Las islas y costas no se venden, se titulan
El proyecto de ley No. 459 originalmente presentado por el HL Freidi Torres ante la Asamblea Nacional tenía como objetivo eliminar la mora e injusticia que se ha cometido con personas que tienen sus casas, cultivos, o de otra forma trabajan u ocupan tierras en islas, costas y áreas protegidas, dándole a la Reforma Agraria la autoridad para titular la tierra al mismo precio que en tierra firme.
Sin embargo, una enmienda introducida por la Dirección Nacional de Catastro alteró el sentido original, introduciendo cambios materiales que le permite a Catastro vender tierras estatales baldías que no están ocupadas por personas con derechos posesorios a precios pactados en un tabla que ellos han introducido. Nosotros nos oponemos a que se mezcle una ley que busca hacer justicia con los legítimos tenedores de derechos posesorios con una ley para vender las tierras del Estado.
Con relación a las tierras con derechos posesorios, es injusto que se cobre más de un precio simbólico por el tramite de titulación por varias razones. Primero, actualmente, los gobiernos sólo cobran $6 la hectárea por titular los derechos posesorios en tierra firme; los habitantes de islas, costas y áreas protegidas no son ciudadanos de segunda clase y por ende deben tener los mismos derechos que el resto de los panameños. Segundo, el gobierno no le "vende" la tierra al que tiene derechos posesorios, simplemente inscribe su título en el Registro de la Propiedad. La tierra ocupada por una persona, familia o comunidad, le pertenece al que la ocupa y la trabaja, y no al Estado, ya que la propiedad es un derecho humano que nace del dominio con ánimo de dueño sobre un bien mueble o inmueble y no de la voluntad de un gobierno, y mucho menos de un registro.
Tercero, es injusto que miles de personas de escasos recursos que viven en islas y costas del país por muchos años, tengan que pagar por ella como si no fueran sus dueños. La mayoría de esas personas no tienen la capacidad económica para pagar lo que el gobierno pide, y por tanto están sujetos a seguir sufriendo inseguridad jurídica, amenazas y desalojos.
Cuarto, la política del MEF impide el proceso de titulación masiva vía el Programa Nacional de la Tierra (PRONAT), ya que el gobierno tiene que otorgar aproximadamente 40,000 títulos en las costas e islas. Si hay que hacer un avalúo de cada predio, aquí estaremos veinte años titulando.
Por último, el verdadero beneficio para el gobierno de la titulación proviene no de la venta de los derechos posesorios a su dueño, sino de los impuestos de inmuebles, municipales, ganancias de capitales, y otros generados por las actividades económicas al titular la tierra. Irónicamente, con la política actual, el gobierno no logra ni vender tierras, ni cobrar impuestos.
Espero que los panameños entiendan la importancia de esta ley para el país y especialmente para los más pobres, apoyen la parte que crea justicia, y rechacen la que puede convertirse en un botín económico para los gobernantes.
