Las mañas del lobo del hombre
"Estados Unidos ha firmado la declaración de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), pero no sus disposiciones ni recomendaciones". Charles Rangel
LA MÁS angustiante faceta urgida de solución es la carencia económica de la pobreza; es decir, no tener dinero suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte, salud y educación. Es un tema que ya hemos tratado anteriormente y cuya razón principal proviene de la mala distribución de la riqueza, mejor dicho, de la falta de inversión social, privada y pública, que garantice igualdad de oportunidades y una remuneración justa sin distinción de género. Dicho de otra manera: acceso al trabajo con igual remuneración por igual tarea.
Pero existe otro nivel de carencias que si bien están relacionadas con la pobreza económica, la condiciona, precipita y perpetúa. Se trata de una serie de situaciones políticas y sociales que agrupadas, como en un frente de batalla, están dispuestas a exterminar la convivencia pacífica de la sociedad.
En nuestra región el sistema político predominante es la democracia republicana. El Estado en una república está conformado por un territorio geográfico determinado donde los ciudadanos -la población que elige y son elegidos- ejercen su soberanía a través de un gobierno de tres poderes que practican por medio de sus representantes. De modo que Estado no es sinónimo de gobierno como muchos creen o simplifican. Estado somos todos, gobierno y ciudadanos, cada cual en su rol y con sus propias responsabilidades.
El Banco Mundial ha presentado un informe titulado "Las Voces de la Pobreza". En él se indica que una de las causas principales de los países pobres es el Estado ausente o ineficaz. Esto es, que no existan medios, organización, conciencia o educación cívica en la población para escoger libre o eficientemente su forma de gobierno y que éste no tenga la capacidad o autoridad suficiente para resolver problemas; es decir, que sea políticamente incapaz, corrupto o ineficiente.
A menudo se le achaca al gobierno de turno y por ende erróneamente al Estado, un exceso de control o de autoridad o de competencia con la iniciativa privada. La corriente ideológica que propugna por un Estado mínimo, es decir un sistema de gobierno que respetando la propiedad privada, deje en libertad la iniciativa individual y no interfiera en las leyes naturales del mercado y que provea a éste de un marco protector; es la llamada corriente neoliberal, en contraposición con la liberal ortodoxa o clásica que sostiene la prescindencia absoluta del Estado. Por otro lado, en los escasísimos países con sistemas de gobierno comunistas (con la liberalización China sólo quedan Cuba y Corea del Norte) el sistema prohíbe o condiciona la propiedad privada y la libertad de comerciar. Los medios de producción pertenecen o están bajo el control del Estado, responsable absoluto de administrar y proveer las necesidades de la población.
Ni el Estado ausente o mínimo, ni el totalitario son capaces de satisfacer estas necesidades porque en la naturaleza humana coexisten la competencia y el poder. Ambas, dejadas en libertad o sometidas, llevan indefectiblemente al monopolio o al exterminio.
La epidemia neoliberal de privatizaciones realizadas a legislación batiente en la región durante los años ´90 ha dejado un tendal de pobres y algunos pocos ricos más ricos, gran parte, extranjeros y políticos. La igualdad económica y social no puede existir, pues la capacidad individual física o intelectual para llevar a cabo su tarea no está uniformemente distribuida en la naturaleza humana. De allí que haya individuos que en su campo tienen mayor o menor posibilidades de progresar que otros. El rendimiento en la producción por su trabajo también será distinto. Sin embargo, todo individuo debe tener la oportunidad de demostrar sus muchas o pocas habilidades y de recibir una participación justa y proporcional de los beneficios a los que contribuye con su labor.
No es éticamente admisible que en un reparto justo del trabajo un CEO de una empresa, por más títulos que tenga, gane cien veces o más que el promedio de sus subordinados. Tampoco es justo ni conveniente que un profesional gane lo mismo que alguien que no lo es o cuya tarea tenga menos responsabilidad social, como es el caso de los artistas y deportistas o de los científicos y maestros. Ni que un empresario que produce bienes y trabajo obtenga menos beneficios que el que sólo le presta dinero o especula con las acciones de la empresa. Sin embargo, el Estado, para cumplir las normas del sistema, tiene la obligación de proveer un mínimo de oportunidades de justicia, educación, salud y seguridad para que el tejido social no se rompa y logre, bajo su dirección, una extensión más uniforme y una trama social con menos huecos por donde se escapen las malas mañas.
En una república organizada son los ciudadanos los que deben controlar al Estado y éste es el que debe vigilar que en las relaciones entre sus gobernados no haya abusos, injusticia o engaño. La justicia social es el medio más eficaz para lograr el progreso económico y no debería implementarse por miedo o para evitar gobiernos populistas o indeseados. Debe partir de su propio concepto: la igualdad de oportunidades. Esas oportunidades, de salud, educación, seguridad, trabajo, progreso y desarrollo son obligaciones éticas de toda sociedad culta y madura que el Estado debe promover o, en su defecto, proveerlas corrigiendo los vicios que impidan su realización.
LA MÁS angustiante faceta urgida de solución es la carencia económica de la pobreza; es decir, no tener dinero suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte, salud y educación. Es un tema que ya hemos tratado anteriormente y cuya razón principal proviene de la mala distribución de la riqueza, mejor dicho, de la falta de inversión social, privada y pública, que garantice igualdad de oportunidades y una remuneración justa sin distinción de género. Dicho de otra manera: acceso al trabajo con igual remuneración por igual tarea.
Pero existe otro nivel de carencias que si bien están relacionadas con la pobreza económica, la condiciona, precipita y perpetúa. Se trata de una serie de situaciones políticas y sociales que agrupadas, como en un frente de batalla, están dispuestas a exterminar la convivencia pacífica de la sociedad.
En nuestra región el sistema político predominante es la democracia republicana. El Estado en una república está conformado por un territorio geográfico determinado donde los ciudadanos -la población que elige y son elegidos- ejercen su soberanía a través de un gobierno de tres poderes que practican por medio de sus representantes. De modo que Estado no es sinónimo de gobierno como muchos creen o simplifican. Estado somos todos, gobierno y ciudadanos, cada cual en su rol y con sus propias responsabilidades.
El Banco Mundial ha presentado un informe titulado "Las Voces de la Pobreza". En él se indica que una de las causas principales de los países pobres es el Estado ausente o ineficaz. Esto es, que no existan medios, organización, conciencia o educación cívica en la población para escoger libre o eficientemente su forma de gobierno y que éste no tenga la capacidad o autoridad suficiente para resolver problemas; es decir, que sea políticamente incapaz, corrupto o ineficiente.
A menudo se le achaca al gobierno de turno y por ende erróneamente al Estado, un exceso de control o de autoridad o de competencia con la iniciativa privada. La corriente ideológica que propugna por un Estado mínimo, es decir un sistema de gobierno que respetando la propiedad privada, deje en libertad la iniciativa individual y no interfiera en las leyes naturales del mercado y que provea a éste de un marco protector; es la llamada corriente neoliberal, en contraposición con la liberal ortodoxa o clásica que sostiene la prescindencia absoluta del Estado. Por otro lado, en los escasísimos países con sistemas de gobierno comunistas (con la liberalización China sólo quedan Cuba y Corea del Norte) el sistema prohíbe o condiciona la propiedad privada y la libertad de comerciar. Los medios de producción pertenecen o están bajo el control del Estado, responsable absoluto de administrar y proveer las necesidades de la población.
Ni el Estado ausente o mínimo, ni el totalitario son capaces de satisfacer estas necesidades porque en la naturaleza humana coexisten la competencia y el poder. Ambas, dejadas en libertad o sometidas, llevan indefectiblemente al monopolio o al exterminio.
La epidemia neoliberal de privatizaciones realizadas a legislación batiente en la región durante los años ´90 ha dejado un tendal de pobres y algunos pocos ricos más ricos, gran parte, extranjeros y políticos. La igualdad económica y social no puede existir, pues la capacidad individual física o intelectual para llevar a cabo su tarea no está uniformemente distribuida en la naturaleza humana. De allí que haya individuos que en su campo tienen mayor o menor posibilidades de progresar que otros. El rendimiento en la producción por su trabajo también será distinto. Sin embargo, todo individuo debe tener la oportunidad de demostrar sus muchas o pocas habilidades y de recibir una participación justa y proporcional de los beneficios a los que contribuye con su labor.
No es éticamente admisible que en un reparto justo del trabajo un CEO de una empresa, por más títulos que tenga, gane cien veces o más que el promedio de sus subordinados. Tampoco es justo ni conveniente que un profesional gane lo mismo que alguien que no lo es o cuya tarea tenga menos responsabilidad social, como es el caso de los artistas y deportistas o de los científicos y maestros. Ni que un empresario que produce bienes y trabajo obtenga menos beneficios que el que sólo le presta dinero o especula con las acciones de la empresa. Sin embargo, el Estado, para cumplir las normas del sistema, tiene la obligación de proveer un mínimo de oportunidades de justicia, educación, salud y seguridad para que el tejido social no se rompa y logre, bajo su dirección, una extensión más uniforme y una trama social con menos huecos por donde se escapen las malas mañas.
En una república organizada son los ciudadanos los que deben controlar al Estado y éste es el que debe vigilar que en las relaciones entre sus gobernados no haya abusos, injusticia o engaño. La justicia social es el medio más eficaz para lograr el progreso económico y no debería implementarse por miedo o para evitar gobiernos populistas o indeseados. Debe partir de su propio concepto: la igualdad de oportunidades. Esas oportunidades, de salud, educación, seguridad, trabajo, progreso y desarrollo son obligaciones éticas de toda sociedad culta y madura que el Estado debe promover o, en su defecto, proveerlas corrigiendo los vicios que impidan su realización.
