Las Juntas Educativas Regionales
La considerada por los educadores nefasta Ley 28 del 1 de agosto de 1997, creó entre otras cosas, las Juntas Educativas Regionales, organismos estos que si bien tienen funciones claras y definidas, consideramos adolecen de la determinación y disposición para encarar con éxito algunas tareas fundamentales del proceso educativo, como son por ejemplo, la labor que conjuntamente con el Ministerio de Educación deben planificar y ejecutar para prevenir los embarazos en adolescentes escolares de manera que se pueda crear mayor conciencia de responsabilidad entre nuestros hijos, así como también sentar las bases y condiciones para un mejor entendimiento, respeto y comunicación armoniosa entre las Asociaciones de Padres de Familia y el docente, al igual que urgir a las altas autoridades ministeriales para que establezcan los parámetros que permitan la rápida y justa selección y nombramiento de los educadores, para que al inicio de cada año escolar, todos los docentes estén en sus puestos de trabajo.
Sobre esto último hay que señalar que a unos días del inicio de labores escolares, solamente se ha hecho efectiva una vuelta de traslados restando dos, según el artículo 53 del Decreto 203 del 27 de septiembre de 1998. En consecuencia, mientras no se termine con el proceso de traslados, no se puede pensar en abrir el concurso de nombramientos. Nos preguntamos entonces, ¿está el gobierno de turno respetando el Pacto adquirido sobre al cacareado Plan Decenal de Modernización de la Educación o se trata solo de un proyecto retardatario?
Conceptuamos que ésta, dicha propuesta, no ha sido más que un mamotreto político elaborado y dirigido a vender falazmente la idea de que se requería de diez años para llevar a efecto la ejecución de un plan que ha demostrado estar huérfano de verdaderas y positivas metas y por ende, siguiendo el esquema, se hacía necesaria la reelección presidencial para completarlo. Por lo tanto, somos de la opinión de que el gobierno que se instaure en septiembre de este año deberá abolirlo en su totalidad y darle cabida al elaborado por la Comisión Coordinadora Nacional de la Educación.
Por otra parte, somos consecuentes con el hecho de que la interacción de todos lo componentes de la Comunidad Educativa en la transformación y reordenamiento del proceso enseñanza - aprendizaje resultan altamente beneficiosos para ofrecer al país una educación de alta calidad. Creemos por tanto que se hace necesario determinar la responsabilidad y competencia que le cabe a cada uno de tales componentes, sin perder de vista el objetivo común por el que están integrados, cual es, la gestión educativa.
Nos referimos específicamente a la delicada tarea de selección del docente, que según el parágrafo del artículo 267 de la Ley No. 34 de julio de 1995, establece que "la selección del docente se realizará mediante concurso público de méritos y créditos".
Ello significa, que actualmente son en las Juntas Educativas Regionales en donde se seleccionan los educadores a través de ternas, pudiéndose dar casos en que por estar involucrados en dicha escogencia, sectores políticos partidistas e integrantes de las Juntas, que no son precisamente idóneos para llevar a cabo tal selección, ésta se efectúe, no en función del docente con mejor preparación académica, sino en base a su afiliación política partidista, lo cual iría en desmedro de la calidad de la enseñanza y por lo tanto de una adecuada formación del educando.
Se destaca otro hecho, cual es el que como cada Junta tiene su jurisdicción (Provincia), existirá la tendencia a favorecer en la terna, quedando automáticamente descalificado el de más alto puntaje por la razón de ser un aspirante de otra provincia o región, no siendo aquel un nombramiento legítimo dentro de los niveles de competitividad y de peso, violentándose la Ley 34 en su artículo 267.
En tal virtud, se hace necesario cambiar la mecánica selectiva, para que sea la acreditación del docente la que prevalezca en el proceso y no su adherencia política-partidista.
Sobre esto último hay que señalar que a unos días del inicio de labores escolares, solamente se ha hecho efectiva una vuelta de traslados restando dos, según el artículo 53 del Decreto 203 del 27 de septiembre de 1998. En consecuencia, mientras no se termine con el proceso de traslados, no se puede pensar en abrir el concurso de nombramientos. Nos preguntamos entonces, ¿está el gobierno de turno respetando el Pacto adquirido sobre al cacareado Plan Decenal de Modernización de la Educación o se trata solo de un proyecto retardatario?
Conceptuamos que ésta, dicha propuesta, no ha sido más que un mamotreto político elaborado y dirigido a vender falazmente la idea de que se requería de diez años para llevar a efecto la ejecución de un plan que ha demostrado estar huérfano de verdaderas y positivas metas y por ende, siguiendo el esquema, se hacía necesaria la reelección presidencial para completarlo. Por lo tanto, somos de la opinión de que el gobierno que se instaure en septiembre de este año deberá abolirlo en su totalidad y darle cabida al elaborado por la Comisión Coordinadora Nacional de la Educación.
Por otra parte, somos consecuentes con el hecho de que la interacción de todos lo componentes de la Comunidad Educativa en la transformación y reordenamiento del proceso enseñanza - aprendizaje resultan altamente beneficiosos para ofrecer al país una educación de alta calidad. Creemos por tanto que se hace necesario determinar la responsabilidad y competencia que le cabe a cada uno de tales componentes, sin perder de vista el objetivo común por el que están integrados, cual es, la gestión educativa.
Nos referimos específicamente a la delicada tarea de selección del docente, que según el parágrafo del artículo 267 de la Ley No. 34 de julio de 1995, establece que "la selección del docente se realizará mediante concurso público de méritos y créditos".
Ello significa, que actualmente son en las Juntas Educativas Regionales en donde se seleccionan los educadores a través de ternas, pudiéndose dar casos en que por estar involucrados en dicha escogencia, sectores políticos partidistas e integrantes de las Juntas, que no son precisamente idóneos para llevar a cabo tal selección, ésta se efectúe, no en función del docente con mejor preparación académica, sino en base a su afiliación política partidista, lo cual iría en desmedro de la calidad de la enseñanza y por lo tanto de una adecuada formación del educando.
Se destaca otro hecho, cual es el que como cada Junta tiene su jurisdicción (Provincia), existirá la tendencia a favorecer en la terna, quedando automáticamente descalificado el de más alto puntaje por la razón de ser un aspirante de otra provincia o región, no siendo aquel un nombramiento legítimo dentro de los niveles de competitividad y de peso, violentándose la Ley 34 en su artículo 267.
En tal virtud, se hace necesario cambiar la mecánica selectiva, para que sea la acreditación del docente la que prevalezca en el proceso y no su adherencia política-partidista.
