueron las negociaciones exitosas en torno al Canal, que fueron estratégicas y sostenidas, con el apoyo nacional e internacional. Todo aquello refuerza la necesidad de instituir nuevos enfoques congruentes, teniendo presente que los recursos presupuestarios oficiales para inversiones sean limitados, y la participación del sector privado indispensable, para superar los males que retardan el progreso nacional.
Panamá ha adquirido compromisos internacionales mediante la suscripción de acuerdos para erradicar la pobreza, hacer sostenibles e integrales los esfuerzos, frenar la corrupción, y modernizar la administración pública. En un concierto globalizado este conjunto de compromisos conforma responsabilidades vitales, que exigen un conocimiento cabal de sus particularidades, para no caer en nuevas propuestas improvisadas. Las improvisaciones, enemigas de la meritoricracia, han sido causas de multimillonarios despilfarros, de dudosos resultados prácticos, y de facilitar actos de corrupción. El país tiene que proyectarse hacia el futuro, con el apoyo amplio de la comunidad nacional, para asegurar continuidad de las políticas, programas y proyectos, fundamentados en los parámetros mencionados antes. Para ello, dos tipos de insumos serán necesarios: los de las infraestructuras socioeconómicas y los legales y monetarios (incluye equipamiento). Los primeros tienen que seguir un orden prioritario, apoyados en la investigación, tienen que ser transparentes, contar con la participación popular y ejecutarse con disciplina, ética, y capacidad. Los segundos, la seguridad jurídica y los incentivos a las exportaciones, para estimular la participación del sector privado -interno y externo- de entidades no gubernamentales, de instituciones sin fines de lucro, de cooperativas, de la propia gente (esfuerzos y ahorros internos), y de la cooperación técnica y financiera de países amigos. De estas fuentes deben fluir las inversiones para generar empleos productivos, en áreas existentes y en nuevas donde podemos ser competitivos en el mecanismo de intercambio internacional. Este es un camino a explorar en el trayecto hacia la generación del nivel de crecimiento requerido para mejorar las condiciones de vida de la población de hoy y la de mañana.
Otro aspecto no menos importante es el de la corrupción, conducta perversa, conocida detractora de los esfuerzos de desarrollo. Comprende una variedad de formas que pugnan con la ética y la moral; abarca también las acciones violadoras de la Constitución y las leyes. Las prácticas corruptas son responsables de múltiples y variados tipos de injusticias, y por el desvío de cuantiosos recursos públicos para beneficiar a sus actores. La impunidad estimula más y mayores actos de corrupción. Es un círculo vicioso que puede invalidar objetivos, y la vigencia misma de políticas, programas y proyectos. Por la magnitud de los perjuicios que ocasiona, es preocupación seria de algunos gobiernos, de la comunidad de instituciones internacionales, y de otras fuentes potenciales de cooperación. De allí la urgencia de poner freno a esas prácticas, mediante la institucionalización de controles y la aplicación de sanciones severas, para eliminar los peligros que éstas conllevan para el bienestar presente y de las generacio es futuras, y para salvaguardar la buena reputación de Panamá como país serio y de respeto ante la comunidad internacional de naciones.
En los hijos y los hijos de los hijos descansará el futuro de Panamá. Una generación supone unos 30 años de vida continua, por lo que ese lapso transcurrió entre 1969 y el año pasado. No es necesario ahondar sobre la importancia que revisten los conocimientos, la información, la ciencia y la tecnología, la educación, la preservación ambiental y la sostenibilidad de las acciones, para alcanzar metas que cumplan aquel objetivo. Pero esto no es siempre posible por la falta de reconocimiento de la relación que existe entre esos aspectos fundamentales, y los intereses de gobiernos de turno celosos de imprimir sellos particulares a sus actividades independientemente de los méritos de ejecutorias previas. La falta de reconocimiento de la relación entre esos aspectos, y las ejecutorias susceptibles a ser reajustadas y adaptadas, para procurar continuidad y garantizar su mayor efectividad en el camino hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población presente y futura, interfieren con esta importante realidad.
Es cierto, y sobre esto existe un sinnúmero de experiencias, que la falta de continuidad y sostenibilidad de las acciones ha representado despilfarros crueles en las economías emergentes ; ha privado severamente a las mayorías de recibir atención a sus apremiantes necesidades socioeconómicas, a pesar de que son de obligatorio cumplimiento constitucional. En el caso particular de Panamá, un mismo gremio político gobernó al país por espacio de 26 de los últimos 30 años, con interrupción en el período 1990-94. Sin lugar a dudas esa continuidad político-administrativa, totalitaria durante 21 de los 26 años, ha marcado un período trascendente en nuestra historia.
Sin pretender ser exhaustivo sobre su trascendencia, es oportuno resaltar que, en lo económico, al principio de aquel período (1969), la deuda externa y pública juntas eran de un monto insignificante. Al final del mismo (agosto de 1999), la sola deuda externa había incrementado a B/ 5 mil millones y su amortización anual representaba el 20% del presupuesto nacional ; las condiciones de inopia afectaba al 40% de la población total, el desempleo 13% de la fuerza laboral y una elevada proporción de esa fuerza -integrada por niños- desempeñándose en la economía informal; muchas actividades económicas fueron colapsadas. Las privatizaciones, lejos de reducir los costos de servicios, han encarecido la luz eléctrica y el uso de los teléfonos. Son justificadas las dudas sobre el mejoramiento de la eficiencia y la productividad de las empresas respectivas y los reales beneficios económicos que representan para el país. Debido a las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico, muchas actividades han tenido que recurrir a la instalación de plantas propias, y a restringir el uso del teléfono o desistir del servicio. Todo ello sin menoscabo de los cambios de comportamientos sociales y culturales, que en definitiva han tenido y siguen teniendo sus efectos sobre el desarrollo nacional. Se estima que con un crecimiento económico sostenido del 6% anual será posible superar los rigores de la inopia entre unos 10 y 15 años. Por varios años durante aquel periódo (26 años), Panamá registraba o superaba ese nivel de crecimiento. No obstante, aquellos deterioros socioeconómicos revelan históricas debilidades en la programación y ejecución de las actividades de desarrollo. Estaban orientadas por políticas populistas primero y neoliberales durante sus últimos 5 años de gobierno. Eran de visión cortoplacista -en casos beneficiando actividades en perjuicio de los intereses públicos- lejos de reflejar experiencias estadísticas verificables y el concepto de sostenibilidad. Excepciones fueron las negociaciones exitosas en torno al Canal, que fueron estratégicas y sostenidas, con el apoyo nacional e internacional. Todo aquello refuerza la necesidad de instituir nuevos enfoques congruentes, teniendo presente que los recursos presupuestarios oficiales para inversiones sean limitados, y la participación del sector privado indispensable, para superar los males que retardan el progreso nacional.
Panamá ha adquirido compromisos internacionales mediante la suscripción de acuerdos para erradicar la pobreza, hacer sostenibles e integrales los esfuerzos, frenar la corrupción, y modernizar la administración pública. En un concierto globalizado este conjunto de compromisos conforma responsabilidades vitales, que exigen un conocimiento cabal de sus particularidades, para no caer en nuevas propuestas improvisadas. Las improvisaciones, enemigas de la meritoricracia, han sido causas de multimillonarios despilfarros, de dudosos resultados prácticos, y de facilitar actos de corrupción. El país tiene que proyectarse hacia el futuro, con el apoyo amplio de la comunidad nacional, para asegurar continuidad de las políticas, programas y proyectos, fundamentados en los parámetros mencionados antes. Para ello, dos tipos de insumos serán necesarios: los de las infraestructuras socioeconómicas y los legales y monetarios (incluye equipamiento). Los primeros tienen que seguir un orden prioritario, apoyados en la investigación, tienen que ser transparentes, contar con la participación popular y ejecutarse con disciplina, ética, y capacidad. Los segundos, la seguridad jurídica y los incentivos a las exportaciones, para estimular la participación del sector privado -interno y externo- de entidades no gubernamentales, de instituciones sin fines de lucro, de cooperativas, de la propia gente (esfuerzos y ahorros internos), y de la cooperación técnica y financiera de países amigos. De estas fuentes deben fluir las inversiones para generar empleos productivos, en áreas existentes y en nuevas donde podemos ser competitivos en el mecanismo de intercambio internacional. Este es un camino a explorar en el trayecto hacia la generación del nivel de crecimiento requerido para mejorar las condiciones de vida de la población de hoy y la de mañana.
Otro aspecto no menos importante es el de la corrupción, conducta perversa, conocida detractora de los esfuerzos de desarrollo. Comprende una variedad de formas que pugnan con la ética y la moral; abarca también las acciones violadoras de la Constitución y las leyes. Las prácticas corruptas son responsables de múltiples y variados tipos de injusticias, y por el desvío de cuantiosos recursos públicos para beneficiar a sus actores. La impunidad estimula más y mayores actos de corrupción. Es un círculo vicioso que puede invalidar objetivos, y la vigencia misma de políticas, programas y proyectos. Por la magnitud de los perjuicios que ocasiona, es preocupación seria de algunos gobiernos, de la comunidad de instituciones internacionales, y de otras fuentes potenciales de cooperación. De allí la urgencia de poner freno a esas prácticas, mediante la institucionalización de controles y la aplicación de sanciones severas, para eliminar los peligros que éstas conllevan para el bienestar presente y de las generacio es futuras, y para salvaguardar la buena reputación de Panamá como país serio y de respeto ante la comunidad internacional de naciones.
