Las leyes antinatura de Mireya
CUANDO MIREYA Moscoso inició su fatídico mandato existía un cuerpo de leyes destinado a cumplir con la obligación gubernativa de "garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana". Estas leyes, llamadas ambientales, fueron concebidas para detener la depredación de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, porque sólo adoptándose estas medidas de preservación y de renovación de los recursos naturales podrá garantizarse un desarrollo sostenible que beneficie a todos.
El Art. 46 de la Constitución dice: "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida de la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social". Y esto viene a colación porque la auténtica personalidad de la ex mandataria se puso al descubierto cuando, en vez de elaborar nuevas leyes o reglamentos a favor del ambiente, se dio a la inconstitucional y siniestra tarea de modificar las ya existentes, de manera que el interés público, de la colectividad y de la vida, se supeditara sine die a las ambiciones desmedidas e irracionales de sus socios, allegados y protegidos.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la ANAM fue la principal víctima de este desbarro antinatural. ¿Por qué? Porque transgrediendo las normas, la entonces inquilina del palacio de las farsas se dedicó a destruir o a modificar las leyes de orden público e interés social del SINAP para que dentro de las áreas protegidas sus socios, amigos o allegados pudieran realizar proyectos económicos que atentan contra la existencia de las pocas áreas protegidas que hay en el país, agites intrépidos que contrarian los principios básicos de la política ambiental del Estado.
Está bien que el Consejo de Gabinete haya derogado el Decreto Ejecutivo 107 de 13 de Nov. de 2003 que permitía construir un "camino ecológico" entre Boquete y Cerro Punta. Pero esta acción, aunque plausible, es tardía y no pone fin al nefasto legado antinatural de doña Mireya. Es necesario que se derogue, entre otros, el Decreto Ejecutivo No. 15 de 27 de Feb. de 2003 que modificó los linderos del Refugio de Vida Silvestre La Barqueta, en Alanje, para que un hotel privado perteneciente a una familia allegada a palacio quedara fuera de los límites de este refugio, lex simulata que también excluyó al Comité Ambiental de Alanje (CAA) de la zona pública privatizada y de la protección de la tortuga marina.
La gente ordinaria -del gobierno o de la sociedad civil- no entiende de ambiente ni de desarrollo sostenible ni de proteger animales en detrimento de la "empleomanía" (palabra erráticamente utilizada como sinónimo de generación de empleos) o de inversiones millonarias. Lo cierto es que el bienestar de las presentes y futuras generaciones depende más de la gente concienciada, de la protección del ambiente y de un desarrollo sostenible, aunque modesto, que de estas inversiones millonarias que hoy se realizan, con la complicidad de gente insensata, violentándose del orden jurídico y destruyéndose nuestro patrimonio natural.
Este nefasto legado antijurídico y antinatural debe derogarse inmediatamente porque, entre otras cosas, ningún gobierno serio debe avalar la impunidad que a existe, para citar un caso aislado, en la playa La Barqueta: hoteles privados segregados de áreas protegidas, solicitudes de adjudicación a título privado de tierras que pertenecen al Refugio de Vida Silvestre (tres casos se tramitan ante la Reforma Agraria), edificaciones privadas y venta de lotes a extranjeros en la servidumbre de playa, alambradas, guardias armados y especialmente funcionarios complacientes que en vez de investigar estas anomalías se convierten en defensores taimados de las mismas.
(samudio@cwpanama.net)
El Art. 46 de la Constitución dice: "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida de la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social". Y esto viene a colación porque la auténtica personalidad de la ex mandataria se puso al descubierto cuando, en vez de elaborar nuevas leyes o reglamentos a favor del ambiente, se dio a la inconstitucional y siniestra tarea de modificar las ya existentes, de manera que el interés público, de la colectividad y de la vida, se supeditara sine die a las ambiciones desmedidas e irracionales de sus socios, allegados y protegidos.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la ANAM fue la principal víctima de este desbarro antinatural. ¿Por qué? Porque transgrediendo las normas, la entonces inquilina del palacio de las farsas se dedicó a destruir o a modificar las leyes de orden público e interés social del SINAP para que dentro de las áreas protegidas sus socios, amigos o allegados pudieran realizar proyectos económicos que atentan contra la existencia de las pocas áreas protegidas que hay en el país, agites intrépidos que contrarian los principios básicos de la política ambiental del Estado.
Está bien que el Consejo de Gabinete haya derogado el Decreto Ejecutivo 107 de 13 de Nov. de 2003 que permitía construir un "camino ecológico" entre Boquete y Cerro Punta. Pero esta acción, aunque plausible, es tardía y no pone fin al nefasto legado antinatural de doña Mireya. Es necesario que se derogue, entre otros, el Decreto Ejecutivo No. 15 de 27 de Feb. de 2003 que modificó los linderos del Refugio de Vida Silvestre La Barqueta, en Alanje, para que un hotel privado perteneciente a una familia allegada a palacio quedara fuera de los límites de este refugio, lex simulata que también excluyó al Comité Ambiental de Alanje (CAA) de la zona pública privatizada y de la protección de la tortuga marina.
La gente ordinaria -del gobierno o de la sociedad civil- no entiende de ambiente ni de desarrollo sostenible ni de proteger animales en detrimento de la "empleomanía" (palabra erráticamente utilizada como sinónimo de generación de empleos) o de inversiones millonarias. Lo cierto es que el bienestar de las presentes y futuras generaciones depende más de la gente concienciada, de la protección del ambiente y de un desarrollo sostenible, aunque modesto, que de estas inversiones millonarias que hoy se realizan, con la complicidad de gente insensata, violentándose del orden jurídico y destruyéndose nuestro patrimonio natural.
Este nefasto legado antijurídico y antinatural debe derogarse inmediatamente porque, entre otras cosas, ningún gobierno serio debe avalar la impunidad que a existe, para citar un caso aislado, en la playa La Barqueta: hoteles privados segregados de áreas protegidas, solicitudes de adjudicación a título privado de tierras que pertenecen al Refugio de Vida Silvestre (tres casos se tramitan ante la Reforma Agraria), edificaciones privadas y venta de lotes a extranjeros en la servidumbre de playa, alambradas, guardias armados y especialmente funcionarios complacientes que en vez de investigar estas anomalías se convierten en defensores taimados de las mismas.
(samudio@cwpanama.net)
